Dramáticos testimonios confirman que en Alto Parapetí guaraníes son esclavizados.
Desgarradores testimonios de guaraníes han confirmado este domingo que en pleno siglo XXI ganaderos latifundistas de Alto Parapetí, de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, los someten y esclavizan sin contemplación en esa región del Chaco boliviano.
A eso responde, dijeron muchos guaraníes, la negativa de los ganaderos a que el Instituto de Reforma Agraria (INRA) ingrese a esa región para realizar el saneamiento de tierras, para evitar que se descubran que existen comunidades cautivas donde sus habitantes son sometidos a presiones psicológicas y físicas a cambio de alimento y algo de ropa usada.
"Cuando alguien reclama a fuerza de látigo nos hacen callar, cuando alguien se escapa también recibe látigo y cuando no llevamos nuestra herramienta para trabajar nos echan diciendo no hay trabajo fuera de nuestras tierras", señaló uno de los muchos testimonios difundidos hoy por la red Erbol.
Los relatos revelaron que los patrones (hacendados y ganaderos) no sólo acuden a la presión psicológica o a la física, sino que vulneran la dignidad de las mujeres guaraníes que en muchos casos son violadas, y que también se han registrado asesinatos, y que pese a que fueron denunciadas la justicia, esta nunca se ha pronunciado.
"En toda la Capitanía de Alto Parapetí nadie da un buen trato a nuestros hermanos y eso es triste cuando empezamos a recordar sobre el abuso psicológico, físico, hasta violaciones a las hijas de nuestros hermanos y asesinatos también. Se ha denunciado, pero las autoridades no hacen justicia cuando se hace la denuncia", aseguró Fidel Cejas, dirigente de la Capitanía de Alto Parapetí.
"He nacido en Villa Mercedes, ya no estoy ahí, conozco cuántos familias viven en cada comunidad cautiva, hasta vergüenza me da decir que los propietarios de ahí no tienen consciencia de la gente pobre guaraní que está ahí".
"Yo era mozo, mi obligación era acarrear agua para las gallinas y otras cosas, no se conocía el pago, solo nos daban nuestro desayuno y nuestro almuerzo nada más".
"Me acuerdo que el pago que le hacían a mis padres, tíos y parientes era que cada año nos daban ropa para el carnaval. Comíamos en un plato grande, chua lo llamamos aquí porque es hecho de madera. No había platos individuales, unas siete u ocho personas comíamos de una chua".
"Nunca me voy a olvidar que mis pies se ponían verdes, nunca me voy a olvidar porque mis abarcas viejas se soltaban en el Chaco. No había enfermeros, alguna vez el patrón nos daba algunos calmantes".
"Han salido de ese lugar cerca de 80 familias porque hemos reclamado mejor trato, pero el patrón nos ha votado. Las 80 familias están muy mal, tal vez algunos mejores porque han alcanzado ser profesionales como albañiles. La mayoría no tiene ningún tipo de apoyo".
"He trabajado en ganadería, de vaquero, como administrador, pero ha pasado el tiempo y me ha desconocido el señor Óscar Peña (el patrón) y me sacó de su finca, eso lo ha hecho por no indemnizar por los años de trabajo, porque eran muchos".
"Al mes me pagaban 300 bolivianos en ropa y comida. Mi madre también era pagada con ropa. Esté enfermo o no igual hacía las cosas. Para ellos no podíamos enfermarnos. Le digo que Dios me escucha, he votado lágrimas y no puedo olvidarme cómo eran los tratos. Aguantamos por temor y porque no hallamos dónde irnos".
"Como éramos humildes nos amenazaban y nos metían huasca con lazo, con lo que sea, hasta cinco huascas si uno se atrevía a levantar la voz. Uno no es digno de levantar la voz y decir por qué del abuso. Si uno se escapaba era encontrado y le metían huasca. Donde yo vivía había 40 personas para un solo patrón".
"Desde niña he crecido en la casa del patrón, desde los siete años ya llevaba comida a largas distancias donde sus peones. Con mi madre sufríamos mucho y cuando mi madre se reveló porque me hacían trabajar mucho ha perdió la vida en la hacienda".
"Ya estoy mayor, pero no tengo una tierra para cultivar, el patrón viene y nos quiere sacar de nuestra casa. Vivimos en una casa con mis hijos, pero el patrón quiere sacarnos. El padre nos ha explotado y ahora es el hijo el que nos sigue explotando".
"Sigo trabajando para ganarme la vida, sigo llegando donde el patrón para que me de algo de alimento, trabajo y me paga con alimento. Desde mis abuelos, mis papas, nosotros y mis hijos seguimos trabajando para esa gente".
Ismael Chávez, de la comunidad La Colorada, de la capitanía de Alto Parapetí, provincia Cordillera.
"Nosotros trabajamos de seis a seis y a veces de noche con nuestra propia herramienta, ni así nos pagaban bien los patrones. Hacíamos todo como sembrar pasto, el chaqueo, fumigamos, ordeñamos, todo hacíamos. Si no llevamos nuestra herramienta no nos da trabajo. Nos da un jornal de 12 ó 15 pesos con víveres".
"Para la ropa nosotros tenemos que salir a trabajar a lado de Santa Cruz para ganar para nuestra ropa, pero no reconocen de nuestra herramienta, y cuando decimos algo nos dicen no hay trabajo y váyase".
"En este lugar ahora hay mucha gente que trabaja, los que están bloqueando son los que estamos trabajando en esa propiedad. Yo me he salido calladido nomás hace 10 días, ellos no saben, ya 10 días que estoy acá".
"Nosotros vivimos una cruda realidad en Alto Parapetí, es importante hacer conocer que hay esclavos. Desde muy chico me he quedado en hacienda como mozo, porque mi padre murió, y trabajaba en todo lo que se tiene que hacer, porque no hay trabajo específico".
"Tenía que levantarme a las cuatro de la mañana para preparar el mate y ensillar el caballo. Pero a uno no le pagan. Por ejemplo, hasta que he tenido mi pareja no he sabido que era plata (dinero), solo recibía ropa y comida".
"En toda la Capitanía de Alto Parapetí nadie da un buen trato a nuestros hermanos y eso es triste cuando empezamos a recordar sobre el abuso psicológico, físico, hasta violaciones a las hijas de nuestros hermanos y asesinatos también. Se ha denunciado pero las autoridades no hacen justicia cuando se hace la denuncia".
"Ellos no quieren que se descubra de todo el maltrato que hacen con nuestros hermanos, porque no dejan sembrar porque uno tiene que estar trabajando con ellos permanentemente, más es la deuda, deuda y deuda de nosotros, porque muchos no sabemos ni leer ni escribir".
"Nunca hemos visto dinero, todo nos han pagado con víveres, con ropa una vez al año, ellos (ganaderos) son los que compran. Lo demás nosotros teníamos que comprarnos vendiendo nuestras gallinitas".
"Nosotros tenemos certificado de nacimiento y carnet de identidad, pero cuando se hacen las votaciones vivimos una situación crítica, porque los patrones y los terceros nos obligan a votar por uno y después sacan su alcohol".
"Por eso decimos que somos esclavos, nosotros dependemos de ellos y no respetan nuestros derechos. Cada patrón maneja a sus esclavos como quieren en las elecciones y ellos saben si no votamos como ellos quieren, y el que no vota lamentablemente tiene que irse de su terreno".
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 13abr08]
CIDH llegará a verificar servidumbre en haciendas de Alto Parapetí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constatará en Alto Parapetí, en la provincia Cordillera de Santa Cruz, la existencia de servidumbre y trabajo forzoso de indígenas guaraníes cautivos en las haciendas ubicadas en esa región del Chaco boliviano.
Representantes de ese alto organismo hemisférico de defensa de los derechos humanos llegarán al país en los siguientes días y se trasladarán a esa región, donde ganaderos y grupos de choque del comité cívico cruceño impiden el saneamiento de tierras y se oponen a la aplicación de la ley.
El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Reynaldo Cuadros, dijo que la determinación fue asumida después de que una delegación de guaranís, el 11 de marzo de 2008, presentara ante esa organización interamericana su denuncia de los abusos a los que son sometidos.
"En la condición en la que viven esas personas, es un caso inédito, porque todos los países han erradicado la esclavitud, la semiesclavitud y otras formas de explotación. Aparentemente Bolivia, en el oriente, está siendo el último reducto donde estas comunidades se mantienen en una situación cautiva y sobre presión psicológica", dijo el diplomático.
"De hecho, la erradicación de la situación de servidumbre y trabajo forzoso es algo que ya la comunidad internacional y el mundo entero denuncia, y es algo de que esa región (Alto Parapetí) quiere quedar libre", aseguró Cuadros.
"Nosotros pensamos que este es un caso que llama la atención de la comunidad internacional y es un caso que debe resolverse de la mejor forma y a la brevedad", agregó Cuadros a la Red Erbol.
El embajador de Bolivia ante la OEA explicó que la CIDH, después de conocer la denuncia del pueblo Guaraní, recomendó al Gobierno de Bolivia acelerar la titulación legítima de tierras a las comunidades indígenas guaranís que así lo soliciten, en el marco de la ley y en reconocimiento de los derechos humanos.
Por lo que la presencia de esa comisión en el país no solamente será para constatar la existencia zonas cautivas, sino para apoyar y vigilar el proceso de saneamiento de tierras.
Sobre cuándo se hará presente la mencionada comisión, Cuadros dijo que en el curso de las siguientes horas la comisión se reunirá para fijar la fecha de su presencia en el país.
Por lo que el Gobierno tendrá la responsabilidad de garantizar la libre movilización de la mencionada comisión en los predios de Alto Parapetí y de Camiri, aunque consideró que no habrá ningún tipo de impedimento de parte de autoridades de Gobierno o regionales.
A su vez, el embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán, explicó que la decisión de la CIDH se debe también a una respuesta del Gobierno boliviano sobre la situación en la que se encontraban la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario, Susana Rivero, y del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, en la población de Camiri, de la provincia Cordillera.
"Ayer (12 de abril) hemos recibido una comunicación del secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, y expresa su preocupación por esos hechos y que la Comisión estará presente en Bolivia para contribuir a la solución de este conflicto", aseguró Guzmán.
Esa comunicación expresa la preocupación de la CIDH sobre las medidas de presión que implementan grupos de ganaderos de Alto Parapetí, con apoyo del Comité Cívico y la Prefectura de Santa Cruz, con el objetivo de impedir el saneamiento de tierras enmarcada en la Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria (INRA).
La CIDH entiende que el trabajo de la comisión del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario en Alto Parapetí se encuentra enmarcado "en la implementación de medidas para la erradicación de la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que se encuentra un alto número de indígenas guaraníes".
Sobre este hecho, la CIDH firmó un acta de compromiso como resultado de audiencia celebrada durante el 131 período de sesiones de la comisión.
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 13abr08]
En un ataque de claro componente racista y en defensa de prácticas esclavistas atacan y vejan a indígenas guaraníes y hay 43 personas heridas y varios desaparecidos.
La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz – BOLIVIA y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, denuncian los hechos de violencia contra delegaciones del pueblo indígena Guaraní, comisión gubernamental y de organizaciones civiles encargadas de realizar el proceso de liberación de familias indígenas en estado de esclavitud y de saneamiento y titulación de sus territorios ancestrales en el sector ganadero del Chaco de Santa Cruz.
- 1. El 27 de febrero del presente año una comisión del Gobierno de Bolivia, encabezada por el Viceministro de Tierras, los directores Nacional y Departamental Santa Cruz del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y una delegación del pueblo guaraní, acompañada por su presidente, Wilson Changaray, que pretendía dar inicio al proceso de saneamiento del territorio indígena Guaraní de ALTO PARAPETÍ, ubicado en la provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, fue interceptada y atacada por hacendados y personal armado cuando transitaban por el fundo "Caraparicito" de propiedad del ciudadano estadounidense Ronald Larsen. La delegación gubernamental fue retenida en el mencionado predio y conducida posteriormente a la población de Lagunillas, distante 50 Km. del lugar, donde se le pretendía comprometer, mediante actas, a suspender el proceso legal de saneamiento de la propiedad agraria, hasta pasada la realización de una consulta por la autonomía departamental de Santa Cruz -convocada para el próximo 4 de mayo por la Prefectura de dicho Departamento, al margen de la Ley y la Constitución Nacional-.
- 2. El pasado 4 de abril, una nueva comisión encabezada por las mismas autoridades de Gobierno, acompañada pacíficamente por policías y comunarios guaraníes, que se dirigían a la comunidad indígena de Itacuatía, para dar comienzo al proceso de saneamiento de tierras, fue atacada en el mismo sitio por ganaderos y personal contratado por el Sr. Larsen con piedras y palos. Todos los atacantes estaban fuertemente armados y la policía no pudo disuadir a los agresores. Las acciones violentas se dirigieron especialmente contra los indígenas guaraníes y contra la policía, resultando gravemente herido el Capitán policial que acompañaba la comisión.
- 3. El 11 de abril se celebró una reunión del Consejo Provincial de Participación Popular, instancia de control social establecida legalmente, la cual fue utilizada por hacendados y autoridades locales para tomar acciones de presión con el fin de impedir el saneamiento de tierras y la liberación de las comunidades indígenas cautivas en las haciendas. En dicha reunión se ordenó la expulsión de la Provincia Cordillera de la Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero, del Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y de todos los funcionarios del INRA, e igualmente se ordenó un bloqueo indefinido de carreteras. En horas de la noche un grupo de hombres armados se dirigió al hotel donde se hospedaban los funcionarios intentando tomarlos por la fuerza. La Ministra Rivero había llegado al lugar para instalar una mesa de diálogo con el fin de viabilizar el proceso de saneamiento agrario.
- 4. El 13 de abril, en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, una delegación del pueblo indígena Guaraní fue interceptada y atacada salvajemente por una turba de gente a instancias de hacendados de la región, dejando un saldo de 43 personas heridas y 8 desaparecidas -tres de ellos son periodistas y otros son asesores del pueblo Guaraní. Se tiene conocimiento que varias personas fueron tomadas como rehenes, se les ató a un palo en la plaza pública donde fueron torturadas, y sometidas a otros vejámenes. También se ha informado que todavía se encuentran allí los conductores de dos vehículos y están siendo víctimas de malos tratos y se teme por sus vidas.
La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, constitucionalmente responsable por la vida y la seguridad de todos los ciudadanos y comunidades que viven en la región ha facilitado sus vehículos para la movilización de los agresores y brinda apoyo público a las acciones y bloqueos. Todo ello en el marco de la campaña por el referéndum por la autonomía departamental que impulsa la Prefectura, no obstante el público y masivo rechazo de la población del lugar.
Los medios de comunicación niegan la existencia de familias cautivas o en estado de semi esclavitud en el Alto Parapetí y en general en el Chaco boliviano, manipulando la opinión pública nacional y regional.
Más de 167 familias del pueblo indígena Guaraní viven cautivas bajo un régimen de trabajo servidumbral, peonazgo por deudas o formas análogas esclavitud, en 13 haciendas de ganaderos en el territorio del ALTO PARAPETÍ, hecho que fue constatado por organismos internacionales de Derechos Humanos como la Organización Internacional del Trabajo - OIT, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA - CIDH.
La Asamblea del Pueblo Guaraní -APG- máxima representante de este pueblo indígena, viene exigiendo al Estado boliviano desde hace más de 20 años la recuperación de su territorio ancestral, y la liberación de las familias cautivas.
En enero de 2005, la OIT emitió un informe sobre "Enganche y servidumbre por deudas en Bolivia" en el que recomienda la ratificación del Convenio Nº 29 de dicho organismo multilateral, la revisión de la legislación vigente y la aprobación de un Plan de Acción para la erradicación del trabajo forzoso, en especial en la zona guaraní. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en noviembre de 2006 realizó una visita in loco a la zona y en su informe recomienda la adopción inmediata de medidas para la erradicación de toda forma de servidumbre o esclavitud a través de la aplicación del proceso de saneamiento y titulación de tierras en el marco de la Ley Nº 3545. En el mes diciembre de 2007 el Relator Especial de las Naciones Unidas para las libertades y los derechos de los pueblos indígenas, visitó la zona, se entrevistó con personas que han sido víctimas del cautiverio, y manifestó especial preocupación sobre la situación de servidumbre en la que viven las comunidades guaraníes resultado del despojo de sus territorios ancestrales.
En consonancia con las recomendaciones de las altas instancias internacionales de protección de los derechos humanos, en noviembre de 2006 el Congreso de Bolivia promulgó la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y en agosto 2007 se expidió el Decreto Supremo 29215 que establecen el nuevo proceso de saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen –TCO, figura constitucional del territorio indígena.
El 28 de noviembre de 2007 se aprobó el Decreto Supremo Nº 29292 que incluye el "Plan interministerial transitorio para el pueblo guaraní 2007-2008", que busca la erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y formas análogas de esclavitud. En aplicación de estas disposiciones, la comisión gubernamental y delegaciones indígenas que fueron objeto de las agresiones señaladas, pretendía iniciar los procedimientos para la liberación de las familias en estado de cautiverio y la restitución de sus territorios mediante el proceso de saneamiento de la propiedad agraria.
La Prefectura del Departamento de Santa Cruz, al amparo del Comité Cívico que aglutina los principales sectores de poder regional, ha convocado para el próximo 4 de mayo un referéndum con el fin de declarar la autonomía del Departamento y validar un estatuto autonómico, cuyo contenido es abiertamente contrario a los derechos humanos reconocidos a los pueblos indígenas y se dirige a mantener y proteger las tierras usurpadas por los hacendados a las comunidades indígenas del Departamento y las relaciones esclavistas que sostienen con las familias en cautiverio. Dicho referéndum es contrario a la Constitución Política del Estado, por lo cual no ha sido autorizado por las instancias electorales nacionales.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, abril 17 de 2008
Coordinadora interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz.
(ALAS, Casa de la Mujer, CEJIS, CIPCA, Colectivo Rebeldía, DESAFIO, FORMASOL, Fundación Tierra)
La Comisión Interamericana de DDHH preocupada por situación de guaraníes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su profunda preocupación por la situación de servidumbre de familias guaraníes cautivas en haciendas del Chaco, en Bolivia, e indicó que ello desconoce la prohibición absoluta del sometimiento de personas a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso.
Esa inquietud fue expresada por Santiago A. Canton, secretario Ejecutivo de la CIDH, mediante una misiva dirigida al ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, cuya copia fue hecha conocer a la ABI por el embajador de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, Reynaldo Cuadros.
"La Comisión ha manifestado profunda preocupación por la situación de las comunidades cautivas, en particular, ha indicado que esta situación desconoce la prohibición absoluta e inderogable de sometimiento de personas a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, consagrada en la Convención Americana y en otros instrumentos internacionales de los cuales Bolivia es parte", señala.
Esa misiva fue enviada al canciller Choquehuanca este domingo, a raíz de las agresiones y presiones que enfrentara la noche del jueves pasado una comisión del Ministerio de Desarrollo Rural y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) por parte de grupos de choque vinculados al Comité Cívico y Prefectura de Santa Cruz en Camiri.
La CIDH señala que esa situación se suma a otros eventos ocurridos a finales del mes de febrero, cuando se presentó un intento de toma del INRA regional de Camiri y varios funcionarios estatales, incluido el viceministro de Tierras, quien fue tomado durante varias horas como rehén.
"La Comisión entiende que la visita de la Ministra de Desarrollo Rural y del Viceministro de Tierras en Santa Cruz, se encuentra enmarcada en la implementación de medidas para la erradicación de la situación de servidumbre y trabajo forzoso en la que se encuentra un alto número de indígenas guaraníes, y sobre la cual recientemente se firmó un acta de compromiso como resultado de audiencia celebrada durante el 131 período de sesiones de la Comisión", recuerda.
La entidad hemisférica defensora de los derechos humanos sostiene que ha señalado que esa problemática es paralela a la cuestión de la estructura de la tenencia de tierra y a la distribución de la misma.
En tal sentido, la CIDH ha recomendado a Bolivia priorizar las medidas dirigidas a erradicar la situación de servidumbre o trabajo forzoso, y adoptar medidas inmediatas.
Estas deberán estar dirigidas, por un lado al fortalecimiento del proceso de reconocimiento y titulación de la propiedad de las personas afectadas por esta situación, y por otro, a eliminar todo tipo de flexibilización de los derechos laborales y sociales de las personas que trabajan en el sector rural.
La CIDH reiteró su posición con relación a la situación de las comunidades cautivas y manifestó su profunda preocupación por los intentos de entorpecimiento de las medidas estatales dirigidas a la implementación de las recomendaciones efectuadas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos.
[Fuente: Agencia boliviana de información, Washington, 13abr08]
Gobierno asume legalidad de autonomía indígena y analiza asignación de recursos.
El gobierno del presidente Evo Morales asumió la noche de este viernes la legalidad de la autonomía indígena en el marco de la Ley de la República Nro. 3760 del 7 de noviembre de 2007 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aseguró que estudia la asignación de recursos para su puesta en vigencia inmediata.
El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que "estamos aquí ante un momento histórico de la República, de la constitución de las primeras autonomías indígenas de nuestro territorio", durante un encuentro con decenas de dirigentes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob).
Afirmó que, a diferencia de la autonomía indígena legalizada por unanimidad por el Congreso Nacional, las departamentales necesariamente deberán estar enmarcadas en la nueva Carta Magna, y volvió a ratificar que la consulta del 4 de mayo sobre el estatuto autonómico cruceño será ilegal y sus resultados no serán vinculantes menos reconocidos por el Gobierno legalmente constituido.
"La autonomía indígena es la primera autonomía legal legalizada por el Congreso de la República. La autonomía indígena no necesita otra ley porque fue legalizada por el Congreso Nacional por unanimidad. Esto es Ley de la República", insistió ante un auditorio abarrotado.
Respaldó la legalidad de la autonomía indígena en la Ley 3060 que en su artículo 4 señala: "Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas".
Igualmente citó el artículo 18 de esa norma legal boliviana que indica que "los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos, de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones".
En este marco, el Segundo Mandatario enfatizó que "nos toca ahora al Ejecutivo definir los mecanismos de transferencia de recursos de administración para que las autonomías indígenas, amparadas por nuestra ley y por las Naciones Unidas, se vuelvan un hecho y tengamos las primeras autonomías legales de nuestra historia como pueblo, como país y como Patria".
Explicó que las autonomías indígenas no requieren de un nuevo referéndum, porque "ya son legales, lo que falta ahora es procesarlas y comenzar a ejecutarlas. Hay una ley que los ampara".
Respecto de la relación de las autonomías indígenas con las departamentales, que reivindican como único régimen autonómico los prefectos y cívicos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, García Linera citó tres diferencias que deberán ser resueltas en el marco del ordenamiento jurídico del país.
Apuntó que la primera es que las autonomías departamentales todavía no son legales y deben ser legalizarlas. "Queda pendiente una demanda legítima de los departamentos y hay que trabajar para legalizarlas", sostuvo y agregó que "esa autonomía departamental está vinculada a la nueva Constitución Política del Estado".
"En termino legales la autonomía se pone en marcha hoy, la departamental, que es necesaria para Bolivia, será legítima en el momento en el que aprobemos una nueva Constitución, mientras tanto no serán legales", insistió el Vicepresidente.
También dijo que la segunda diferencia es que mientras las autonomías indígenas no necesitan de un nuevo referéndum para adquirir legalidad, las departamentales sí están obligadas a ser consultadas al pueblo en las urnas, pero no bajo convocatorias ilegales sino ante el llamado del Congreso Nacional ante la falta de gobiernos departamentales legalmente constituidos.
Por ello indicó que la consulta del 4 de mayo no es legal "porque no puede haber autonomía departamental antes que haya una nueva Carta Magna, porque la que sigue vigente no reconoce autonomías departamentales, lo único que es legal es la autonomía indígena que ya está aprobada y protegida por ley".
Según García Linera, la tercera diferencia es que los estatutos autonómicos de cuatro departamentos no han sido redactados por personas elegidas expresamente para ese cometido. "Han elegidos unos amigos por acá otros por allá y no hubo una elección democrática del pueblo cruceño", señaló.
"No los toman en cuenta ni consultaron a los indígenas, a los campesinos ni a los trabajadores, no fueron redactados por representantes natos"·, agregó el Segundo Mandatario.
Rubén Costas y a sus colegas de Beni, Pando y Tarija porque llamaron a un referendo, que el gobierno denomina encuesta, "cuando no tienen ninguna potestad legal para convocar a un referendo".
"La ley dice que mientras no haya gobierno departamental democráticamente elegido, el Congreso tiene que convocar a un referendo departamental. No hay gobierno departamental ni el prefecto ha sido electo sino seleccionado", ratificó.
"Por eso mientras no pase por el Congreso será una consulta, una encuesta pero nunca un referendo", acotó.
También condenó que las autoridades y cívicos de Santa Cruz hayan lanzado una campaña de amedrentamiento contra el pueblo cruceño al amenazar a los ciudadanos que no voten el 4 de mayo serían encarcelados por cuatro años.
"Esto es falso, nadie está obligado a votar porque esa consulta no es legal, legítima, no tiene carácter vinculante porque no tiene ningún respaldo y nadie tiene la obligación a obedecerla o acatarla", afirmó.
También certificó que el Gobierno no se opone a las autonomías departamentales, sino que estas deben estar enmarcadas en la legalidad.
"Así como están en marcha las autonomías indígenas tienen que haber autonomías departamentales, pero convocados por el Congreso Nacional, es decir un referéndum convocado por los representantes del pueblo boliviano, tienen que ser solidarias, democráticas y en el marco de la unidad del país", manifestó.
Prosiguió que por ello, las autonomías departamentales no son ni deben ser "producto del abuso, de la prepotencia" y recordó que la noche del jueves, al menos 500 afines del comité cívico cruceño hostigaron a la ministra de Desarrollo Rural para presionarla a que suspenda el saneamiento de tierras en Alto Parapetí, de Santa Cruz.
"Será que cada persona en Santa Cruz va a vivir amenazado. No queremos esa autonomía, sino una que nos dé democracia y bienestar y no temor ni miedo", dijo García Linera.
En ese contexto, el Vicepresidente de la República citó a los siguientes artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y asumida por el Congreso Nacional, por unanimidad, como Ley de la República Nro. 3760.
- Articulo 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
- Artículo 4.- Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
- Artículo 14.1- Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
- Artículo 16.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna.
- Artículo 18.- Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
- Artículo 20.1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
- Artículo 23.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.
- Artículo 26.1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
- 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
- Artículo 39.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.
[Fuente: Agencia boliviana de información, Santa Cruz, 12abr08]
Rodolfo Stavenhagen dice que el Estatuto cruceño tiene sesgos racistas.
El enviado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Bolivia, Rodolfo Stavenhagen, afirmó que el referendo sobre el estatuto autonómico de Santa Cruz es inconstitucional y contiene disposiciones racistas.
La declaración del relator especial constituye un espaldarazo al presidente, Evo Morales, en el conflicto que mantiene con las autoridades del departamento más rico del país y con otras regiones que también promueven su autonomía del gobierno central, según los medios de prensa internacional.
Tras manifestar su preocupación por la decisión unilateral de la Prefectura de Santa Cruz, Stavenhagen denunció que ese estatuto incluye algunas disposiciones de tinte racista.
Se refirió concretamente al artículo 161 del estatuto, que, al citar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce "con orgullo" su condición racial mayoritariamente mestiza y también su obligación de conservar la cultura de los pueblos indígenas del departamento. "Pero ocurre que los derechos humanos de los pueblos indígenas ya están tutelados por leyes del país que incluyen dicho Convenio 169, por lo que el estatuto autonómico solo agrega su 'orgullo'", advirtió.
Por otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el envío de una misión a Bolivia para constatar denuncias acerca de guaraníes cautivos en haciendas cruceñas de Alto Parapetí.
La OEA había recibido denuncias sobre graves violaciones de los derechos humanos de las que son víctimas las familias de trabajadores, como consecuencia de la reacción de los grupos de hacendados afectados por el proceso de reconstitución territorial del pueblo guaraní.
La OEA pidió al Estado que adopte las medidas de protección necesarias para asegurar la integridad de todas las familias guaraníes que viven todavía en las haciendas en la región de Alto Parapetí, municipio Cordillera de Santa Cruz. Hacendados y ganaderos se oponen al proceso de saneamiento (control de legalidad de títulos de propiedad, función social de latifundios y situación laboral de peones) de tierras dispuesto por el gobierno.
El propio Stavenhagen denunció en su informe la situación de servidumbre de las familias que trabajan en las haciendas.
El 29 de febrero, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y un equipo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron interceptados en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito", de propiedad del estadounidense Ronald Larsen.
Los funcionarios públicos fueron expulsados violentamente por Larsen, que dijo que actuó en defensa propia. Hace una semana, otra comisión oficial resguardada por un contingente policial volvió a la zona para comenzar el saneamiento en la región de Alto Parapetí, y volvió a encontró la resistencia violenta de los hacendados.
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 11abr08]
Cívicos cruceños y ganaderos cercan a Rivero para evitar saneamiento de tierras.
Miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, grupo de choque del Comité Cívico, y de la Prefectura de Santa Cruz, junto a los ganaderos y terratenientes de Alto Parapetí, cercaban en un hotel la noche de este jueves a la ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario, Susana Rivero, para evitar el saneamiento de tierras.
Pasado el mediodía, centenares de unionistas, encabezados por el secretario General de la Prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera, arribaron a Camiri con el propósito de "expulsar" de esta región a las autoridades de Gobierno y del Instituto de Reforma Agraria (INRA).
Horas más tarde arribaron también decenas de mujeres del Comité Cívico Femenino de Santa Cruz, encabezadas por la diputada Roxana Gentile Rojas (Podemos), ex candidata al Defensor del Pueblo, con una gran provisión de petardos para hostigar hasta que las autoridades de Gobierno abandonen Camiri.
Después de una prolongada reunión en la Federación de Ganaderos, los opositores presentaron a la ministra Rivero un voto resolutivo que los declara personas no gratas en la región, los invitan a marcharse y sobre todo a declarar cuarto intermedio en el saneamiento de tierras hasta el 4 de mayo.
La entrega del voto resolutivo fue realizada con más de 500 personas que gritaban "autonomía, autonomía, autonomía", "Fuera de Camiri, fuera de Camiri", además de otros adjetivos contra las autoridades del Poder Ejecutivo.
Conocido el contenido del documento, la Ministra de Desarrollo Rural y Agropecuario reiteró la voluntad del Ejecutivo de instaurar el diálogo entre representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní y los ganaderos.
Como contrapuesta, Rivero pidió un cuarto intermedio de horas o días hasta que se calmen los ánimos para luego entre las partes definir la forma de iniciar el saneamiento de tierras.
Pero hasta las 22.00 no había respuesta de parte de los ganaderos, pero sí un cerco a las autoridades de Gobierno por parte de los cruceñistas y otros más que llegaron a Camiri junto al Secretario General de la Prefectura de Santa Cruz.
"El país debe juzgar sobre si el esfuerzo que realiza una mujer, una ministra que viene a trabajar con apertura y en el marco de las leyes merece que en respuesta se le envíen más de 500 contratados a hostigarla", denunció Rivero.
Pese a la presión psicológica a la que son objeto, la autoridad afirmó que no se retirará del lugar hasta que cumplan con su trabajo de saneamiento de las tierras en Alto Parapetí en el marco del cumplimiento de la ley y de la Constitución Política del Estado.
"La segunda propuesta que trajeron es de tregua hasta el 4 de mayo, eso nos muestra que no se trata de un tema de saneamiento de Alto Parapetí, sino que hay una instrucción directa de Santa Cruz para demostrar que esa es la autonomía que quieren, por lo que el país y Santa Cruz deben juzgar si esa es la autonomía por la que se luchó tanto", dijo.
"Nosotros nos vamos a mantener pese al hostigamiento permanente, estamos tranquilos porque hemos venido a trabajar en el marco de la ley, para que todos tengan derecho, por lo que no tenemos miedo al abuso y la arbitrariedad", señaló.
"Nosotros nos quedamos hasta que se dé el diálogo, hemos presentado una contrapuesta de pausa por algunas horas o días para que se calmen los ánimos e iniciar el diálogo con las partes en conflicto, porque vamos a trabajar con el INRA en el saneamiento de la TCO Alto Parapetí", precisó Rivero.
[Fuente: Agencia boliviana de información, Camiri, 10abr08]
"Los barones del Oriente" muestra que la elite cruceña ha sido siempre excluyente.
"Los barones del Oriente" es un libro que revela que la élite cruceña se constituyó en Bolivia desde 1880, junto a los barones del Estaño, con un marcado modelo excluyente porque en esa región no han existido movimientos indígenas capaces de cuestionar ese sistema absolutista.
La coautora de la investigación del poder económico en Santa Cruz ayer y hoy, Ximena Soruco, que concluyó la obra "Los barones del Oriente" junto a Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros, sustenta su tesis del análisis del proceso de la era de goma a la soya, el discurso de las élites y la evolución del sector soyero en Santa Cruz.
"Las élites cruceñas se constituyen un modelo que es excluyente de una gran mayoría porque solo vela los intereses de un pequeño sector", aseguró Soruco a la Agencia Boliviana de información, tras hacer la presentación del libro en instalaciones del Museo de Etnografía y Folklore de la ciudad sede de gobierno.
La investigadora explicó que la tesis de la obra es demostrar que "Los barones del Oriente" nacen en 1880 junto a los barones del estaño, pero que los segundos cayeron porque hubo una fuerte critica y oposición de sectores aymaras, quechuas y populares.
Lo que no ocurrió en el oriente boliviano por falta de movimientos indígenas con capacidad de cuestionar el autoritarismo y discriminación de la que han sido objeto durante más de 130 años.
"A diferencia de los barones del Estado los barones del oriente no han sido impugnados ni derrotados, por lo que se mantiene la élite con diferentes familias que se enriquecen y empobrecen en el país", dijo.
"Si en el occidente los sectores sociales, sobre todo los indígenas y populares, logran cuestionar y derrotar a los barones del estaño en 1952, el 2003 y 2005. En Santa Cruz se da lo contrario porque ese sector se capitaliza durante los 130 años", afirmó Soruco.
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 08abr08]
Piden expulsar a extranjeros que se oponen a saneamiento de tierras.
Los diputados Jorge Silva y Gustavo Torrico, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS), coincidieron este martes por separado, que extranjeros que impiden el saneamiento de tierras y se oponen al cumplimiento de la ley deben ser expulsados de país, y los sicarios que defienden intereses foráneos ser detenidos.
Este pedido fue realizado al ministro de Gobierno, Alfredo Rada, a momento de sugerirle que revise el caso de radicación del estadounidense Rónald Din Larsen.
"El norteamericano Rónald Larsen, que impidió la pasada semana el saneamiento de tierras en Parapetí debe ser expulsado del país por alterar el orden social, incumplir la ley y los sicarios contratados por estos, quienes defienden intereses foráneos deben ser detenidos bajo las normas de la ley", afirmó el diputado Silva.
En ese contexto, recordó que algunos extranjeros llegaron en misiones de paz durante el gobierno de René Barrientos Ortuño (1964 - 1965, 1966 - 1969), gestiones en la que se apropiaron de extensas tierras bolivianas.
"Se debe pedir la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros que alteran el orden social de nuestro país, tarea que debe ser realizada a través del Ministerio de Gobierno, este debe actuar en el marco que establece los Tratados Internacionales, toda esta gente sólo debe estar aprovechando su situación económica en el país para generar este tipo de conflictos".
El pasado viernes el ciudadano de origen estadounidense, Rónald Din Larsen, en inmediaciones de su hacienda Caraparicito, ubicada en el cantón Choreti, distante a 80 kilómetros de Camiri, impulsó un cerco armado contra una brigada integrada por funcionarios del INRA, Viceministerio de Tierras, y 80 indígenas guaraníes, a quienes los recibieron a balazos y pedradas.
También, reprochó esa actitud de comunarios que se prestan a defender intereses ajenos por quienes son explotados.
Indicó que el Gobierno debe continuar con esta política de saneamiento "entendemos que la única forma de revertir las tierras al Estado, las mismas que no están cumpliendo una Función Económica Social (FES), es a través del saneamiento para luego redistribuir a los comunarios y campesinos que no tienen tierras".
"El gobierno debe actuar en el marco de la Ley de la Reconducción Comunitaria, en la que se estableció se debe entrar en un proceso de saneamiento de todas aquellas tierras ociosas que no cumplen una función", agregó.
Por su parte, el diputado Torrico apoyó esa postura e indicó que el saneamiento se debe continuar en todo el país, no solamente en algunos sectores.
"La posición del señor Larsen es ilegal al resistirse con armas al saneamiento de tierras, este no es su territorio es de los bolivianos, lo que debe hacer el Ministro de Gobierno es revisar la condición en la que se encuentra este señor, si tiene una permanencia indefinida es fácil expulsarlo por una resolución del Gobierno", señaló.
[Fuente: Agencia boliviana de información, La Paz, 08abr08]
El Gobierno intentará sanear tierras en la provincia Cordillera enviando más policías.
El gobierno decidió este martes reforzar la presencia policial en la provincia Cordillera, del departamento de Santa Cruz, para proceder con el saneamiento de unas 157 mil hectáreas de tierras. Mientras los ganaderos y campesinos decidieron iniciar este miércoles el bloqueo de caminos en distintas rutas.
El viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra, confirmó que se envió un primer contingente de efectivos policiales y si es necesario se enviará otra cantidad de uniformados para proceder con el saneamiento de tierras.
Los sectores afectados por este proceso señalaron que a partir de este miércoles iniciarán el bloqueo de caminos si es que continúa en Camiri el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
La autoridad que se encuentra desde el fin de semana señaló que no abandonó la zona ni lo hará y más bien dijo que intentará nuevamente proceder al saneamiento de tierras.
Será el tercer intento para tratar de regularizar el derecho propietario de unas 157 mil hectáreas.
El ganadero Juan Carlos Santiesteban volvió a denunciar que el Poder Ejecutivo busca controlar las riquezas hidrocarburíferas que existen en la zona y señaló que resistirán la presencia policial.
Intentarán cerrar la carretera nueva que une a Santa Cruz con Argentina y Paraguay, como ocurrió hace algunos días, cuando los cívicos encabezaron una movilización en demanda de la recuperación de los hidrocarburos.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Reinaldo Díaz, aseguró que el proceso de saneamiento "es político y no técnico".
Para este sector se trata de una acción política para revertir unas 200 mil hectáreas en la zona Alto Parapetí.
El gobierno considera que se trata también de una acción para liberar a pueblos cautivos que se encuentran como esclavos, por lo que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) solicitó al gobierno el correspondiente resguardo policial para ingresar al predio de Caraparacita y continuar con el saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Alto Parapetí.
El director General de Tierras, Cliver Rocha, sostuvo que son grandes intereses los que se encuentran detrás de estas acciones que se inician con mayor fuerza este miércoles.
El gobierno acusó al súbdito estadounidense Ronald Larsen de emprender acciones contra el saneamiento de tierras debido a que es dueño de las haciendas Caraparicito con 3.377 hectáreas y Caraparicito II de 3.399 hectáreas.
[Fuente: El País, La Paz, 08abr08]
Enviado por De: Juan Manuel Hernandez (jmhcastillo@yahoo.es)
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