La derrota de los secesionistas

  Memorando para la Asamblea Constituyente
 
René Báez
ALAI AMLATINA, Quito.- El mayor obstáculo a la mundialización del capitalismo –fenómeno conocido por sus críticos como
globalización corporativa o “globocolonización”- deriva de la existencia de estados nacionales, con sus inherentes sistemas de
   protección. Para vulnerar tales sistemas, la lumpengranburguesía planetaria no se ha dado abasto en desmontar la institucionalidad
de los países periféricos, contando con la invaluable cooperación de sus peones criollos y en un operativo cabalmente tipificado como
de “desnacionalización de los estados nacionales”. (Ander-Egg)
Concretamente, y a pretexto de crear condiciones favorables para la inversión extranjera, ha presionado por la firma de tratados de “libre
comercio”, la reducción de las tarifas arancelarias y paraarancelarias, la eliminación de regímenes diferenciales al capital foráneo, la
supresión de leyes sobre expropiaciones y nacionalizaciones, el debilitamiento de las empresas públicas, la flexibilización
(“flexplotación”) laboral.
Estas políticas de inspiración liberal dieciochesca han tenido el efecto de socavar a los estados del subcontinente en su condición de piezas
claves para sustentar proyectos de corte nacionalista y latinoamericanista (alterglobalizadores),  como la Alternativa
Bolivariana para la Américas (ALBA) al cual han adherido hasta ahora Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Para las potencias o subpotencias –llámense Estados Unidos, Unión Europea o el flamante eje Brasil-Rusia-India-China (BRIC)- la fractura
de los estados periféricos, aparte de mantener en vigor la vieja divisa romana del divide et impera, cumple los propósitos de facilitar el
“engullimiento” por sus conglomerados de los recursos de distinta índole localizados en nuestros países y fomentar su endeudamiento. Expuesto en
otros términos, a través de la fragmentación y privatización de la soberanía de nuestros estados, lo que se busca es radicalizar el “modelo
de acumulación por desposesión” (Samir Amin), ese capitalismo de rapiña que en tiempos recientes ha desembocado en la liquidación de Yugoslavia
y en la ocupación militar de Afganistán e Iraq. Y que, en su proyección andina, presiona por el desgajamiento del departamento petrolero del
Zulia en Venezuela, Loreto en Perú, Santa Cruz y otros en Bolivia y, particularmente, de la provincia del Guayas en Ecuador.
La cruzada contra las soberanías andinas tiene como su cuartel general a la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional
(CONFILAR, también conocida como la Internacional Latinoamericana para la Balcanización), fundada en Guayaquil en un cónclave realizado el 2006.
La “Ley Nebot-Moncayo”
En el caso ecuatoriano, la derecha tradicional –la denominada “partidocracia”- ha venido impulsando el “modelo autonómico”, con la asesoría de agencias multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, desde los tiempos de Sixto Durán y el “mago” Alberto Dahik , en la
perspectiva de profundizar la articulación del país a la denominada nueva división internacional del trabajo y satisfacer las ambiciones de caciques de visión comarcana interesados en participar a como dé lugar de los dividendos y comisiones que generarían nuevas olas de privatizaciones (biodiversidad, minerales, petróleo, gas, agua, oxígeno).
Las propuestas “autonómicas” exhiben como su principal argumento la crítica del “Estado centralista”, concepto bajo el cual sectores oligárquicos y filoimperialistas, respaldados por la Gran Prensa, pretenden mimetizar tanto la impotencia histórica de las clases dominantes nativas -costeñas y serranas- para diseñar e instrumentar un proyecto nacional y democrático, como los devastadores impactos de los ajustes y reformas neoliberales de cuño fondomonetarista.
El año 2006, los fervores autonomistas/secesionistas cristalizaron en el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico formulado con asesoría española por los alcaldes de Guayaquil y Quito, Jaime Nebot y Paco Moncayo, y remitido al Congreso por el ex presidente Alfredo Palacio.
Reveses para los separatistas: las provincializaciones de Santo Domingo y Santa Elena y la Ley Tributaria. Luego de la humillante derrota de su tesis contraria a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, en el plebiscito del pasado abril, la derecha tradicional volvió a la carga contra el Estado unitario impulsando una consulta que debía cumplirse en la provincia del Guayas
el 30 de septiembre, paralelamente a la elección de diputados asambleístas. El promotor de la misma fue el socialcristiano Nebot Saadi, figura visible de la oposición conservadora al régimen de Rafael Correa.
La sesgada consulta tenía como propósito medular “blindar” a la jurisdicción guayasense de los vientos nacionalistas y bolivarianos que recorren por estas latitudes impulsados por el ALBA. Bloqueado el recurso por diferencias tácticas con el PRIAN, el partido del magnate Álvaro Noboa, el test nebotcista, con eje en la demanda de gobiernos autonómicos cantonales y/o provinciales, quedó aplazado sine die.
Decisión que habría incidido en los resultados de los comicios septembrinos, cuando el oficialista Acuerdo País logró 80 de las 130 
bancas en disputa.
El naufragio de las tiendas políticas de la vieja derecha febres/borjista/hurtadista determinó, por un lado, que el establecimiento neoliberal
aparezca representado en la recién instalada Asamblea Constituyente, reunida desde fines de noviembre en Montecristi (Manabí), con partidos
de la calaña del PRIAN y del paramilitar “Sociedad Patriótica”, y por otro, el archivo –al menos circunstancial- del “proyecto de los alcaldes”.
Esto último en razón de las aprobaciones por parte del moribundo Congreso y por el Ejecutivo de las provincializaciones de Santo Domingo de
los Tsáchilas y Santa Elena, jurisdicciones conformadas con cantones marginalizados por las administraciones plutocráticas de Pichincha y Guayas.
Abocada a estas legales descentralizaciones administrativas –provincializaciones “guacharnacas”, para sus detractores- la debilitada
derecha no atinó inmediatamente defensa alguna, salvo la tremendista declaratoria por parte de Nebot de una “guerra cívica” a librarse entre
“los que pocos que odian a Guayaquil y los muchos que la queremos” (¿?).
El tiro les salió por la culata, comentaría cáusticamente el hombre de la calle.
Y no solo eso. Los campeones del separatismo fueron denunciados por Carondelet como “atracadores” de los recursos públicos y por convertir a
sus feudos municipales en auténticas cortes de los Milagros.
Malos tiempos para los separatistas. La reciente aprobación por parte de la Asamblea Constituyente de la polémica Ley de Equidad Tributaria,
normativa que, entre otras cosas, eliminaría del presupuesto general las preasignaciones destinadas a los gobiernos seccionales, así como el
inminente trámite en la Asamblea de una ley que pondría en cintura a unas 20 mil fundaciones/corporaciones y ONGs –la mayoría de ellas
beneficiarias impúdicas de erogaciones fiscales-, significan otros tantos reveses para los zapadores del Estado unitario.
P.D.- Por cierto, los riesgos para la soberanía nacional no se han disipado del todo. Y no solo porque Nebot y sus amiguetes no descartan
“bolivianizar” al Ecuador a través de operativos de desobediencia civil, sino también porque incongruencias del gobierno correísta en distintas
esferas –entre ellas la correspondiente a la explotación de recursos energéticos y mineros- podrían mellar las convicciones y la voluntad de
las fuerzas nacionalistas, democráticas y latinoamericanistas de estas latitudes.
* Texto completo en: http://alainet.org/active/21550
- René Báez, economista ecuatoriano, es catedrático universitario,
Premio Nacional de Economía y miembro de la International Writers
Association.
Más información: http://alainet.org
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