CASO COLOMBIA: INFORMACIÓN PARA COMPRENDER LA SITUACIÓN
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgen en 1960 y 1970, como un grupo rural y limitado a acciones exclusivamente en sectores campesinos precisamente con el objetivo de defender los derechos de los campesinos víctimas de la violencia del Estado.
Su historia se remonta al año 1953, con la llegada de General Gustavo Rojas Pinilla al poder, producto de un golpe de Estado, cuyo propósito fue el de poner fin a la violencia bipartidista a través de las amnistías en las cuales unos 5 mil guerrilleros dejaron las armas.
No obstante el Partido Comunista de Colombia no confió en este perdón y no entregó las armas y sólo algunos se acogieron a la amnistía. El grupo de comunistas que se mantuvo en armas se concentró en Sumapaz donde, según relatos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y NAPALM suministrados por el Gobierno de Estados Unidos.
Estos grupos de insurgentes (comunistas y liberales) entre los cuales se encontraba Manuel Marulanda (“Tiro Fijo” se replegaron en el sur en la región de Marquetalia donde establecieron lo que denominaron Zona liberada”.
Más adelante fueron creando zonas similares en el Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Se señala que campesinos que fueron acosados por el ejército colombiano y por bandoleros se ubicaron en esas zonas liberadas, donde surgió una administración civil además de la armada.
Entre los años 1956 y 1958 estos sectores acordaron con la intención de repartirse en poder y frenar la violencia bipartidista, después de El Bogotazo de 1948 y en la cual fue asesinado el líder Jorge Eliécer Gaitán, y para ello crearon el Frente Nacional cuya intención no era otra que poner fin al experimento “comunista” que a su entender las zonas liberadas no eran otra cosa que repúblicas independientes” porque estaban fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.
Este calificativo, de repúblicas independientes, según el grupo de insurgentes fue escogido por el Gobierno APRA para acusarlos de separatistas y apelar al patriotismo de los colombianos y ponerlos en su contra.
Fueron muchos los ataques intentados en articulación con el gobierno norteamericano (Plan Laso).
En l964, el comandante Marulanda y doce hombres dispersados por la acción militar del gobierno, crearon el 20 de julio el Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido comunista en Colombia y de donde nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y es el 5 de mayo de 1966, en la segunda Conferencia del Bloque Sur que se oficializa la conformación de las FARC- EP como brazo armado del partido comunista.
En la actualidad la guerrilla de la FARC-EP se ha mantenido como una insurgencia armada contra el sistema de opresión y de desigualdades vigentes en el Estado colombiano. La acción de este grupo de seres esparcidos por diversos puntos de la selva colombiana es calificada por muchos analistas civiles como guerra civil, no obstante no hay consenso al respecto ni en la misma Colombia ni mucho menos en el mundo, aún cuando el gobierno de Bush no ha dudado en calificarlo de terrorista. Este conflicto es uno de los más largos en el mundo comparado con el de Birmania y Cachemira.
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.
La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.
En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuídos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados .
En la década 1980-1989 el crecimiento de la agrupación fue relativamente lento y además sufrieron una división por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leógomes antiguos comandantes de las FARC que formaron un grupo de guerrilleros aparte denominado Comando Ricardo Franco Frente –Sur. Para entonces la FARC agrupaba entre mil y tres mil hombres.
En la Séptima Conferencia del 14 de mayo de 1982 bajo la conducción del líder político “Jacobo Arenas”, se plantearon varias directrices estratégicas y se reafirmó el principio de la combinación de todas las formas de lucha: la política y la armada. A partir de entre encuentro las FARC se nombra ejército del pueblo y se plantea desdoblar la política de frentes con la intención de duplicar el número de integrantes y de fijar fechas para una toma efectiva del poder en los años noventa.
Es durante este encuentro donde además se produce un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico No obstante en los años 80 se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y narcotraficantes como fuente de financiamiento, mediante el llamado “gramaje”.
El 28 de mayo de 1984 luego de una reunión de los líderes de los 27 frentes y del estado Mayor, se decide un alto al fuego como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt (cese al Fuego, Tregua y Paz) conocidos como los acuerdos de la Uribe. Para ese momento las FARC formaron la Unión Patriótica APRA para liderar el movimiento político.
Dicho intento fracasó debido a dos grandes elementos, en primer lugar las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes y la violencia política de los sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda, incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y de los narcotraficantes.
Se habla que el narcotráfico, en guerra frontal contra el Estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a EEUU, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes financiando escuadrones y sicarios y en el cual también se incluyen asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes) además de la colaboración de varios militares del Ejército colombiano. Se dice entonces que aquí se inicia el nacimiento de los grupos conocidos como Autodefensa Colombianas o paramilitares que se unen en 1997 en torno a las AUC.
A finales de 1987, exactamente en el mes de septiembre los grupos guerrilleros EPL, las FARC-EP y el ELN conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, asociado con el Comando Ricardo Franco Asociado Frente Sur, declarado más tarde enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó. y el Movimiento Armado Quintín Lamé que buscaba coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia del futuro. Este intento fracasó y se dividió el grupo. El M-19 firmó la paz y las FARC y el ELN actuaron separados, aunque posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.
Al inicio de la década de los 90 las FARC-EP disponían entre 7 mil y 10 mil combatientes organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 1998 las FARC-EP le propinaron al ejército colombiano una serie de golpes en los que se incluye la toma por tres días de Mitú en el departamento de Vaupés en el cual fueron apresados un gran número de soldados.
Durante este mismo tiempo se pretendió acusar a las FARC-EP de influenciar a los campesinos para que paralizaran las vías del sur de Colombia por la expansión de los cultivos de las diferentes drogas. Esta acusación aún no se ha podido comprobar.
El 9 de diciembre de 1990 día de las elecciones para la Asamblea Constituyente el ejército colombiano, sin una previa declaratoria de guerra y cuando aún se continuaba un proceso de diálogo lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP. El argumento del gobierno de Colombia fue el hecho de que las FARC-EP no cumplieron con sus compromisos ya que todavía realizaba actividades delictivas y no se acogió a la vía negociada.
En 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el Gobierno en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). El proceso de rompió en 1993 al no llegar a un acuerdo y la Coordinadora desapareció un tiempo después y los grupos insurgentes siguieron su lucha.
En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de Distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40.000 Km.2 aproximadamente (tres veces el tamaño de Dinamarca), entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, diciendo que era con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.
Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguán se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El "proceso de paz" duró entre 1998 a 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.
Así, el 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los rehenes excepto al senador. Se precisó que este episodio y los desacuerdos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla en relación con los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.
El gobierno acusó a las FARC-EP del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.
Al mismo tiempo las FARC-EP, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente.
El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada".
Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones.
La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, las cuales deciden promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias derrotas tácticas, incautaciones de material logístico y deserciones masivas.
Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000. Las FARC-EP y sectores cercanos a ellos, no obstante no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un intercambio humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.
Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias "Simón Trinidad" y alias "Sonia", quienes se encuentran en manos de la justicia estadounidense y después de ser reintegrados a la organización delictiva; Las FARC-EP liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados "canjeables". Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida.) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.
En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.
Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.
Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.
El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».
Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque éstas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.
El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, ésta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iba por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.
¿QUÉ ES EL EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA ELN?
Fuente: http://www.eln-voces.com/
El ELN es una organización insurgente, de carácter político-militar, inspirada en el marxismo-leninismo y en sus principios organizativos que le da especial importancia a la democracia interna, al respeto por las masas, a la defensa del interés nacional y la solidaridad internacional.
Surge el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander del Sur.
Está integrado por hombres y mujeres mayores de diez y seis años procedentes de distintas capas, sectores sociales, razas y de todas las regiones del país.
Las condiciones y situación de intolerancia, exclusión política, la injusta distribución del ingreso, el desamparo, marginación social del pueblo colombiano y la violenta represión a las masas fue lo que motivó el surgimiento del ELN e inspiró la dirección y propósitos de su lucha. Actualmente los motiva la profundización de los problemas que existían y la aparición de nuevos fenómenos como el narcotráfico y la guerra sucia que han generado la crisis humanitaria actual con el desplazamiento de más de tres millones de personas, el incremento de los asesinatos por razones políticas y el fortalecimiento de la estructura del terrorismo de Estado.
En el pensamiento del ELN confluyen los elementos marxistas de su fundamento ideológico y los del cristianismo revolucionario comprometidos con la liberación política y social de las comunidades.
Tiene presencia con su fuerza militar permanente en lo largo y ancho de la geografía del país, y políticamente en distintos escenarios a través de su militancia clandestina. El mayor acumulado está en el norte, oriente y centro-occidente del país, en el sur está igualmente presente con un acumulado menor.
El objetivo es conformar un Nuevo Gobierno de carácter popular y democrático, con la participación de las organizaciones sociales y populares, las diferentes organizaciones y partidos políticos, otras fuerzas vivas del país y donde jueguen un destacado liderazgo las fuerzas revolucionarias. Un gobierno por la paz, la democracia, la dignidad nacional, la justicia social y el desarrollo.
Construir órganos de poder judicial que garanticen la supresión de la impunidad, promuevan la convivencia ciudadana, castiguen a los corruptos y los crímenes de lesa humanidad. Que funcione un ejercicio y aplicación de una justa implementación del derecho, con base en las garantías procedimentales y procesales, para el juzgamiento de los delitos que atenten contra la sociedad y sean los cimientos de la Nueva Constitución.
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO M-19?
ANTECEDENTES
El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla propinó al gobierno conservador de Laureano Gómez, el único golpe de Estado que tuvo éxito en el siglo XX en Colombia. Debido al notorio deterioro del orden público este golpe era considerado como inminente por las clases gobernantes del momento. Tras muchas vicisitudes, Rojas renunció al poder el 10 de mayo de 1957 y se instauró una junta militar como gobierno de transición. Los dos partidos políticos dominantes (liberal y conservador) crearon una coalición llamada Frente Nacional con la idea de terminar con la violencia bipartidista que azotaba al país. De esta manera, también pretendían garantizar su alternancia en el poder y el reparto de los cargos burocráticos por partes iguales.
Tras renunciar, Rojas viajó a República Dominicana y allí recibió asilo político de parte del gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Regresó a Colombia en 1962 y fundó la ANAPO (Alianza Nacional Popular), movimiento político con el cual se presentó a las elecciones de ese año en las que obtuvo el cuarto lugar. En 1966 el candidato de la ANAPO fue José Jaramillo Giraldo.
En 1970, Rojas se había transformado en un caudillo populista con gran arraigo entre la población colombiana y se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentándose al candidato del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Las elecciones resultaron bastante reñidas y el resultado oficial fue de 1.625.025 votos por Pastrana y 1.561.468 votos por Rojas. De esta manera la Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente para el periodo 1970-1974, aunque las denuncias por fraude no se hicieron esperar ante la interrupción del escrutinio total que se postergó hasta el día siguiente el conteo final, cuando la victoria que para Gustavo Rojas Pinilla parecía segura, pasó a ser de Misael Pastrana.
Rojas y sus partidarios siempre acusaron de fraudulentas estas elecciones y muchos testimonios de personas prestantes dentro de la política y las fuerzas armadas de la época parecen dar visos de verdad a dicho reclamo.
Como consecuencia de un supuesto fraude electoral en 1970, contra el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1974 Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Luís Otero Cifuentes, (exmilitantes de las FARC), junto con Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Alamarales, Ever Bustamante, José Cortez, Fabio Hincapié e Iván Jaramillo, quienes eran representantes del ala socialista de la ANAPO la cual entró en discusiones por la actitud tomada por Samuel Moreno Diaz al acercarse al Partido Conservador, conformaron el Movimiento 19 de Abril (también conocido como el eme).
El grupo surgió en 1974 cuando robó la espada de Simón Bolívar de un museo. En febrero de 1976, secuestraron al dirigente sindical José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el 19 de abril de 1976 le dieron muerte en un hecho que conmocionó al país, tras acusarlo de dejarse sobornar y vender los intereses populares del sindicato que él representaba.
Durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) realizaron varios hechos notables: Desde una residencia construyeron un túnel de más de 80 metros que salía a una guarnición militar conocida como Cantón Norte en Usaquén, una localidad al norte de Bogotá, y el 31 de diciembre de 1978 sustrajeron más de cinco mil armas. Este hecho provocó una ola de represión por parte de las autoridades gubernamentales, dentro de la cual muchas personas fueron torturadas en los establecimientos militares.
El 27 de febrero de 1980 un grupo de doce guerrilleros del M-19 al mando de Rosemberg Pabón, quien recibía el seudónimo de Comandante Uno y de Luís Otero Cifuentes quien dirigió la toma intelectualmente, tomaron la Embajada de la República Dominicana mientras se celebraba una recepción diplomática con objeto de conmemorar la fiesta nacional de ese país. Entre los rehenes había representantes diplomáticos de varios países, incluyendo al embajador de Estados Unidos Diego Ascencio y el Nuncio Apostólico. El M-19 pedía la liberación de cerca de 320 de sus hombres que se encontraban prisioneros y una cantidad elevada de dinero para liberar a los rehenes, después de 61 días y luego de un prolongado proceso de negociación, el comando guerrillero entregó los diplomáticos retenidos y viajó en un avión a Cuba. En el año 2000, Ciro Durán realizó una película que muestra apartes de esta toma guerrillera.
Como consecuencia de la acción represiva contra sus células en las ciudades, el M-19 limitó su carácter urbano y se replegó a las montañas, pero este era un campo que no conocían y sufrieron varios reveses.
Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), Bateman por entonces dirigente máximo del M-19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto. Sin embargo, Bateman murió el 28 de abril de 1983 en un accidente de aviación, al parecer mientras se dirigía a Panamá y las negociaciones se suspendieron.
En 1985 el M-19 protagonizó su acción más sonada, la toma del Palacio de Justicia, hecho que aún hoy día continúa dividiendo la opinión pública. El día 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 compuesto por 35 guerrilleros al mando de los comandantes Andrés Almarales y Luís Otero Cifuentes, ocuparon militarmente el Palacio de Justicia en plena Plaza de Bolívar en Bogotá, tomando rehenes y exigiendo que se citase al Presidente a juicio. La subsecuente reacción del ejército provocó una confrontación armada, en medio de la cual cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero y -según los cálculos oficiales- otras 53 personas civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuego cruzado indiscriminado entre las partes como consecuencia de la acción militar, en lo que podría considerarse como una masacre. Los hechos que ocurrieron en esas horas aciagas para la historia de Colombia, continúan sin ser esclarecidos totalmente ya que de una y otra parte se siguen lanzando acusaciones de tanto en tanto.
¿QUÉ SON LOS GRUPOS PARAMILITARES?
Son organizaciones civiles con una estructura y disciplina similar a la de un ejército. No hacen parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Dentro de sus miembros están fuerzas policiales, mercenarios, escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.
Tienen un carácter irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual le permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado.
Los paramilitares en Colombia surgen en los años 80 como grupos armados de derecha con el propósito de combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades, permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país.
Se trata de un aparato de carácter ofensivo, responsable de múltiples asesinatos, matanzas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y apropiación de recursos públicos.
Su financiamiento es producto de la extorsión que realizan a la población dentro de sus zonas de influencia, así como de la vinculación con grupos relacionados con el narcotráfico. También se ha valido de secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos.
Mediante el uso de la fuerza pudieron ejercer control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y ejercieron influencia sobre legisladores municipales, departamentales y nacionales.
Antecedentes que vinculan a los grupos paramilitares con los gobiernos colombianos:
Durante el mandato de Ernesto Samper a mediados de los años 90, el gobierno autorizó la creación de unas compañías rurales y urbanas de seguridad, integradas por civiles. Esas compañías se denominaron Convivir y se concibieron como un instrumento para combatir a las guerrillas en las zonas rurales.
Estando el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, se crearon varias Convivir y Uribe se enfrentó a sus detractores. El proyecto fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos y, finalmente, el Gobierno Nacional decidió ilegalizar esas compañías. El paramilitarismo floreció en varias regiones, entre ellas Antioquia.
Salvatore Mancuso, quien es hoy el máximo jefe de las AUC, dirigía una Convivir, que se convirtió en un grupo paramilitar en el departamento de Córdoba, donde esas bandas armadas tuvieron amplia presencia.
En esa zona del país tiene una de sus fincas el presidente Uribe. Sin embargo, Uribe, que llegó al poder prometiendo un país sin guerrillas y sin paramilitares, nunca ha sido procesado por cargos de paramilitarismo.
Otro dato es que las organizaciones de derechos humanos siempre han cuestionado a las Fuerzas Militares por sus nexos con los paramilitares. Se han dirigido denuncias sobre la vinculación con las Fuerzas Armadas de Colombia, sobre todo contra personal del Ejército y de la Armada Nacional. Sin embargo, el gobierno ha respondido que se trata de casos aislados y que en ningún momento es una relación sistemática.
Desde finales de los años 80 el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Militares.
A finales de los años '80, cuando hubo muchas masacres y las relaciones de los paramilitares con los narcotraficantes eran evidentes, el presidente Virgilio Barco ilegalizó los grupos de autodefensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Militares en tres casos donde han participado los paramilitares:
Masacre de comerciantes en el Magdalena Medio
Mapiripán (Meta)
Pueblo Bello
En 1983, el entonces Procurador General reveló que de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 59 eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda.
A raíz de la muerte del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto de 1994 por parte de los paramilitares, la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército. Un general que estaba siendo investigado murió antes de que se produjera el fallo.
A mediados de los años 90, el gobierno desmontó la Brigada XX, de inteligencia del Ejército, por vínculos de su personal con grupos paramilitares.
ASPECTOS DE INTERÉS SOBRE LA BELIGERANCIA
v La noción de beligerancia, pertenece al Derecho Internacional Humanitario, una rama del Derecho Internacional, que comprende el conjunto de normas desarrolladas por la comunidad internacional para regular la conducta de los contendientes en un conflicto armado, mediante la introducción de normas destinadas a humanizar el comportamiento de los ejércitos.
v La beligerancia tuvo importancia en las guerras de independencia de las colonias hispano-americanas y durante la Guerra Civil norteamericana.
v El Derecho Internacional admite que las normas del Derecho Humanitario pueden ser extendidas a los conflictos no internacionales, mediante la aplicación de la Doctrina del reconocimiento de la beligerancia.
v Hasta la Primera Guerra Mundial y durante parte de la Segunda, el derecho de la neutralidad jugó un papel indiscutible.
LAS FUERZAS BELIGERANTES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
v Convención de La Habana de 1928.
Sobre la conducta de los Estados en casos de guerras civiles, establece de manera expresa, que el reconocimiento de la beligerancia de rebeldes tiene como consecuencia, la aplicación de las reglas de la neutralidad.
v Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
En su artículo 3, establece los preceptos por los cuales una fuerza irregular debe ser reconocida como beligerante a todos los efectos por la comunidad internacional:
1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo, posea una fuerza militar organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado y tenga los medios para respetar y hacer respetar el Convenio.
2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional.
3. Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes.
a) Que hayan reivindicado para sí mismos, la condición de beligerantes.
b) Que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes, exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio.
c) Que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como constitutivo de una amenaza contra la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de agresión.
4. Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado.
a) Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto, sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional.
b) Que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.
c) Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.
v El Protocolo II de Ginebra (1977).
Recoge y amplía aspectos que no se mencionaban en los Convenios de Ginebra y el Protocolo I, tales como:
1. Existencia de hostilidades de carácter no internacional.
2. Organización militar disidente o irregular con mando responsable.
3. Control territorial parcial.
4. Operaciones militares sostenidas y concertadas.
5. Capacidad para aplicar el Protocolo II.
v Protocolo Adicional I, para considerar "legítimos combatientes" a los incorporados en las fuerzas armadas de una parte política insurgida:
1. Que lleven un uniforme conocido por el adversario.
2. Que lleven abiertamente las armas.
3. Que estén a la dependencia de un comando responsable.
4. Que respeten leyes y costumbres de la guerra.
Teniendo en cuenta estas normas, se debe considerar, a todos los efectos del derecho, a los militantes de las FARC-EP y ELN, como "combatientes legítimos" de una fuerza insurgente, existente de hecho y reconocida de derecho, en el Estado colombiano.
v Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
1. El Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3, común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio, un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo, no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como: los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FARC COMO FUERZAS BELIGERANTES
v FUERZA MILITAR ORGANIZADA. El grupo posee una fuerza militar organizada, jerárquica, una autoridad responsable de los actos.
v CONTROL TERRITORIAL. El grupo tiene posesión y dominio de parte del territorio colombiano.
v VOLUNTAD DE APLICAR EL DIH. Las FARC han declarado que se comprometen a cumplir las disposiciones del DIH.
v RELACIONES CON OTROS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL. Para que un grupo en armas cumpla con los requisitos que se le exigen para ser considerado grupo beligerante, otros sujetos de Derecho Internacional deben entablar relaciones con éste.
ALCANCES DE LA BELIGERANCIA
v El reconocimiento de beligerantes es un acto político, que produce efectos declarativos y constitutivos:
1. Es declarativo, porque implica la constatación de la existencia de una situación: el estado de guerra civil. Además, representa una evidente manifestación de respaldo moral a los beligerantes que puede contribuir a fortalecer políticamente la posición de los insurgentes y a debilitar la del gobierno contra el cual han insurgido.
2. Es constitutivo, porque produce consecuencias jurídicas al crear obligaciones y derechos, tanto para el Estado que lo otorga, como para el ente reconocido.
v Según la doctrina internacional, a partir del momento en que reciben el reconocimiento como beligerantes, los insurgentes dejan de ser considerados como irregulares o ilegales y se convierten en sujetos del derecho internacional, adquiriendo un carácter público internacional y su caso puede pasar a ser considerado por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
v Cuando se ha procedido al reconocimiento de “fuerza beligerante” para una organización, sus integrantes pasan a ser considerados como “combatientes legítimos”, puesto que tienen vocación de Estado y la comunidad internacional debe declararse neutral, mientras la pugna entre los contendientes no se dilucide con las armas o mediante Acuerdos de Paz.
v El reconocimiento de insurgentes como beligerantes, produce efectos similares a los del reconocimiento de Estados, porque al ejercer los insurgentes el control efectivo sobre una porción de territorio y sobre una masa importante de población, la entidad reconocida se asemeja mucho a un Estado, en el sentido del Derecho Internacional.
v El Derecho Internacional de Guerra, incluye entre los conflictos armados, a las guerras civiles y las guerras internas en un país, lo que ha sido sancionado por las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1948 y por los protocolos I y II adicionales de Ginebra de JUN1977, todos suscritos y ratificados por Colombia. Esto, desde el punto de vista terminológico y aplicativo, es extensivo al caso colombiano.
v En el Protocolo Adicional II, se hace explícita la referencia a las normas que regulan la guerra civil, individualizando entre sus destinatarios las fuerzas insurgentes, que actuando en parte del territorio nacional, lo han sustraído, también temporalmente, al control del gobierno, deviniendo sujetos del derecho internacional.
v El reconocimiento de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes tiene un peso determinante en las conversaciones, en la agenda de discusión, en las condiciones del desarrollo de la guerra, en el respeto a los derechos humanos, en la aplicación de normas de la cual se beneficien prisioneros de guerra y la población civil, avances en el proceso de paz y en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una nueva Colombia donde la correlación de fuerzas marca mucho a favor de la guerrilla.
EFECTOS DE LA BELIGERANCIA EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
v El Estado colombiano, al reconocer la beligerancia de las FARC y el ELN, les atribuiría responsabilidad internacional por sus actos, sometería el conflicto a las reglas del DIH y tendría la potestad de exigir la neutralidad de los otros Estados frente al conflicto.
v Este reconocimiento pondría las reglas en claro entre las partes, situando el conflicto dentro de los límites de Colombia y evitando la intervención de potencias militares, que podrían sacar de toda proporción este conflicto y llevarlo a extremos mucho más graves que los hasta ahora alcanzados, como es el caso de EEUU, cuya práctica en estas situaciones es ampliamente conocida y repudiada.
CASOS DE OTORGAMIENTO DE CARÁCTER BELIGERANTE
A ORGANIZACIONES CENTROAMERICANAS
v Declaración Franco-Mexicana de reconocimiento al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En una declaración conjunta, los gobiernos de Francia y México reconocieron el carácter beligerante del FDR- FMLN.
El 28 de agosto de 1981, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castaneda, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Claude Cheysson, sostuvieron un intercambio de opiniones en relación con la situación existente en América Central, ante lo constituía una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región, en virtud de los riesgos de internacionalización de la crisis.
Ante tal situación, ambas delegaciones formularon la declaración siguiente:
“Convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador, la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Conscientes de su responsabilidad como miembros de la Comunidad Internacional e inspirados en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político.
Reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan.
En consecuencia, es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis. Recuerdan que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas las fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático.
Hacen un llamado a la Comunidad Internacional para que, particularmente dentro del marco de las Naciones Unidas, se asegure la protección de la población civil, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, y se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas en lucha, a fin de que se restablezca la concordia en el país y se evite toda la injerencia en los asuntos internos de El Salvador”.
v Reconocimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1978) como fuerzas beligerantes, por el Gobierno Provisional nombrado por el FSLN y otras organizaciones durante los meses finales de la insurrección contra Somoza.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (1978), gozó del reconocimiento internacional como fuerza beligerante, al ser reconocido por el Gobierno Provisional nombrado por el FSLN y otras organizaciones durante los meses finales de la insurrección contra Anastasio Somoza Debayle.
ANALOGÍAS ENTRE LAS FARC Y PROCESOS CENTROAMERICANOS
RECONOCIDOS COMO FUERZAS BELIGERANTES
A continuación, se enumeran las condiciones de hecho que caracterizan a las FARC y tal vez al ELN, que fueron tomadas en cuenta, para el otorgamiento del carácter beligerante a los procesos armados centroamericanos:
1. Estructura orgánica, análogas a las fuerzas regulares: Escuadras, Guerrillas, Compañías, Columna, Frente, Bloque, Estados Mayores, mandos centrales con sus respectivos jefes y una clara jerarquía militar interna con grados.
2. Establecimiento de normas de funcionamiento, con estatutos, Reglamento de Régimen Disciplinario, Normas Internas de Comando, instancia de discusión y resolución como las Conferencias Nacionales.
3. Acciones armadas y enfrentamientos con tropas regulares.
4. Constituyen poder militar, poder político, poder social, poder ideológico, poder diplomático, poder de decisión.
5. Extendida base social.
6. Incidencia en la vida política nacional.
7. Participación vigente y activa en instancias regionales e internacionales.
8. Vinculaciones con los Poderes estatales.
COLOMBIA: UN CASO PARADÓJICO
Reconocimientos de facto: Los gobiernos colombianos, desde 1980, con Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, efectuaron el reconocimiento de facto a la guerrilla, al establecer mesas de diálogo y acuerdos de paz, aunque sin considerarla de manera manifiesta, como “fuerza beligerante”.
Las FARC como interlocutor válido en el conflicto:
El gobierno de Andrés Pastrana definió como política de Estado, el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en un intento de alcanzar acuerdos que beneficien a la sociedad colombiana.
Altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos sostuvieron una conversación no pública con representantes de las FARC-EP, en Costa Rica.
Ante el poder militar de las FARC, los actores internacionales las han reconocido un factor decisivo para el desenlace del conflicto social y armado en Colombia, como la principal oposición política al sistema y sus gobiernos y como elemento sustancial en el proceso interno colombiano.
Recomendaciones para iniciar el proceso de paz. El 13 de diciembre de 1998, un grupo de juristas de varios países europeos, se dirigieron al presidente Pastrana y al comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, para plantear “la posibilidad, sensata y concreta, de una solución política del conflicto, a través del proceso de diálogo iniciado entre las fuerzas beligerantes; con los decretos presidenciales que ordenaron la desmilitarización de una porción del territorio nacional acordado como zona para las conversaciones directas y el reconocimiento explícito, en tales decretos, de la guerrilla como interlocutor político o fuerza política beligerante”.
CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BELIGERANCIA,
ASUMIDAS POR TRATADISTAS EN DERECHO INTERNACIONAL
v El reconocimiento de beligerantes solamente procedería cuando el conflicto interno ha alcanzado la dimensión de una auténtica guerra civil, es decir:
1) Una situación real de guerra, es decir que no se trate de una simple revuelta sino de una guerra en sentido propio, caracterizada por un estado general de hostilidades.
2) Que los insurgentes ejerzan el control de hecho de una porción del territorio del Estado contra cuyo gobierno legítimo se han alzado en armas.
3) Que los insurgentes cuenten con alguna forma de gobierno y dispongan de una organización militar propia.
4) Que los insurgentes ejerzan dentro de ese territorio un cierto grado de control administrativo.
5) Que los insurgentes estén en condiciones de cumplir con las normas del derecho de la guerra.
v Un reconocimiento prematuro o no justificado de beligerancia, configuraría una injerencia en los asuntos internos del Estado, en cuyo territorio se desarrolla el conflicto, razón por la cual los gobiernos deben ser sumamente cautelosos al tratar con grupos irregulares alzados en armas contra un gobierno legítimo.
v El reconocimiento de beligerancia puede provenir del propio gobierno legítimo del Estado, contra cual han insurgido los alzados en armas o de un tercer Estado ajeno al conflicto y no necesariamente tiene que ser expreso, sino que puede resultar implícito como resultado ciertos actos o posiciones que indican la clara intención de acordar a los insurgentes la condición de beligerantes. Al reconocer a los rebeldes como beligerantes, el tercer Estado asume automáticamente la condición de neutral.
ARGUMENTOS ADVERSOS A LA BELIGERANCIA:
Algunos tratadistas de Derecho Internacional que se oponen al reconocimiento de las FARC, consideran que la noción de beligerancia ha entrado en obsolescencia, en tanto:
A partir de 1945, comenzaría a perder importancia como resultado de diversos factores, tales como: la Carta de las Naciones Unidas, al abolir el derecho de los Estados a recurrir a la guerra, la interdependencia económica, las nuevas formas y métodos de hacer la guerra, las rivalidades ideológicas.
La adopción de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Humanitario y sus Protocolos Adicionales de 1977, particularmente el Protocolo II, que al establecer que las normas del derecho humanitario son aplicables a los conflictos internos, habría hecho innecesario invocar la beligerancia y la neutralidad.
El papel de las Naciones Unidas en los conflictos armados internos, permitiendo alcanzar soluciones con la participación de todos los contendientes sin que ello implique el reconocimiento de beligerancia.
CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. A la violencia que caracteriza las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX, hasta la época del Frente Nacional (1958-1978), hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa.
La política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición, explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 17.000 y 3.000 efectivos, respectivamente.
Cabe destacar, que a principios de los años ochenta, surgieron los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para llevar a cabo la lucha contrainsurgente.
EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
Belisario Betancur (1982 – 1986)
Comienza con el proceso de paz de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986. El común de la gente piensa que los intentos de paz del presidente Betancur fracasaron. Sin embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un cambio importante en la dirección del discurso político del país. Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional:
v El primero, reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ella.
v El segundo, planteó que Colombia, como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de apertura democrática.
El nuevo planteamiento era un viraje radical. Para Betancur, el paso fundamental del proceso de democratización colombiano era la negociación con la guerrilla, sobre la base de su eventual participación en un sistema político reformado.
Durante el gobierno de Betancur, se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz.
Virgilio Barco (1986-1990)
Su gobierno hizo una evaluación de la política de paz de Betancur. Los nuevos consejeros concluyeron que sus predecesores no tenían un proyecto definido, no había metas claras ni cronogramas o fechas límite precisas, no había tiempo de difusión; había demasiados actores sociales involucrados, pero sin un compromiso definido y efectivo por parte del gobierno.
A partir de estas evaluaciones, el gobierno de Barco fundó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, como símbolo y garantía del compromiso del gobierno al más alto nivel. A través de esta nueva oficina, el gobierno redujo el alcance de las negociaciones a unos asuntos que consideró manejables.
En vez de una agenda de negociación amplia y abierta, quería negociar con la guerrilla únicamente, sobre los pasos del desarme y la posterior incorporación en la vida política legal. Los otros asuntos políticos y sociales deberían ser tratados en otros foros y dirigidos a otros contrincantes que no pertenecían a los movimientos armados. El gobierno quería reafirmar la autoridad del Estado como Estado. Así, junto con el proyecto de negociaciones restringidas con la guerrilla, el gobierno Barco desarrolló una serie de programas, tales como el Plan Nacional de Rehabilitación y el establecimiento de los consejos municipales y departamentales de rehabilitación.
En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar a la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema de "mano tendida; pulso firme".
César Gaviria Trujillo (1990-1994)
En 1990, tomó la presidencia de la República, César Gaviria Trujillo, hoy día secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA. En diálogos con los movimientos guerrilleros, el liberal consiguió la desmovilización de la mayor parte del Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PTR, el Quintín Lame y las Milicias.
Un posible nuevo diálogo con la guerrilla más antigua del mundo se veía más lejos, luego de una acción de las Fuerzas Militares que atacaron el campamento de la Uribe, donde se mantenía asentado el comando de este movimiento. Corría el 1991, año en que iniciaba la constituyente.
César Gaviria adelantó en la ciudad de Caracas (Venezuela) y posteriormente, en Tlaxcala Cravo Norte (México), diálogos con la Coordinadora Guerrillera (CGSB), de la que hacían parte las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL.
El gobierno de Gaviria se reunió el 15 de mayo de 1991, con la Columna de la Coordinadora Guerrillera, para fijar los inicios de un nuevo diálogo de paz. Como resultado, las partes adelantaron dos nuevos contactos directos, uno en Caracas, desde el 1 de junio, y otro en un lugar que no se especificó.
En la fecha fijada se iniciaron los diálogos en Caracas, allí el gobierno planteó el estudio de un eventual cese de hostilidades, ratificación de los protocolos I y II de Ginebra sobre DIH y la posible participación de la guerrilla en la Asamblea Constituyente.
El gobierno planteó cuatro puntos ejes en el diálogo: el cese de hostilidades, presencia de la guerrilla en la Asamblea Constituyente, reinserción y desmovilización.
Por su parte, las Farc propusieron que se les dejara participar en una de las sesiones de Asamblea, pusieron como tema fundamental el desmonte del paramilitarismo y del estado de sitio.
El desarrollo de los puntos contemplados en la agenda, fueron interrumpidos en varias oportunidades por múltiples razones. Una de las interrupciones fue determinada por el mismo gobierno, después del intento de asesinato contra el presidente del Senado de ese entonces, Aurelio Iragorri Hormaza, del cual salió ileso, pero murieron siete de sus acompañantes.
El 10 de marzo se reanudó la ronda de conversaciones en México con la columna guerrillera. Allí estuvieron presentes varios funcionarios del gobierno, voceros de los partidos políticos, gremios, sindicatos y otros estamentos de la vida civil.
El 11 de junio, el Gobierno declaró oficialmente cerrado el capítulo de las negociaciones. Este se convirtió en un tercer intento, que aunque fallido, dejó en claro que la mejor opción es la salida negociada.
Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998)
El gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), no avanzó sustancialmente en diálogos con movimientos guerrilleros, pero le dio la oportunidad a la sociedad civil de tener un espacio importante en la búsqueda de la paz. Durante su mandato fue elegido Carlos Holmes Trujillo, quien realizó los primeros acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, quienes sus dirigentes se encuentran presos en la cárcel de Itaguí.
Los acercamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc se realizaron por medio de la Comisión de Conciliación Nacional, que fue creada por la sociedad civil.
Este Consejo, aunque no tenía la suficiente autonomía para actuar, logró en conjunto con el Comité Nacional de Paz un acercamiento con el ELN. Fue cuando se inició el proceso de paz con Andrés Pastrana.
PASTRANA (1998 - 2002)
Desde la misma campaña presidencial, se consolidó la intención tanto del grupo de las Farc, como la del en ese entonces candidato Andrés Pastrana Andrés Pastrana Arando, de iniciar con un proceso que llevara finalmente a la paz.
El proyecto político de Pastrana a desarrollarse en el periodo de 1998 - 2002, se resumía en tres importantes vertientes: el diálogo con la guerrilla, el plan de desarrollo para la paz y la reforma política.
Entre las estrategias realizadas para el buen ambiente de los diálogos se estableció la Zona de Distensión, conformada por cinco municipios del Meta y Caquetá que fueron desmilitarizados. El área neutral, como también fue denominada, se convirtió en el centro de atención durante los tres años que duró el quinto intento de paz.
Paralelo a las negociaciones con las Farc, el gobierno inició también importantes acercamientos con el ELN.
Los notables avances con estas agrupaciones dieron pie para que por decreto, se le diera carácter político a las Farc y al ELN.
En estas negociaciones tomó protagonismo la intervención del sector internacional tanto en el financiamiento, como directamente en el proceso.
Desde 1998, Colombia entra en un proceso de negociación entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y los líderes del grupo armado más numeroso del momento (…) como son las FARC, en función de la agudización del conflicto en los años previos. Este proceso, le dio a las FARC un carácter político reconocido por actores internacionales, en la búsqueda de una disminución de los enfrentamientos y de intentar buscar un nuevo pacto social que ayudara a preparar el terreno para lograr un desarrollo democrático.
Estas negociaciones en un primer momento, tuvieron un apoyo en la estructura política del Estado y de la sociedad, así como de los grupos económicos que veían en el conflicto como un freno para la inversión y el desarrollo económico del país. Por el contrario, este proceso tuvo una oposición por parte de grupos de terratenientes, miembros de la clase media, sectores del ejército, y las recién estructuradas AUC de Carlos Castaño que veían en la confrontación directa o bélica la única salida al conflicto con la guerrilla colombiana.
La búsqueda de la paz fue materializada por Pastrana, con el apoyo en un primer momento de EEUU, lo cual tenía como objetivo, implantar como puntos en las negociaciones: la exigencia de la erradicación de cultivos de coca, amapola y marihuana, enmarcada en su política de lucha contra las drogas, algo paradójico ya que según Jairo Estrada, “los EEUU y Europa es donde se produce el lavado de dinero y la inversión de por lo menos 98.33% de los recursos que genera el negocio del narcotráfico anualmente, es decir, 46,650 millones de $ descontando los 2,500 millones de $ que regresan a Colombia por este concepto”.
El 14 de octubre de 1998, se creó, en virtud de este proceso de Paz, una “zona de distensión” de aproximadamente 42,319 kilómetros cuadrados del territorio colombiano, de esta manera se oficializó el status político de las FARC.
El 7 de enero de 1999, Pastrana dio inicio a los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. Esto con el transcurrir del tiempo, es decir, 2 años aproximadamente se fue convirtiendo en debates improductivos debido a las posiciones, antagónicas de los actores en discusión, lo cual fue creando escepticismo por parte de diversos grupos de la sociedad colombiana.
Esta inestabilidad acompañó dicho proceso, demostrándose en la práctica, por los malestares dentro de la FFAA colombiana frente a estas decisiones. Esto se evidenció con la renuncia del ministro de la defensa Rodrigo Lloreda, debido a la forma en como se estaba manejando los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano.
Uno de los factores que hizo que las reacciones del Ejército colombiano no pasaran a mayores consecuencias, fue que paralelamente a este proceso, las FFAA se fueron fortaleciendo, gracias a la construcción del Plan Colombia. Según Ahumada, para “1998, cuando Pastrana llegó al poder, no había más de 20 mil soldados profesionales, para el 2001, el número llegaba a 60 mil y los helicópteros pasaron de 20 a 200, esto con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Colombia por el orden de 2085 millones de $”.
La prolongada concertación, sin concluir, fue promoviendo tras bastidores, la incorporación del Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano, el 13 de junio de 2000, con el nombre de US Aid Package, destinados para Colombia, representando una redimensión del conflicto, debido al afianzamiento de la ayuda militar y consensuado entre los dos países Estados Unidos como eje rector y Colombia como anexionista a dichos planes continentales, debido a la deslegitimación del Estado para abordar su conflicto interno.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL DE PASTRANA
“DIPLOMACIA PARA LA PAZ”
En junio y julio de 1998, dos fotografías sorprendieron a Colombia; después de mucho años sin certeza de su existencia, el pueblo colombiano volvió a ver al guerrillero más antiguo del país y de Latinoamérica, se trataba de Manuel Marulanda Vélez, junto al candidato presidencial Andrés Pastrana, el cual afirmaba al país “la confianza en unas negociaciones que, como Jefe de Estado, asumiría en forma personal”. Días después, el presidente electo viajaría a Washington para entrevistarse con el presidente norteamericano Bill Clinton, para entregarle una agenda de 10 puntos, que para las FARC, era considerada como “una plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”.
La posición de las FARC frente al interés de negociar del gobierno que estaba por empezar, fue que “la solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos, entendido como un problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y compromisos de las grandes potencias, como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”. En palabras del analista colombiano Enrique Santos “Andrés Pastrana tenía que explicarle a Estados Unidos que la estrategia de bombardear los cultivos de hoja de coca en territorios de la guerrilla era una pésima forma de combatir el narcotráfico en la Colombia de aquí y de ahora”. Más adelante se verá si dicho planteamiento convenció o no a los estrategas norteamericanos.
La elección de Pastrana como Presidente el Junio de 1998, llegó con el entusiasmo propio del fin de una contienda electoral en la cual el punto central y decisivo “fue la decisión de apostar por el diálogo con las FARC”. La reunión con el jefe máximo de ese movimiento guerrillero, Manuel Marulanda, fue calificada como inédita y valerosa en la historia reciente del país. Ello mereció a la vez, amplio “respaldo popular 102 Hernán Moreano Urigüen y recelo militar”. De igual manera el candidato electo planteó en los Estados Unidos su propósito de “establecer una amplia zona de despeje para iniciar conversaciones con el movimiento guerrillero”. Los congresistas del Capitolio no lo entendieron muy bien, e incluso les preocupaba la idea de que dicha zona por desmilitarizar fuera una de las más grandes productoras de coca.
Una vez inaugurada la nueva administración el eje de la política exterior del país se basó en la denominada “Diplomacia para la Paz”, cuyo fin era conseguir apoyo económico y político internacional. En el discurso de posesión del Pastrana se menciono la frase “Internacionalizar la Paz”, la cual mostraba que la lucha contra la drogas era también responsabilidad de la comunidad internacional, en especial también de las naciones consumidoras para el control del lavado de dinero, el comercio de precursores químicos y el tráfico ilícito de armas; al igual que el apoyo al control de los derechos humanos bajo el derecho internacional humanitario en el conflicto armado interno.
ZONA DE DISTENSIÓN
La zona de distensión se creó mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, con el único propósito de adelantar el proceso de diálogos y negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-ep. Ésta comprendió los Municipios de la Macarena, Mesetas, Uribe, y Vista Hermosa en el Departamento del Meta, y San Vicente del Cagúan en el Departamento del Caquetá. Su área era de 42.000 Kilómetros Cuadrados aproximadamente.
La vigencia de esta zona, también denominada como "neutral" o "área de despeje", fue prorrogada mediante las Resoluciones No. 07 del 5 de febrero de 1999, 39 de 7 de mayo de 1999, 39 del 4 de junio de 1999, 92 del 1 de diciembre de 1999, 19 del 6 de junio de 2000, 101 del 6 de diciembre de 2000, 04 del 31 de enero de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002.
De otra parte, mediante Resolución 31 de 7 de marzo de 1999 se autorizó la creación de un Cuerpo Cívico de Convivencia para la zona con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades normales de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y libertades públicas.
Dicho cuerpo estaba al mando de los Alcaldes de los Respectivos municipios y cuenta con un convenio de cooperación entre la Policía Nacional y el Fondo Especial para la Paz, lo cual garantiza su pleno funcionamiento.
En cuanto al poder judicial, si bien éste no tenía presencia física en la zona, mantenía su jurisdicción en toda el área con asiento en las cabeceras de los municipios que circundaban la zona y en las capitales departamentales.
Para reforzar lo anterior, el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo creó una oficina en la cual tenía como supuesta función atender las denuncias de violaciones a los Derechos Fundamentales.
La región que comprendía la zona de distensión con sus cinco poblaciones ya mencionadas gozaban de gran importancia estratégica, no sólo por su riqueza etno-cultural, su diversidad en fauna y flora, además de ser reserva natural de la biosfera, sino por ser el centro de atención internacional por el desarrollo de los diálogos y la negociación con la guerrilla activa más vieja del país y del mundo.
Con su creación, el gobierno pensó en aterrizar un proyecto real de paz y una notable reducción de los hechos de violencia en el sur oriente colombiano.
Zona que responde a las exigencias siguientes:
a) Se han evacuado de ella a los combatientes, las armas y los materiales;
b) No se hace un uso hostil de las instalaciones o establecimientos militares fijos;
c) Ni las autoridades ni la población civil cometen dentro de ella actos de hostilidad;
d) Ha cesado en ella toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.
Es posible, no obstante, que las fuerzas de policía se estacionen en ella para mantener el orden. El procedimiento relativo a la creación, el reconocimiento y la determinación del signo distintivo de una zona desmilitarizada está regido por reglas detalladas. La noción de zona desmilitarizada se asemeja a la de zonas y localidades sanitarias, a la de zonas neutralizadas y a la de zonas y localidades sanitarias y de seguridad (cf. GP I, art. 60). V. también: Localidad no defendida.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ
1998
7 de noviembre: Las FARC anuncian que no comenzarán negociaciones hasta que 130 soldados desarmados del Batallón Cazadores, que se quedaron para funciones administrativas, abandonen la zona. Los soldados son retirados por el gobierno.
Octubre: mediante una resolución se establece la zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán hasta el 7 de febrero de 1999.
1999
7 de diciembre: Se realiza una quinta prórroga de la zona hasta el 7 de junio de 2000
18 de julio: Las FARC congelan el diálogo por estar en desacuerdo con el gobierno sobre la creación de una comisión de verificación que atienda denuncias sobre violaciones de derechos humanos en la zona. El gobierno retira la propuesta.
7 de junio: Se prorroga la zona hasta diciembre de 1999.
7 de mayo: Se prorroga la zona de distensión por un mes más.
6 de mayo: El Gobierno y las FARC definen una agenda de doce puntos que comienza a analizarse en la mesa de Negociación. Una comisión del congreso de EEUU visita la zona.
2 de mayo: El presidente Pastrana viaja a la zona neutral para reunirse con Marulanda y firmar un acuerdo escrito, en un intento por reactivar el proceso.
20 de abril: Se reanudan las conversaciones de los miembros de la mesa de negociación. Presentan el borrador de la agenda única.
3 de marzo: Se encuentran los cadáveres de los indigenistas estadounidenses Ingrid Washinawatok, Laheenae Gae y Terence Freitas, secuestrados y asesinados por un frente de las FARC, que se compromete a investigar y castigar a los autores.
5 de febrero: se amplia la zona por 90 días más.
19 de enero: Las FARC anuncian la primera "congelación" de las conversaciones a la espera de informes oficiales sobre la lucha contra los paramilitares, tras una serie de masacres.
7 de enero: Se instala la mesa de negociación tras una ceremonia a la que asiste el presidente, Andrés Pastrana, pero no acude el jefe máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez.
2000
6 de diciembre: Pastrana prorroga por 55 días la vigencia legal de la zona neutral, un período mucho menor a los anteriormente decretados, en un mensaje a las FARC para que haya avances.
14 de noviembre: Las FARC anuncian la "congelación indefinida" de las negociaciones hasta que el Gobierno muestre resultados en la lucha contra las paramilitares.
26 de octubre: Se reanudan las negociaciones, después de que se crea un comité para solucionar el escollo ocasionado por el secuestro.
8 de septiembre: El guerrillero Arnubio Ramos, preso en una prisión de Bogotá, secuestra el avión en el que era trasladado hacia un juicio en la ciudad de Neiva y lo desvía a San Vicente del Caguán, donde queda bajo protección de las FARC. El gobierno suspende las negociaciones y exige la entrega del secuestrador; la organización guerrillera se niega.
7 de julio: El fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, asegura tener pruebas de que dos niños secuestrados, por cuya liberación se exigen grandes sumas de dinero, están en poder de las FARC. El grupo insurgente también ofrece investigar las denuncias.
7 de junio: Se extiende el plazo de la zona de distensión hasta el 7 de diciembre.
22 de mayo: El gobierno suspende las negociaciones hasta que se esclarezca la autoría del crimen del "collar bomba". Días después, reconoce que no fue una acción de los rebeldes.
16 de mayo: Una banda de delincuentes asesina con un "collar bomba" a la campesina Ana Elvia Cortés en el departamento de Boyacá. Los oficiales acusan del crimen a las FARC, que rechazan los cargos.
3 de marzo: El consejero Jaime Ruiz y el director nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas, viajan a la zona para exponer el Plan Colombia.
1º de febrero: La comisión negociadora de las FARC sale hacia Europa para realizar una gira de 33 días.
29 de enero: Se inauguran las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Los medios de comunicación se niegan a asistir por el secuestro del director de un noticiero de televisión.
2001
25 de diciembre: Las FARC señalan que el proceso de paz sigue en crisis.
24 de diciembre: El alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, anuncia la reanudación de los contactos.
17 de octubre: Las FARC se levantan de la mesa y piden el fin de las nuevas medidas de control.
7 de octubre: Pastrana prorroga la zona de distensión hasta el 20 de enero de 2002 pero anuncia mayores controles en torno a la misma tras el secuestro y asesinato de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera.
5 de octubre: El gobierno y las FARC suscriben el "Acuerdo de San Francisco de la Sombra", que los compromete con la inmediata discusión de un cese el fuego y de hostilidades.
8 de febrero: Pastrana y Marulanda dialogan sobre el intercambio de prisioneros, la lucha contra los paramilitares, los resultados el proceso de paz y el Plan Colombia.
2 de febrero: Marulanda acepta entrevistarse con Pastrana el jueves 8 de febrero.
31 de enero: El presidente Pastrana anuncia la prórroga por unos días de la zona de distensión de más de 42.000 kilómetros cuadrados con el único propósito de reunirse con Marulanda para discutir el futuro del proceso de paz.
24 de enero: La Corte Constitucional refrenda la facultad del presidente Pastrana para crear zonas de distensión.
23 de enero: El ejército anuncia la movilización de 2.5000 soldados hacia la frontera de la zona de distensión.
22 de enero: Pastrana, de viaje por Francia y Suecia, insta a las FARC a reanudar las negociaciones a cambio de prorrogar el territorio neutral. Marulanda defiende los avances para lograr la liberación de prisioneros, a pesar de que no hay negociación.
21 de enero: El Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, se reúne con las FARC para analizar propuestas de las partes.
17 de enero: Marulanda pide la prórroga indefinida para la zona de distensión.
4 de enero: El gobierno solicita a las FARC que aclaren si tienen responsabilidad en el asesinato del congresista Diego Turbay y su familia.
2002
20 de Febrero: Un frente de las FARC secuestra un avión de cabotaje. Liberan a todos los pasajeros, excepto a uno: el senador Jorge Gechem. En la noche, el presidente Andrés Pastrana anuncia el fin del proceso de paz.
14 de febrero. Los candidatos presidenciales Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón e Ingrid Betancourt asisten a un foro en la zona de distensión, en el que critican los atentados de las FARC y piden a guerrilla y Gobierno evitar por todos los medios una guerra mayor.
15 de enero: Después de vencerse los dos plazos de 48 horas otorgados por el presidente Andrés Pastrana, los negociadores tienen una nueva fecha límite, el 20 de enero. Ese día vence la prórroga decretada en octubre del año pasado para la vigencia de la zona desmilitarizada.
14 de enero: Embajadores de la ONU y diez países negocian contra reloj para evitar que se termine el proceso de paz con las FARC.
13 de enero: Con el plazo otorgado por el presidente Andrés Pastrana ya vencido, las FARC presentan un proyecto para continuar con el proceso de paz. Pastrana rechaza la propuesta.
12 de enero: James Lemoyne, mediador de Naciones Unidas en el conflicto entre el gobierno y las FARC, comunica a través de la televisión que parece inevitable una incursión del ejército a la llamada zona de distensión.
10 de enero: El presidente Andrés Pastrana concede un plazo de 48 horas para que el representante de Naciones Unidas en Colombia, James Lemoyne, realice una misión mediadora que permitiera rescatar el proceso.
9 de enero: El comisionado Gómez da por finalizado el proceso de paz.
8 de enero: Los delegados del gobierno y las FARC no logran avances tras un encuentro de 10 horas. La guerrilla envía nueve cartas abiertas al presidente, a la ONU, al Congreso y a la iglesia Católica, en ellas responsabilizan al Ejecutivo por un eventual fracaso del diálogo.
3 y 4 de enero: Las partes no logran reactivar el proceso debido al tema de los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada.
FIN DEL PROCESO DE PAZ
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dio por terminado el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ordenó a las Fuerzas Militares que retomen el control de la zona desmilitarizada donde se llevaban a cabo las negociaciones.
El anuncio se realiza luego de que el gobierno acusara a las FARC del secuestro de un avión -hecho que los rebeldes negaron-.
En una alocución televisada en directo, el mandatario hizo un resumen de los acontecimientos alrededor del proceso de paz iniciado en 1999, con la firma del acuerdo de Los Pozos.
Pastrana dio a las FARC unas horas para retirarse.
Durante su exposición, Pastrana mostró fotografías de las nuevas instalaciones construidas por el principal grupo guerrillero del país en la zona desmilitarizada, a lo largo de estos tres años.
El Presidente se dirigió directamente a Manuel Marulanda, máximo comandante de las FARC, a quien acusó de burlarse de la buena fe de todos los colombianos.
"Decretamos una zona para sostener negociaciones... y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados".
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN
Antecedentes
"Procesos de Paz en Colombia: Historia de Fracasos, traición y exclusión". Ejército de Liberación Nacional. (Desde la década de los 50's a la fecha).
Antecedentes del Proceso de Paz. Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia.
Instrumentos jurídicos
Resolución nº 83. Ministerio de Defensa Nacional. 9 de Octubre de 1998. Con esta resolución se da por iniciado el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, y este último queda considerado como una organización armada con carácter político.
Proceso de Negociación y ruptura
Acuerdos de Puerta del Cielo. Alemania, 15 de julio de 1998. Firmados por la Sociedad Civil aquí representada, el ELN y el Comité Nacional de Paz, con la facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia. Están encaminados al inicio del Proceso de Paz y el desarrollo del proceso de una Convención Nacional. Este proceso se estancó a los pocos meses de iniciado, con la actitud negativa del presidente Pastrana hacia el desarrollo de la propuesta con dicho enfoque.
Acuerdo de Río Verde. 11 al 13 de octubre de 1998. Se acordó, con los delegados del acuerdo de Alemania, abordar un bloque temático que recoge los grandes problemas que se deben solucionar para una paz real y duradera:
1. Garantizar la vigencia integral de los derechos humanos, el DIH y acabar con la impunidad.
2.- Construir el Estado de Derecho que represente y condense el interés nacional, la participación democrática y el papel de las Fuerzas Armadas.
3.- Establecer un modelo económico que garantice la justa distribución de la riqueza, y que esta riqueza esté en función del desarrollo y el bienestar actual y el de las futuras generaciones.
4. Defender la soberanía nacional y los recursos naturales, para que éstos estén en función del desarrollo del país.
Reglamento para la "zona de encuentro" y el reglamento para su verificación, se elaboraron y acordaron, entre el Gobierno Nacional y el ELN, con el fin de celebrar la Convención Nacional y los diálogos y negociaciones de paz, respetando los derechos y libertades de la comunidad comprometida en ella.
Declaración de Ginebra. 25 de julio de 2000. El "encuentro por el consenso nacional por la paz de Colombia" sostenido entre sectores de la sociedad civil, representantes del Gobierno y el ELN en Ginebra, Suiza, fue un paso importante para el avance del proceso de paz. Las partes respondieron positivamente a la solución política negociada, la Convención Nacional y al acatamiento del Derecho Internacional Humanitario.
Crisis del proceso de paz. 12 de Abril de 2001. Este documento pone de manifiesto la ruptura de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Ruptura que se oficializará a principios de agosto del mismo año y que el ejecutivo colombiano atribuya a la falta de voluntad política del ELN para la paz. En este documento, el ELN explicita cuáles son los elementos que han contribuido a paralizar el proceso de negociación. Entre estos elementos se destaca la falta de credibilidad de los acuerdos y la persistencia de acciones paramilitares en la supuesta zona de encuentro así como la no actuación de las fuerzas públicas para parar a estos grupos.
Encuentro de Estocolmo. 23 al 25 de abril de 2001. En este encuentro participaron representantes del ELN, Gobierno de Suecia y el gobierno colombiano, delegados de la ONU, de ONG de Europa y Colombia y representantes de varias organizaciones sociales comprometidas con la paz.
En este encuentro se centró una reflexión profunda sobre el proceso de paz de Colombia, el aporte positivo de la Comunidad Internacional, la aplicación del DIH y los DDHH y el intercambio sobre experiencias de procesos de paz en otros países.
Cumbre por la Paz en la Habana, Cuba. 29 a 31 de enero de 2002.
Declaración de la Habana. 31 de enero 2002. La declaración propone la creación de una comisión conjunta del Gobierno, el ELN, con el acompañamiento del Grupo de Países Amigos, facilitadores del proceso de paz colombiano, y del representante del secretario general de Naciones Unidas, con el fin de llevar a cabo acuerdos humanitarios y sociales. Al referirse a acuerdos humanitarios, el documento formula nueve puntos que incluyen la desvinculación de los menores del conflicto armado, inversión social en zonas de conflicto, respeto a la infraestructura eléctrica, vial y petrolera, y localización y erradicación de todo tipo de minas antipersonal.
Ponencia del ELN. 30 de enero de 2002.
Suspensión de los Diálogos de Paz
Discurso por el Presidente Andrés Pastrana donde explica la ruptura con el ELN. 31 de mayo de 2002. El presidente Andrés Pastrana rompió las conversaciones con el ELN, argumentando la imposibilidad de acceder a las demandas de esta organización insurgente respecto de la financiación de la tregua. Pastrana también responsabilizó al ELN por su negativa a firmar un acuerdo que, según él, se había redactado conjuntamente, además de señalar que las negociaciones en medio del conflicto se agotaron.
Comunicado del Ejército de Liberación Nacional. 3 de junio de 2002. El ELN respondió al anuncio del Gobierno con un comunicado titulado "La paz exige grandeza", en el que denunció la incapacidad del Gobierno de cumplir sus compromisos. Citaron como ejemplo la zona de encuentro en el sur de Bolívar y el incumplimiento del Acuerdo de La Habana del 2001 y el de Transición hacia el próximo gobierno. Anunciaron además que el ELN mantiene su postura de trabajar por una salida política al conflicto.
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC
Antecedentes
En las últimas décadas, la historia colombiana ha presenciado numerosas treguas, en las cuales las partes involucradas directamente en el conflicto se han comprometido a suspender sus hostilidades, a través de la firma de acuerdos o armisticios. Una de las más significativas por sus contenidos y alcances quizás haya sido la de 1984.
Con la aprobación de la Ley General de Amnistía, en 1982 (Ley No. 35 del 19 de noviembre) y la derogación del Estatuto de Seguridad -a cuyo amparo, el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) había adelantado una abierta represión contra las organizaciones populares- surgen en el país condiciones favorables para iniciar un proceso de cese al Fuego, Tregua y Paz, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente, Belisario Betancur (1982-1984).
Este proceso cristaliza en la firma de los Acuerdos de cese al Fuego y Tregua, el 28 de marzo de 1984, en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. El Documento -más conocido como "los acuerdos de la Uribe" - fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP.
Dos meses después de firmado el acuerdo, el 28 de mayo de 1984, las FARC-EP ordenaron el cese del fuego a todos sus frentes guerrilleros (en un número de 27, para ese momento). Simultáneamente y, dando curso a lo acordado, el Presidente Betancur -Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Oficiales- dio la misma orden a todas las autoridades civiles y militares del país. El pacto, en ningún momento, contemplaba la entrega de armas por parte de la insurgencia.
Instrumentos jurídicos para la negociación:
Resolución 84 del 14 de Octubre de 1998. En virtud de la Ley 418 de 1997 y de la Ley 417 del mismo año se reconoce a tres miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como representantes de este grupo en el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano.
Resolución 85 del 14 de Octubre de 1998. Es el inicio formal del proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano y supone el establecimiento de la zona de distensión que funcionará a partir del 7 de noviembre del mismo año y que abarcará los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa (todos ellos situados en el departamento de Caquetá). El período de vigencia de la zona de distensión será fijado temporalmente por el ejecutivo de la República.
Resolución 01 del 5 de Enero de 1999. Establece la extensión del artículo 8 de la Ley 418 (suspensión de órdenes de captura y capacidad para moverse por el territorio nacional) a los portavoces o miembros-representantes de las FARC que participen en la puesta en funcionamiento de las mesas de diálogo en las que se deberá definir la agenda y las reglas de solución negociada del conflicto.
Decreto 333 de 28 de febrero de 2002. Por el cual se decreta un Teatro de Operaciones delimitado por diferentes áreas y se nombra comandante de dicho "Teatro de Operaciones" al señor Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, sin perjuicio de sus funciones como Jefe de Operaciones del Ejército Nacional.
Acuerdos
Acuerdo de la Uribe. 28 de marzo de 1984. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta).
Acuerdan que las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984. Cuando a juicio de la Comisión de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un año para que los integrantes de las FARC-EP puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión y podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios. El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes.
Prórroga del Acuerdo de la Uribe. 2 de marzo de 1986. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta).
Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de la Uribe, pensando en los altos intereses de la Nación y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar no sólo la continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos los ciudadanos.
Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. 6 de mayo de 1999. La Machaca, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este documento se enumeran los temas a tratar en las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, entre ellos: Solución política negociada, Protección de los derechos humanos como responsabilidad del estado, Política agraria integral, Estructura económica y social, Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario, etc.
Acuerdo de los Pozos. 9 de febrero de 2001. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP responde a la reanudación del proceso de negociación de la paz, que se paró a finales de 2000. En este acuerdo se prevé, entre otras cuestiones, la creación por parte de la Mesa de Diálogo y Negociación de un nuevo organismo: la Comisión de Notables (personalidades nacionales) que deberá centrar su trabajo en la identificación de los mecanismos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Así mismo, se prevén fórmulas de autoevaluación del proceso de negociador y se anticipan los trabajos que, en términos de derecho internacional humanitario, acabarán dando lugar a un Acuerdo Humanitario, firmado por el Gobierno y las FARC, el 2 de junio de 2001 del que resultará la liberación de cerca de 250 policías y militares -según las FARC.
Acuerdo de San Francisco de la Sombra para Concretar y Consolidar el Proceso de Paz. 5 de octubre de 2001.San Vicente del Caguán (Caquetá).
Tanto el Gobierno como las FARC se comprometen a estudiar el documento presentado por la Comisión de Notables, el 19 de septiembre de 2001, que incorpora temas como la tregua, la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente o hacer partícipes a los candidatos presidenciales (las elecciones presidenciales colombianas se realizarán en mayo de 2002) y a los partidos y movimientos políticos, así como a diferentes sectores sociales y al Consejo Nacional de Paz, de diferentes temas relacionados con la consecución de la paz para favorecer el diálogo y el intercambio de opiniones. También se ratifica el respeto de las FARC a las personas democráticamente elegidas como alcaldes de los municipios que se sitúen en la zona de distensión así como a la desaparición de la práctica de la pesca milagrosa (así se conocen a los retenes que, de forma arbitraria, se colocan en diferentes zonas del territorio y que pueden conllevar el secuestro de personas con rentas medias/altas para después pedir rescates, así como el robo de posesiones personales, etc.).
Acuerdo de Cronograma de Consenso para el Futuro del Proceso de Paz. 20 de enero de 2002. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este acuerdo ambas partes ratifican que reiteran que la salida política negociada es la vía para resolver el conflicto armado en Colombia. Y uno de los puntos acordados se refiere a la conformación, de común acuerdo, de una Comisión Internacional de acompañamiento que permita servir de verificadores de los acuerdos y para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Asimismo, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación se fija como meta llegar a la firma de acuerdos concretos sobre tregua con cese de fuegos y hostilidades a partir de la disminución del conflicto, teniendo como fecha para lograrlo el 7 de abril de 2002.
Acuerdo sobre el Acompañamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación. 7 de febrero de 2002. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este acuerdo se consideraron a los miembros de la Comisión de Facilitación Internacional, los siguientes países: Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.
Ruptura del proceso de Paz.
Discurso del presidente Andrés Pastrana donde anuncia la ruptura de los diálogos de paz. 20 de febrero de 2002.
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunció el fin de las negociaciones de paz que su Gobierno emprendió en 1999 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dijo que desde esta fecha correrá un plazo para que las fuerzas militares recuperen la zona neutral creada para el proceso.
Resolución No. 31 de 2002. Por la cual se termina el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Farc y se deja sin efecto el reconocimiento de carácter político a la organización mencionada.
Resolución No. 32 de 2002. Por la cual se da terminación a la zona de distensión. En consecuencia, los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Vista Hermosa y Mesetas tendrán nuevamente presencia judicial y militar.
Resolución No. 33 de 2002. Por la cual se deja sin efecto el reconocimiento de los miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esta decisión implica que los negociadores de las Farc ya pueden ser objeto de captura por parte de las autoridades judiciales y militares, y que quedan derogadas todas las disposiciones que le concedían el estatus político a ese grupo guerrillero.
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y el M-19
En el proceso de negociaciones de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero M19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional incluyendo una opción en las papeletas para las votaciones generales del 11 de Marzo de 1990, los estudiantes, en particular los de las universidades, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una "Séptima Papeleta" ordenándole al ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente.
El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro León-Gómez y se desmovilizaron para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19.
Para la contienda electoral de 1990 tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero este fue asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer por sicarios a órdenes de las mafias del narcotráfico. En su reemplazo se presentó Antonio Navarro Wolf logrando el tercer lugar detrás de César Gaviria Trujillo y Álvaro Gómez Hurtado con 739.320 votos y superando al candidato del partido conservador Rodrigo Lloreda.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se presentaron a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvieron 19 puestos logrando la votación más alta que grupo alguno tuviera para dicho estamento, convocado con objeto de redactar la Constitución de 1991. Antonio Navarro logró ser uno de los tres presidentes de la Asamblea.
Antonio Navarro fue ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria y ha continuado siendo figura relevante de la política del país, como alcalde de la ciudad de Pasto, Representante a la Cámara, Senador, pre-candidato presidencial y Secretario general del Polo Democrático Alternativo y Gobernador de Nariño.
BREVE RESEÑA DE LOS PROCESOS DE PAZ QUE HAN OTORGADO BELIGERANCIA POLÍTICA A LOS MOVIMIENTOS INSURGENTES
Situación:
Toda resolución de conflictos armados por la vía paz involucra el reconocimientos de partes en pugna. Esta premisa se fundamenta en la culminación exitosa de algunos procesos de paz llevados a cabo en nuestro continente como fuera de sus fronteras. En este sentido, la firma de acuerdos de paz en países como Angola (2002), Sierra Leona (1999) Irlanda (2006), incluyeron el otorgamiento de estatus políticos a las fuerzas insurgentes.
Dentro de los procesos de paz llevados a cabo en Latinoamérica, destaca la labor del grupo Contadora (1983), quien jugó un rol determinante en la resolución de los conflictos armados en Centroamérica, frenando la intervención militar indirecta de la administración de Ronald Reagan, quien veía al exterminio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua) y del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional ( El Salvador), como único mecanismo para establecer la paz en la región.
La visión belicista de gobierno norteamericano de aquel entonces, se centró en apoyar abiertamente al famoso "Comandante Cero" desde Costa Rica, para realizar expediciones militares a partir de ese territorio, sobre Nicaragua.
Esta posición asumida por el gobierno de EEUU en relación a los conflicto armado en América, es retomada y a la vez potenciada, por el Gobierno Bill Clinton, quien obligado por el retiro de las Bases militares en Panamá y por la devolución del control del canal, reajustó los objetivos geoestratégicos norteamericanos , a través de la implementación del Plan Colombia en el año 2000.
La intensificación del Plan Colombia bajo el gobierno de Uribe (2002-2007), incrementó las operaciones militarles contra la insurgencia colombiana (FARC y ELN), la cuales han sido catalogados por su gobierno como “terrorista”.
El empeño de Uribe de negarse a buscar un acuerdo de Paz con la insurgencia colombiana, sepultó de manera definitiva los intentos de negociación realizados por anteriores presidentes colombianos, teles como : Belisario Bentacor, Virgilio Barco, Ernesto Samper y Andrés Pastrana (1998 – 2002), quien creó una zona desmilitarizada y otorgó estatus político a las FARC.
Frente al estancamiento del proceso de paz Colombia , la propuesta formulada , este viernes 11 de enero por el presidente Chávez, de otorgar carácter beligerante a las FARC y al ELN , buscaría, tanto retomar el camino hacia la paz emprendido por ex presidentes colombianos como abrir nuevas formulas de entendimiento que enrumben al hermano país hacia la paz definitiva.
PROCESOS DE PAZ EN AMÉRICA Y RESTO DEL MUNDO QUE HAN INVOLUCRADO EL OTORGAMIENTO DE BELIGERANCIA POLÍTICA A LOS MOVIEMIENTOS INSURGENTES
INICIATIVAS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA:
· En América Latina, la intervención del Grupo Contadora (1983) integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, fue decisiva para lograr la Paz en Centroamérica y demostró a la comunidad internacional que los países de continente podrían trabajar conjuntamente para resolver situaciones de conflicto.
· Las propuestas del Grupo Contadora no contaron con el respaldo de los EEUU. Al respecto el Canciller colombiano Rodrigo Lloreda Caicedo (1984), pidió al gobierno de Ronald Reagan mayor apoyo a las gestiones del grupo.
· Pese a la oposición de los EEUU, quién contemplaba la solución militar como la única alternativa para resolver el conflicto en Centroamérica, la labor del Grupo Contadora fue reconocida por la UNESCO, quien le otorgó 1985, el premio Simón Bolívar.
· Gracias al legado dejado por el Grupo Contadora se inician las conversaciones de paz en el Salvador, las cuales condujeron al desarme FMLN en el período comprendido entre 1991-1992. Este proceso de paz estuvo bajo supervisión militar y bajo la garantía y control de las Naciones Unidas, quien se establece una misión específica para garantizar también el cumplimiento de los acuerdos, llamada Observaciones de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL). Estos acuerdos contemplaban mecanismos para la reinserción de los ex-combatientes a la vida civil.
INICIATIVAS DE PAZ EN COLOMBIA:
· Sobre las negociaciones de paz dentro del conflicto armado colombiano, El gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), creó la Comisión de Conciliación Nacional y el Comité Nacional de Paz para iniciar conversaciones con las fuerzas insurgentes. En sus momentos estás iniciativas significaron avances con respecto a la inercia política que había caracterizado a los Gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, quienes a pesar de iniciar conversaciones con la insurgencia, no lograron concretar acuerdo de negociación.
· El gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) resumía tres importantes vertientes: el diálogo con la insurgencia, el plan de desarrollo para la paz y la reforma política. Además estableció la Zona de Distensión, la cual estuvo conformada por cinco municipios del Meta y Caquetá. Está área neutral, oficializó el status político de las FARC, el cual fue reconocido por actores internacionales.
PROCESOS DE PAZ EN ÁFRICA:
· En 1999, el gobierno de Sierra Leona y las rebeldes del Frente Revolucionario Unido (FRU) llegaron a un acuerdo para poner fin a ocho años de guerra civil, causante de más de 50 mil muertos en ese país del occidente africano. Este proceso de Paz, contempló el envió de una fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y la creación de un Tribunal Especial para enjuiciar crímenes de guerra.
· En el 2002, luego de intensas negociaciones entre el gobierno de Angola y Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), suscribieron un alto al fuego que puso fin a 27 de años de conflicto armado. El acuerdo suscrito entre las partes, incluyó la participación de la ONU en el proceso de desarme a milicianos.
PROCESO DE PAZ EN EUROPA:
· Irlanda: El acuerdo de St. Andrews (2006) representó una «hoja de ruta» que estableció un calendario y unos compromisos por parte de unionistas y republicanos en aras de la reinstauración de las instituciones norirlandesas. Este acuerdo, avalado por las fuerzas políticas independentista y pro-británicas— marcó un paso hacia la paz definitiva entre las dos Irlandas y el cese de hostilidades del Ejército Republicano Irlandés (IRA)
CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL PRESIDENTE CHÁVEZ PARA EL INTERCAMBIO HUMANITARIO
Fuente: ABN
5 de agosto: La senadora colombiana Piedad Córdoba pide apoyo al presidente Hugo Chávez como mediador en el proceso de un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Colombia y las Farc, desde el programa dominical Aló, Presidente Nº 286, que se realizó en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. 15 de agosto: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, autoriza a Piedad Córdoba para que sea facilitadora y se reúna con la Farc para ayudar a buscar el acuerdo humanitario. 16 de agosto: El presidente Chávez se reúne con la senadora Piedad Córdoba en Miraflores para concretar su participación como mediador entre el Gobierno neogranadino y las Farc. En conversación telefónica, Chávez le dice a Uribe que está dispuesto a apoyar a la senadora Córdoba en el proceso de facilitación para el canje humanitario. 19 de agosto: El presidente Chávez recibe una carta de los familiares de los secuestrados por las Farc que comenta en su programa Aló, Presidente Nº 298. 20 de agosto: El presidente Chávez se reúne con familiares de personas detenidas por las Farc en el salón Boyacá del Palacio de Miraflores y envía un mensaje a Manuel Marulanda para facilitar el proceso de intercambio. 25 de agosto: El presidente Chávez envía un nuevo mensaje a Marulanda de ayuda para el canje humanitario desde la Asamblea Nacional de Batallones Socialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizada en el Poliedro de Caracas. 31 de agosto: El presidente Chávez se reúne con su homólogo Uribe en el Departamento de Cundinamarca, Colombia. En la rueda de prensa conjunta, Uribe agradeció la voluntad del presidente Chávez de ayudar a Colombia para llegar a un proceso de paz y apoya su gestión como mediador en este proceso. 1 de septiembre: El presidente Chávez destacó en la juramentación de los Comités de Defensa de la reforma constitucional en el Teatro Teresa Carreño que por primera vez Colombia acepta a Venezuela en el intento de buscar un acuerdo humanitario. “Nunca antes, en ocho años y medio se nos aceptó, y eso hay que agradecerlo al presidente Uribe, a la sociedad colombiana y a todos los actores del conflicto. 2 de septiembre: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se solidariza con la iniciativa del presidente Chávez de mediador en la búsqueda del intercambio humanitario en Colombia, desde el programa Aló, Presidente en Yaracuy. 3 de septiembre: El presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva, expresa vía telefónica a Chávez su pleno apoyo a las gestiones de búsqueda de un acuerdo humanitario en Colombia.
16 de septiembre: Chávez insistió desde el programa Aló, Presidente, en su deseo de conversar, en territorio colombiano, con el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda, y señaló que tendrá mucha "paciencia y constancia" para poder alcanzar el acuerdo humanitario en Colombia. 18 de septiembre: El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Manuel Marulanda Vélez envió una carta al presidente Hugo Chávez, cuyo texto fue anunciado parcialmente por el mandatario venezolano. 21 de septiembre: Cuba, Bolivia y Nicaragua, países que integran la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), acordaron por unanimidad expresar su apoyo a las gestiones de mediación que realiza el presidente Chávez en el proceso facilitador del intercambio humanitario entre el Gobierno de Uribe y las Farc, durante la II Reunión de Consejo de Ministros que se realizó en La Habana, Cuba. 21 de septiembre: El presidente Chávez reiteró a Marulanda invitación a dialogar durante la inauguración de la Unidad Bolivariana de Hemodiálisis Dr. Edgar Moglia, desde Porlamar, estado Nueva Esparta. 23 de septiembre: El comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, manifestó que el gobierno colombiano reitera su confianza y respaldo al presidente Chávez y a la senadora Córdoba, en búsqueda de un acuerdo humanitario con las Farc. 25 de septiembre: Desde el complejo petroquímico El Tablazo, en la zona oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el programa Aló Presidente, Chávez afirmó que tiene la sensación de que hablando con Marulanda se pudiera lograr el acuerdo humanitario. 25 de septiembre: El presidente Chávez se reunió en el Palacio de Miraflores con familiares de estadounidenses que se encuentran retenidos por las Farc. Entre ellos: Keith Donald Stansell, por quien asistieron a la reunión con el presidente Chávez sus padres, Lyne Stansell y Marion Gene Stansell; su esposa, la colombiana Patricia Medina; su cuñada, Andrea Medina y sus hijos Keith y Nicolás. Mark David Gonsalves es otro de los rehenes de las FARC, cuyo padre, George Peter Gonsalves, también fue recibido en el despacho presidencial. En representación del también prisionero Thomas Howes, asisten su esposa, Marianne Anduaga Howes, y su hijo Tommy Randall Howes. En la reunión también participaron monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; el padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión Nacional por la Conciliación y la Paz de Colombia, Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y Paloma Díaz, representante de prisioneros políticos. 3 de octubre: El presidente Hugo Chávez confirmó que el próximo 12 de octubre se reunirá con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. El anuncio lo realizó en la Primera Jornada de Formación de Brigadistas Moral y Luces con los comandantes de las unidades orgánicas del Ejército Nacional, evento realizado desde el Salón Sol de Carabobo, de la Comandancia General del Ejército en Caracas.
4 de octubre: El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recibió a Daniel Parfait, director para América de la Cancillería francesa. En esta reunión que se llevó a cabo en Miraflores, Chávez y Parfait trataron el tema de la mediación humanitaria para lograr el canje de rehenes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por insurgentes presos. Chávez anunció que representantes del secretariado de las Farc estaban en Venezuela "a buen resguardo". 6 de octubre: Chávez aseguró que el jefe de las Farc, Manuel Marulanda, ordenó tomar una prueba de vida de la ex candidata presidencial colombo-francesa y retenida de la guerrilla, Ingrid Betancourt. 7 de octubre: Chávez anunció que se reunió con los delegados del secretariado de las Farc. 8 de octubre: Chávez afirmó que aspira a llevar a París la fe de vida de Betancourt a Sarkozy el 20 de noviembre. 18 de octubre: Chávez afirmó en Riad, Arabia Saudita, durante la III Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que está "seguro" de que Betancourt está viva, aunque reconoció que no tenía pruebas. 19 de octubre: Uribe autorizó a Chávez a reunirse con Marulanda, pero bajo condiciones especiales, anunció el presidente Chávez a su llegada a París, capital de la República Francesa. 19 de octubre: La Comisión Preparatoria del II Congreso del Pueblo uruguayo entregó a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela una carta para demostrar su "más decidida solidaridad" con el presidente venezolano Hugo Chávez por todos los esfuerzos que viene realizando "en procura de hacer posible un Acuerdo Humanitario entre el gobierno de la hermana República Colombiana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 20 de octubre: Chávez afirmó en París que si las FARC liberaban a un primer grupo de retenidos se podría instalar en la selva colombiana una mesa de diálogo a la que luego podría agregarse Uribe, en caso de quedar libres todos los rehenes. El gobierno colombiano fijó el 31 de diciembre como fecha límite para la mediación de Chávez. “Marulanda se comprometió por escrito a suministrar "antes de fin de año" una prueba de vida de Ingrid Betancourt”, declaró Chávez al final de un almuerzo con Sarkozy. 7 de noviembre: El presidente Hugo Chávez confirmó haberse reunido con el emisario de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encuentro enmarcado en el trabajo de mediación que adelanta el jefe de Estado venezolano con miras a alcanzar un canje humanitario que implica la liberación de 45 personas en manos de las FARC por unos 500 guerrilleros detenidos. 13 de noviembre: El presidente de Hugo Chávez aseguró que están a la espera de la fe de vida de las personas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y desea que antes de su llegada a París, el próximo 20 de noviembre, tenga las constancias 21 de noviembre: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la decisión de cesar la mediación del líder venezolano, Hugo Chávez, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el papel de facilitadora de la senadora Piedad Córdoba. El argumento Uribe para tomar esta decisión fue el de riesgo de la seguridad democrática de Colombia. Este concepto de "seguridad democrática" consiste en una estrategia militar de guerra, plasmado en un plan bélico contra la insurgencia guerrillera, que pretende alcanzar la victoria y doblegar a los grupos rebeldes a través de una economía de guerra y el uso masivo de tecnología de punta en el armamento militar. 28 de noviembre: El presidente Hugo Chávez reiteró su decisión de mantener congeladas las relaciones con la República de Colombia, mientras Álvaro Uribe permanezca como mandatario de esa nación. 30 de noviembre: Al referirse a las pruebas de vida de las personas que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fueron interceptadas por agentes del Gobierno colombiano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aseguró que se demuestra que el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, “no quiere que liberen a esas personas”. 1 de diciembre: Haciendo referencia a una carta enviada el 22 de septiembre del presente año por el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda (Tirofijo), en la cual plasmó que “mientras el Gobierno de Colombia se niega a aceptar el despeje de un lugar con el fin de entrevistarnos y lograr un acuerdo que permita liberar a los prisioneros, analizar las bases para posteriores encuentros (…) hasta lograr la paz, facilita a los 2 mil 500 o 3 mil militares norteamericanos en calidad de asesores, suficientes comodidades...”, el presidente Chávez aseguró que el Gobierno de Colombia realmente no quiere la paz. 3 de diciembre: El presidente Hugo Chávez se reunió en horas de la madrugada, en el Palacio de Miraflores, con la senadora colombiana Piedad Córdoba, la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, y a la hermana de la ex candidata presidencial, Astrid Betancourt para ratificar su compromiso ante el pueblo colombiano de continuar los esfuerzos para conseguir la ansiada paz de la hermana nación, así como para alcanzar la liberación de las personas en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 10 de diciembre: El presidente Hugo Chávez se reunió con el primer ministro de Francia, Francois Fillon, con quien tuvo la oportunidad de analizar el tema del canje humanitario en Colombia. 18 de diciembre: El presidente Hugo Chávez coordinará una operación para la entrega de Clara Rojas, ex asistente de Ingrid Betancourt, su pequeño hijo Enmanuel y la ex congresista Consuelo González, tras el anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de liberarlos, como muestra incuestionable de la esperanza depositada en el papel de mediador que adelantaba el jefe del Estado venezolano. 26 de diciembre: El presidente Hugo Chávez presentó en rueda de prensa el plan de rescate humanitario para las tres personas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron entregar al jefe del Estado venezolano. El Gobierno de Colombia aceptó la propuesta de liberación presentada por el presidente Hugo Chávez, con la única condición de que las aeronaves venezolanas que ingresen al vecino país tengan el emblema de la Cruz Roja Internacional. "Por razones constitucionales, las aeronaves que se empleen en esta misión humanitaria deben llevar los emblemas de la Cruz Roja Internacional" dijo el canciller neogranadino, Fernando Araujo, al leer un comunicado emanado del Palacio de Gobierno. El gobierno de Álvaro Uribe designó a su Comisionado de Paz, Luis Carlos Retrepo, como representante en la operación humanitaria. 27 de diciembre: Desde el Palacio de Miraflores, el ex presidente argentino Néstor Kirchner, designado comisionado por el Gobierno de Argentina en la Operación Emanuel, destacó a la prensa que “a nombre del pueblo argentino venimos con toda la voluntad de colaborar en este canje humanitario para lograr lo que todos ustedes y todos los latinoamericanos y el mundo entero queremos”. 28 de diciembre: Este viernes en la tarde inició la primera fase de la Operación Emanuel. Desde el aeropuerto de Santo Domingo, en Táchira, Venezuela, en presencia del presidente Chávez, salieron los primeros helicópteros hacia Villavicencio en Colombia con comisionados de la Cruz Roja. 29 de diciembre: La segunda fase de la Operación Emmanuel continuó este sábado con la salida de los comisionados internacionales del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, a Villavicencio. 30 de diciembre. El coordinador general de la Operación Emanuel, designado por el presidente Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, informó que se encuentra en la espera de las coordenadas para dar paso a la tercera fase del plan, el cual podría realizarse en las próximas horas.
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Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia surgen en 1960 y 1970, como un grupo rural y limitado a acciones exclusivamente en sectores campesinos precisamente con el objetivo de defender los derechos de los campesinos víctimas de la violencia del Estado.
Su historia se remonta al año 1953, con la llegada de General Gustavo Rojas Pinilla al poder, producto de un golpe de Estado, cuyo propósito fue el de poner fin a la violencia bipartidista a través de las amnistías en las cuales unos 5 mil guerrilleros dejaron las armas.
No obstante el Partido Comunista de Colombia no confió en este perdón y no entregó las armas y sólo algunos se acogieron a la amnistía. El grupo de comunistas que se mantuvo en armas se concentró en Sumapaz donde, según relatos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y NAPALM suministrados por el Gobierno de Estados Unidos.
Estos grupos de insurgentes (comunistas y liberales) entre los cuales se encontraba Manuel Marulanda (“Tiro Fijo” se replegaron en el sur en la región de Marquetalia donde establecieron lo que denominaron Zona liberada”.
Más adelante fueron creando zonas similares en el Pato Caquetá, Riochiquito Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Se señala que campesinos que fueron acosados por el ejército colombiano y por bandoleros se ubicaron en esas zonas liberadas, donde surgió una administración civil además de la armada.
Entre los años 1956 y 1958 estos sectores acordaron con la intención de repartirse en poder y frenar la violencia bipartidista, después de El Bogotazo de 1948 y en la cual fue asesinado el líder Jorge Eliécer Gaitán, y para ello crearon el Frente Nacional cuya intención no era otra que poner fin al experimento “comunista” que a su entender las zonas liberadas no eran otra cosa que repúblicas independientes” porque estaban fuera del control y jurisdicción de la administración nacional.
Este calificativo, de repúblicas independientes, según el grupo de insurgentes fue escogido por el Gobierno APRA para acusarlos de separatistas y apelar al patriotismo de los colombianos y ponerlos en su contra.
Fueron muchos los ataques intentados en articulación con el gobierno norteamericano (Plan Laso).
En l964, el comandante Marulanda y doce hombres dispersados por la acción militar del gobierno, crearon el 20 de julio el Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido comunista en Colombia y de donde nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y es el 5 de mayo de 1966, en la segunda Conferencia del Bloque Sur que se oficializa la conformación de las FARC- EP como brazo armado del partido comunista.
En la actualidad la guerrilla de la FARC-EP se ha mantenido como una insurgencia armada contra el sistema de opresión y de desigualdades vigentes en el Estado colombiano. La acción de este grupo de seres esparcidos por diversos puntos de la selva colombiana es calificada por muchos analistas civiles como guerra civil, no obstante no hay consenso al respecto ni en la misma Colombia ni mucho menos en el mundo, aún cuando el gobierno de Bush no ha dudado en calificarlo de terrorista. Este conflicto es uno de los más largos en el mundo comparado con el de Birmania y Cachemira.
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.
La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.
En algunos de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados. En varias ocasiones se ha llegado a acusarse inmediatamente a las FARC-EP, sin que se haya comprobado plenamente su responsabilidad. A finales del 2006 se presentaron casos donde militares colombianos fueron investigados por la justicia colombiana por su presunta participación en el montaje de falsos atentados en la ciudad de Bogotá durante ese año, originalmente atribuídos a las FARC, la mayoría de los cuales habrían sido desactivados presuntamente para presentarlos como "falsos positivos" en beneficio de los involucrados .
En la década 1980-1989 el crecimiento de la agrupación fue relativamente lento y además sufrieron una división por parte de Javier Delgado y Hernando Pizarro Leógomes antiguos comandantes de las FARC que formaron un grupo de guerrilleros aparte denominado Comando Ricardo Franco Frente –Sur. Para entonces la FARC agrupaba entre mil y tres mil hombres.
En la Séptima Conferencia del 14 de mayo de 1982 bajo la conducción del líder político “Jacobo Arenas”, se plantearon varias directrices estratégicas y se reafirmó el principio de la combinación de todas las formas de lucha: la política y la armada. A partir de entre encuentro las FARC se nombra ejército del pueblo y se plantea desdoblar la política de frentes con la intención de duplicar el número de integrantes y de fijar fechas para una toma efectiva del poder en los años noventa.
Es durante este encuentro donde además se produce un rechazo a toda relación con el emergente fenómeno del narcotráfico No obstante en los años 80 se establece gradualmente el cobro de impuestos a productores y narcotraficantes como fuente de financiamiento, mediante el llamado “gramaje”.
El 28 de mayo de 1984 luego de una reunión de los líderes de los 27 frentes y del estado Mayor, se decide un alto al fuego como parte de los acuerdos firmados con el gobierno de Belisario Betancourt (cese al Fuego, Tregua y Paz) conocidos como los acuerdos de la Uribe. Para ese momento las FARC formaron la Unión Patriótica APRA para liderar el movimiento político.
Dicho intento fracasó debido a dos grandes elementos, en primer lugar las violaciones del cese de hostilidades por las dos partes y la violencia política de los sectores de la extrema derecha, entre ellos líderes políticos locales y varios miembros de las Fuerzas Armadas, así como actores de izquierda, incluyendo entre ambas partes (derecha e izquierda) algunos mandos importantes y de los narcotraficantes.
Se habla que el narcotráfico, en guerra frontal contra el Estado para impedir el inicio de la posible extradición de sus miembros a EEUU, decide tomar venganza contra la guerrilla y los campesinos simpatizantes financiando escuadrones y sicarios y en el cual también se incluyen asociaciones de ganaderos y propietarios rurales (terratenientes) además de la colaboración de varios militares del Ejército colombiano. Se dice entonces que aquí se inicia el nacimiento de los grupos conocidos como Autodefensa Colombianas o paramilitares que se unen en 1997 en torno a las AUC.
A finales de 1987, exactamente en el mes de septiembre los grupos guerrilleros EPL, las FARC-EP y el ELN conformaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, asociado con el Comando Ricardo Franco Asociado Frente Sur, declarado más tarde enemigo de las FARC-EP y expulsado de la CGSB por los sucesos de Tacueyó. y el Movimiento Armado Quintín Lamé que buscaba coordinar tanto las acciones armadas como las negociaciones de paz hacia del futuro. Este intento fracasó y se dividió el grupo. El M-19 firmó la paz y las FARC y el ELN actuaron separados, aunque posteriormente se realizaron acciones conjuntas en casos específicos.
Al inicio de la década de los 90 las FARC-EP disponían entre 7 mil y 10 mil combatientes organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país. En los años 1996 1998 las FARC-EP le propinaron al ejército colombiano una serie de golpes en los que se incluye la toma por tres días de Mitú en el departamento de Vaupés en el cual fueron apresados un gran número de soldados.
Durante este mismo tiempo se pretendió acusar a las FARC-EP de influenciar a los campesinos para que paralizaran las vías del sur de Colombia por la expansión de los cultivos de las diferentes drogas. Esta acusación aún no se ha podido comprobar.
El 9 de diciembre de 1990 día de las elecciones para la Asamblea Constituyente el ejército colombiano, sin una previa declaratoria de guerra y cuando aún se continuaba un proceso de diálogo lanzó una ofensiva contra Casa Verde, sede del Secretariado Nacional de las FARC-EP. El argumento del gobierno de Colombia fue el hecho de que las FARC-EP no cumplieron con sus compromisos ya que todavía realizaba actividades delictivas y no se acogió a la vía negociada.
En 1991 se reinició el diálogo entre la Coordinadora y el Gobierno en territorio venezolano (Caracas) y luego mexicano (Tlaxcala). El proceso de rompió en 1993 al no llegar a un acuerdo y la Coordinadora desapareció un tiempo después y los grupos insurgentes siguieron su lucha.
En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de Distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40.000 Km.2 aproximadamente (tres veces el tamaño de Dinamarca), entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, diciendo que era con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado.
Al mismo tiempo, en los corregimientos como el Caguán se siguieron desarrollando las actividades propias al estado democrático en cabeza del alcalde y diputados elegidos mediante sufragio secreto y universal. El "proceso de paz" duró entre 1998 a 2002, pero a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.
Así, el 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC-EP Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los rehenes excepto al senador. Se precisó que este episodio y los desacuerdos entre el Gobierno colombiano y la guerrilla en relación con los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC-EP.
El gobierno acusó a las FARC-EP del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.
Al mismo tiempo las FARC-EP, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente.
El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada".
Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones.
La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación de la guerra contra las guerrillas, las cuales deciden promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias derrotas tácticas, incautaciones de material logístico y deserciones masivas.
Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros de las FARC-EP solía estimarse en 18.000 hombres, y a inicios del 2005, según estas mismas cifras, entre 12.000 y 13.000. Las FARC-EP y sectores cercanos a ellos, no obstante no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20.000 hombres.
Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, no hubo contactos serios entre las FARC-EP y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un intercambio humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.
Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC-EP piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias "Simón Trinidad" y alias "Sonia", quienes se encuentran en manos de la justicia estadounidense y después de ser reintegrados a la organización delictiva; Las FARC-EP liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados "canjeables". Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC-EP han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida.) Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.
En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidense, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.
Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.
Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.
El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».
Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones. El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque éstas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.
El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, ésta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iba por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.
¿QUÉ ES EL EJERCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA ELN?
Fuente: http://www.eln-voces.com/
El ELN es una organización insurgente, de carácter político-militar, inspirada en el marxismo-leninismo y en sus principios organizativos que le da especial importancia a la democracia interna, al respeto por las masas, a la defensa del interés nacional y la solidaridad internacional.
Surge el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna, municipio de San Vicente de Chucurí, Santander del Sur.
Está integrado por hombres y mujeres mayores de diez y seis años procedentes de distintas capas, sectores sociales, razas y de todas las regiones del país.
Las condiciones y situación de intolerancia, exclusión política, la injusta distribución del ingreso, el desamparo, marginación social del pueblo colombiano y la violenta represión a las masas fue lo que motivó el surgimiento del ELN e inspiró la dirección y propósitos de su lucha. Actualmente los motiva la profundización de los problemas que existían y la aparición de nuevos fenómenos como el narcotráfico y la guerra sucia que han generado la crisis humanitaria actual con el desplazamiento de más de tres millones de personas, el incremento de los asesinatos por razones políticas y el fortalecimiento de la estructura del terrorismo de Estado.
En el pensamiento del ELN confluyen los elementos marxistas de su fundamento ideológico y los del cristianismo revolucionario comprometidos con la liberación política y social de las comunidades.
Tiene presencia con su fuerza militar permanente en lo largo y ancho de la geografía del país, y políticamente en distintos escenarios a través de su militancia clandestina. El mayor acumulado está en el norte, oriente y centro-occidente del país, en el sur está igualmente presente con un acumulado menor.
El objetivo es conformar un Nuevo Gobierno de carácter popular y democrático, con la participación de las organizaciones sociales y populares, las diferentes organizaciones y partidos políticos, otras fuerzas vivas del país y donde jueguen un destacado liderazgo las fuerzas revolucionarias. Un gobierno por la paz, la democracia, la dignidad nacional, la justicia social y el desarrollo.
Construir órganos de poder judicial que garanticen la supresión de la impunidad, promuevan la convivencia ciudadana, castiguen a los corruptos y los crímenes de lesa humanidad. Que funcione un ejercicio y aplicación de una justa implementación del derecho, con base en las garantías procedimentales y procesales, para el juzgamiento de los delitos que atenten contra la sociedad y sean los cimientos de la Nueva Constitución.
¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO M-19?
ANTECEDENTES
El 13 de junio de 1953, el General Gustavo Rojas Pinilla propinó al gobierno conservador de Laureano Gómez, el único golpe de Estado que tuvo éxito en el siglo XX en Colombia. Debido al notorio deterioro del orden público este golpe era considerado como inminente por las clases gobernantes del momento. Tras muchas vicisitudes, Rojas renunció al poder el 10 de mayo de 1957 y se instauró una junta militar como gobierno de transición. Los dos partidos políticos dominantes (liberal y conservador) crearon una coalición llamada Frente Nacional con la idea de terminar con la violencia bipartidista que azotaba al país. De esta manera, también pretendían garantizar su alternancia en el poder y el reparto de los cargos burocráticos por partes iguales.
Tras renunciar, Rojas viajó a República Dominicana y allí recibió asilo político de parte del gobierno del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Regresó a Colombia en 1962 y fundó la ANAPO (Alianza Nacional Popular), movimiento político con el cual se presentó a las elecciones de ese año en las que obtuvo el cuarto lugar. En 1966 el candidato de la ANAPO fue José Jaramillo Giraldo.
En 1970, Rojas se había transformado en un caudillo populista con gran arraigo entre la población colombiana y se presentó a las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, enfrentándose al candidato del Frente Nacional Misael Pastrana Borrero. Las elecciones resultaron bastante reñidas y el resultado oficial fue de 1.625.025 votos por Pastrana y 1.561.468 votos por Rojas. De esta manera la Corte Electoral proclamó a Pastrana como presidente para el periodo 1970-1974, aunque las denuncias por fraude no se hicieron esperar ante la interrupción del escrutinio total que se postergó hasta el día siguiente el conteo final, cuando la victoria que para Gustavo Rojas Pinilla parecía segura, pasó a ser de Misael Pastrana.
Rojas y sus partidarios siempre acusaron de fraudulentas estas elecciones y muchos testimonios de personas prestantes dentro de la política y las fuerzas armadas de la época parecen dar visos de verdad a dicho reclamo.
Como consecuencia de un supuesto fraude electoral en 1970, contra el general Gustavo Rojas Pinilla, en 1974 Jaime Bateman, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Luís Otero Cifuentes, (exmilitantes de las FARC), junto con Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría, Andrés Alamarales, Ever Bustamante, José Cortez, Fabio Hincapié e Iván Jaramillo, quienes eran representantes del ala socialista de la ANAPO la cual entró en discusiones por la actitud tomada por Samuel Moreno Diaz al acercarse al Partido Conservador, conformaron el Movimiento 19 de Abril (también conocido como el eme).
El grupo surgió en 1974 cuando robó la espada de Simón Bolívar de un museo. En febrero de 1976, secuestraron al dirigente sindical José Raquel Mercado, quien era el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y el 19 de abril de 1976 le dieron muerte en un hecho que conmocionó al país, tras acusarlo de dejarse sobornar y vender los intereses populares del sindicato que él representaba.
Durante el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) realizaron varios hechos notables: Desde una residencia construyeron un túnel de más de 80 metros que salía a una guarnición militar conocida como Cantón Norte en Usaquén, una localidad al norte de Bogotá, y el 31 de diciembre de 1978 sustrajeron más de cinco mil armas. Este hecho provocó una ola de represión por parte de las autoridades gubernamentales, dentro de la cual muchas personas fueron torturadas en los establecimientos militares.
El 27 de febrero de 1980 un grupo de doce guerrilleros del M-19 al mando de Rosemberg Pabón, quien recibía el seudónimo de Comandante Uno y de Luís Otero Cifuentes quien dirigió la toma intelectualmente, tomaron la Embajada de la República Dominicana mientras se celebraba una recepción diplomática con objeto de conmemorar la fiesta nacional de ese país. Entre los rehenes había representantes diplomáticos de varios países, incluyendo al embajador de Estados Unidos Diego Ascencio y el Nuncio Apostólico. El M-19 pedía la liberación de cerca de 320 de sus hombres que se encontraban prisioneros y una cantidad elevada de dinero para liberar a los rehenes, después de 61 días y luego de un prolongado proceso de negociación, el comando guerrillero entregó los diplomáticos retenidos y viajó en un avión a Cuba. En el año 2000, Ciro Durán realizó una película que muestra apartes de esta toma guerrillera.
Como consecuencia de la acción represiva contra sus células en las ciudades, el M-19 limitó su carácter urbano y se replegó a las montañas, pero este era un campo que no conocían y sufrieron varios reveses.
Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), Bateman por entonces dirigente máximo del M-19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto. Sin embargo, Bateman murió el 28 de abril de 1983 en un accidente de aviación, al parecer mientras se dirigía a Panamá y las negociaciones se suspendieron.
En 1985 el M-19 protagonizó su acción más sonada, la toma del Palacio de Justicia, hecho que aún hoy día continúa dividiendo la opinión pública. El día 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 compuesto por 35 guerrilleros al mando de los comandantes Andrés Almarales y Luís Otero Cifuentes, ocuparon militarmente el Palacio de Justicia en plena Plaza de Bolívar en Bogotá, tomando rehenes y exigiendo que se citase al Presidente a juicio. La subsecuente reacción del ejército provocó una confrontación armada, en medio de la cual cayeron la mayoría de los miembros del comando guerrillero y -según los cálculos oficiales- otras 53 personas civiles, incluyendo a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido al fuego cruzado indiscriminado entre las partes como consecuencia de la acción militar, en lo que podría considerarse como una masacre. Los hechos que ocurrieron en esas horas aciagas para la historia de Colombia, continúan sin ser esclarecidos totalmente ya que de una y otra parte se siguen lanzando acusaciones de tanto en tanto.
¿QUÉ SON LOS GRUPOS PARAMILITARES?
Son organizaciones civiles con una estructura y disciplina similar a la de un ejército. No hacen parte de manera formal de las fuerzas militares de un Estado. Dentro de sus miembros están fuerzas policiales, mercenarios, escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.
Tienen un carácter irregular por lo que combaten sin obedecer las convenciones nacionales e internacionales para el ejercicio de la guerra, lo cual le permite excesos de violencia que serían inadmisibles en las fuerzas del Estado.
Los paramilitares en Colombia surgen en los años 80 como grupos armados de derecha con el propósito de combatir a las guerrillas de izquierda en las zonas rurales de Colombia. Su rápida expansión, que incluyó a las ciudades, permitió que en 1997 se crearan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que aglutinó a los diferentes grupos paramilitares del país.
Se trata de un aparato de carácter ofensivo, responsable de múltiples asesinatos, matanzas, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras, tráfico de drogas y apropiación de recursos públicos.
Su financiamiento es producto de la extorsión que realizan a la población dentro de sus zonas de influencia, así como de la vinculación con grupos relacionados con el narcotráfico. También se ha valido de secuestros y recursos públicos en municipios y departamentos.
Mediante el uso de la fuerza pudieron ejercer control sobre gobiernos locales y regionales, ganaron elecciones y ejercieron influencia sobre legisladores municipales, departamentales y nacionales.
Antecedentes que vinculan a los grupos paramilitares con los gobiernos colombianos:
Durante el mandato de Ernesto Samper a mediados de los años 90, el gobierno autorizó la creación de unas compañías rurales y urbanas de seguridad, integradas por civiles. Esas compañías se denominaron Convivir y se concibieron como un instrumento para combatir a las guerrillas en las zonas rurales.
Estando el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, se crearon varias Convivir y Uribe se enfrentó a sus detractores. El proyecto fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos y, finalmente, el Gobierno Nacional decidió ilegalizar esas compañías. El paramilitarismo floreció en varias regiones, entre ellas Antioquia.
Salvatore Mancuso, quien es hoy el máximo jefe de las AUC, dirigía una Convivir, que se convirtió en un grupo paramilitar en el departamento de Córdoba, donde esas bandas armadas tuvieron amplia presencia.
En esa zona del país tiene una de sus fincas el presidente Uribe. Sin embargo, Uribe, que llegó al poder prometiendo un país sin guerrillas y sin paramilitares, nunca ha sido procesado por cargos de paramilitarismo.
Otro dato es que las organizaciones de derechos humanos siempre han cuestionado a las Fuerzas Militares por sus nexos con los paramilitares. Se han dirigido denuncias sobre la vinculación con las Fuerzas Armadas de Colombia, sobre todo contra personal del Ejército y de la Armada Nacional. Sin embargo, el gobierno ha respondido que se trata de casos aislados y que en ningún momento es una relación sistemática.
Desde finales de los años 80 el gobierno colombiano autorizó la creación de grupos de autodefensa campesina, bajo la supervisión de las Fuerzas Militares.
A finales de los años '80, cuando hubo muchas masacres y las relaciones de los paramilitares con los narcotraficantes eran evidentes, el presidente Virgilio Barco ilegalizó los grupos de autodefensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado colombiano por acción y omisión de las Fuerzas Militares en tres casos donde han participado los paramilitares:
Masacre de comerciantes en el Magdalena Medio
Mapiripán (Meta)
Pueblo Bello
En 1983, el entonces Procurador General reveló que de las 163 personas sospechosas de pertenecer al grupo Muerte a Secuestradores (MAS), 59 eran militares. Ese grupo fue creado por narcotraficantes del Cartel de Medellín y se dedicó a perseguir y matar a supuestos secuestradores y dirigentes de izquierda.
A raíz de la muerte del senador comunista Manuel Cepeda, ocurrido en agosto de 1994 por parte de los paramilitares, la justicia condenó a dos suboficiales del Ejército. Un general que estaba siendo investigado murió antes de que se produjera el fallo.
A mediados de los años 90, el gobierno desmontó la Brigada XX, de inteligencia del Ejército, por vínculos de su personal con grupos paramilitares.
ASPECTOS DE INTERÉS SOBRE LA BELIGERANCIA
v La noción de beligerancia, pertenece al Derecho Internacional Humanitario, una rama del Derecho Internacional, que comprende el conjunto de normas desarrolladas por la comunidad internacional para regular la conducta de los contendientes en un conflicto armado, mediante la introducción de normas destinadas a humanizar el comportamiento de los ejércitos.
v La beligerancia tuvo importancia en las guerras de independencia de las colonias hispano-americanas y durante la Guerra Civil norteamericana.
v El Derecho Internacional admite que las normas del Derecho Humanitario pueden ser extendidas a los conflictos no internacionales, mediante la aplicación de la Doctrina del reconocimiento de la beligerancia.
v Hasta la Primera Guerra Mundial y durante parte de la Segunda, el derecho de la neutralidad jugó un papel indiscutible.
LAS FUERZAS BELIGERANTES EN EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
v Convención de La Habana de 1928.
Sobre la conducta de los Estados en casos de guerras civiles, establece de manera expresa, que el reconocimiento de la beligerancia de rebeldes tiene como consecuencia, la aplicación de las reglas de la neutralidad.
v Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
En su artículo 3, establece los preceptos por los cuales una fuerza irregular debe ser reconocida como beligerante a todos los efectos por la comunidad internacional:
1. Que la parte en rebelión contra el Gobierno legítimo, posea una fuerza militar organizada, una autoridad responsable de sus actos, que actúe sobre un territorio determinado y tenga los medios para respetar y hacer respetar el Convenio.
2. Que el Gobierno legítimo esté obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional.
3. Que el Gobierno legal haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes.
a) Que hayan reivindicado para sí mismos, la condición de beligerantes.
b) Que haya reconocido a los insurrectos la condición de beligerantes, exclusivamente con miras a la aplicación del Convenio.
c) Que el conflicto se haya incluido en el orden del día del Consejo de Seguridad de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como constitutivo de una amenaza contra la paz internacional, una ruptura de la paz o un acto de agresión.
4. Que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado.
a) Que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto, sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional.
b) Que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y estén dispuestas a conformarse a las leyes y costumbres de la guerra.
c) Que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.
v El Protocolo II de Ginebra (1977).
Recoge y amplía aspectos que no se mencionaban en los Convenios de Ginebra y el Protocolo I, tales como:
1. Existencia de hostilidades de carácter no internacional.
2. Organización militar disidente o irregular con mando responsable.
3. Control territorial parcial.
4. Operaciones militares sostenidas y concertadas.
5. Capacidad para aplicar el Protocolo II.
v Protocolo Adicional I, para considerar "legítimos combatientes" a los incorporados en las fuerzas armadas de una parte política insurgida:
1. Que lleven un uniforme conocido por el adversario.
2. Que lleven abiertamente las armas.
3. Que estén a la dependencia de un comando responsable.
4. Que respeten leyes y costumbres de la guerra.
Teniendo en cuenta estas normas, se debe considerar, a todos los efectos del derecho, a los militantes de las FARC-EP y ELN, como "combatientes legítimos" de una fuerza insurgente, existente de hecho y reconocida de derecho, en el Estado colombiano.
v Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional:
1. El Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3, común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio, un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo, no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como: los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FARC COMO FUERZAS BELIGERANTES
v FUERZA MILITAR ORGANIZADA. El grupo posee una fuerza militar organizada, jerárquica, una autoridad responsable de los actos.
v CONTROL TERRITORIAL. El grupo tiene posesión y dominio de parte del territorio colombiano.
v VOLUNTAD DE APLICAR EL DIH. Las FARC han declarado que se comprometen a cumplir las disposiciones del DIH.
v RELACIONES CON OTROS SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL. Para que un grupo en armas cumpla con los requisitos que se le exigen para ser considerado grupo beligerante, otros sujetos de Derecho Internacional deben entablar relaciones con éste.
ALCANCES DE LA BELIGERANCIA
v El reconocimiento de beligerantes es un acto político, que produce efectos declarativos y constitutivos:
1. Es declarativo, porque implica la constatación de la existencia de una situación: el estado de guerra civil. Además, representa una evidente manifestación de respaldo moral a los beligerantes que puede contribuir a fortalecer políticamente la posición de los insurgentes y a debilitar la del gobierno contra el cual han insurgido.
2. Es constitutivo, porque produce consecuencias jurídicas al crear obligaciones y derechos, tanto para el Estado que lo otorga, como para el ente reconocido.
v Según la doctrina internacional, a partir del momento en que reciben el reconocimiento como beligerantes, los insurgentes dejan de ser considerados como irregulares o ilegales y se convierten en sujetos del derecho internacional, adquiriendo un carácter público internacional y su caso puede pasar a ser considerado por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
v Cuando se ha procedido al reconocimiento de “fuerza beligerante” para una organización, sus integrantes pasan a ser considerados como “combatientes legítimos”, puesto que tienen vocación de Estado y la comunidad internacional debe declararse neutral, mientras la pugna entre los contendientes no se dilucide con las armas o mediante Acuerdos de Paz.
v El reconocimiento de insurgentes como beligerantes, produce efectos similares a los del reconocimiento de Estados, porque al ejercer los insurgentes el control efectivo sobre una porción de territorio y sobre una masa importante de población, la entidad reconocida se asemeja mucho a un Estado, en el sentido del Derecho Internacional.
v El Derecho Internacional de Guerra, incluye entre los conflictos armados, a las guerras civiles y las guerras internas en un país, lo que ha sido sancionado por las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1948 y por los protocolos I y II adicionales de Ginebra de JUN1977, todos suscritos y ratificados por Colombia. Esto, desde el punto de vista terminológico y aplicativo, es extensivo al caso colombiano.
v En el Protocolo Adicional II, se hace explícita la referencia a las normas que regulan la guerra civil, individualizando entre sus destinatarios las fuerzas insurgentes, que actuando en parte del territorio nacional, lo han sustraído, también temporalmente, al control del gobierno, deviniendo sujetos del derecho internacional.
v El reconocimiento de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes tiene un peso determinante en las conversaciones, en la agenda de discusión, en las condiciones del desarrollo de la guerra, en el respeto a los derechos humanos, en la aplicación de normas de la cual se beneficien prisioneros de guerra y la población civil, avances en el proceso de paz y en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una nueva Colombia donde la correlación de fuerzas marca mucho a favor de la guerrilla.
EFECTOS DE LA BELIGERANCIA EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
v El Estado colombiano, al reconocer la beligerancia de las FARC y el ELN, les atribuiría responsabilidad internacional por sus actos, sometería el conflicto a las reglas del DIH y tendría la potestad de exigir la neutralidad de los otros Estados frente al conflicto.
v Este reconocimiento pondría las reglas en claro entre las partes, situando el conflicto dentro de los límites de Colombia y evitando la intervención de potencias militares, que podrían sacar de toda proporción este conflicto y llevarlo a extremos mucho más graves que los hasta ahora alcanzados, como es el caso de EEUU, cuya práctica en estas situaciones es ampliamente conocida y repudiada.
CASOS DE OTORGAMIENTO DE CARÁCTER BELIGERANTE
A ORGANIZACIONES CENTROAMERICANAS
v Declaración Franco-Mexicana de reconocimiento al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En una declaración conjunta, los gobiernos de Francia y México reconocieron el carácter beligerante del FDR- FMLN.
El 28 de agosto de 1981, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castaneda, y el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Claude Cheysson, sostuvieron un intercambio de opiniones en relación con la situación existente en América Central, ante lo constituía una fuente de peligros potenciales para la estabilidad y la paz de toda la región, en virtud de los riesgos de internacionalización de la crisis.
Ante tal situación, ambas delegaciones formularon la declaración siguiente:
“Convencidos de que corresponde únicamente al pueblo de El Salvador, la búsqueda de una solución justa y duradera a la profunda crisis por la que atraviesa ese país, poniendo así fin al drama que vive la población salvadoreña. Conscientes de su responsabilidad como miembros de la Comunidad Internacional e inspirados en los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas (ONU).
Tomando en cuenta la extrema gravedad de la situación existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese país de cambios fundamentales en los campos social, económico y político.
Reconocen que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y del Frente Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y los derechos que de ellas se derivan.
En consecuencia, es legítimo que la alianza participe en la instauración de los mecanismos de acercamiento y negociación necesarios para una solución política de la crisis. Recuerdan que corresponde al pueblo salvadoreño iniciar un proceso de solución política global en el que será establecido un nuevo orden interno, serán reestructuradas las fuerzas armadas y serán creadas las condiciones necesarias para el respeto de la voluntad popular, expresada mediante elecciones auténticamente libres y otros mecanismos propios de un sistema democrático.
Hacen un llamado a la Comunidad Internacional para que, particularmente dentro del marco de las Naciones Unidas, se asegure la protección de la población civil, de acuerdo con las normas internacionales aplicables, y se facilite el acercamiento entre los representantes de las fuerzas políticas salvadoreñas en lucha, a fin de que se restablezca la concordia en el país y se evite toda la injerencia en los asuntos internos de El Salvador”.
v Reconocimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (1978) como fuerzas beligerantes, por el Gobierno Provisional nombrado por el FSLN y otras organizaciones durante los meses finales de la insurrección contra Somoza.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (1978), gozó del reconocimiento internacional como fuerza beligerante, al ser reconocido por el Gobierno Provisional nombrado por el FSLN y otras organizaciones durante los meses finales de la insurrección contra Anastasio Somoza Debayle.
ANALOGÍAS ENTRE LAS FARC Y PROCESOS CENTROAMERICANOS
RECONOCIDOS COMO FUERZAS BELIGERANTES
A continuación, se enumeran las condiciones de hecho que caracterizan a las FARC y tal vez al ELN, que fueron tomadas en cuenta, para el otorgamiento del carácter beligerante a los procesos armados centroamericanos:
1. Estructura orgánica, análogas a las fuerzas regulares: Escuadras, Guerrillas, Compañías, Columna, Frente, Bloque, Estados Mayores, mandos centrales con sus respectivos jefes y una clara jerarquía militar interna con grados.
2. Establecimiento de normas de funcionamiento, con estatutos, Reglamento de Régimen Disciplinario, Normas Internas de Comando, instancia de discusión y resolución como las Conferencias Nacionales.
3. Acciones armadas y enfrentamientos con tropas regulares.
4. Constituyen poder militar, poder político, poder social, poder ideológico, poder diplomático, poder de decisión.
5. Extendida base social.
6. Incidencia en la vida política nacional.
7. Participación vigente y activa en instancias regionales e internacionales.
8. Vinculaciones con los Poderes estatales.
COLOMBIA: UN CASO PARADÓJICO
Reconocimientos de facto: Los gobiernos colombianos, desde 1980, con Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, efectuaron el reconocimiento de facto a la guerrilla, al establecer mesas de diálogo y acuerdos de paz, aunque sin considerarla de manera manifiesta, como “fuerza beligerante”.
Las FARC como interlocutor válido en el conflicto:
El gobierno de Andrés Pastrana definió como política de Estado, el diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en un intento de alcanzar acuerdos que beneficien a la sociedad colombiana.
Altos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos sostuvieron una conversación no pública con representantes de las FARC-EP, en Costa Rica.
Ante el poder militar de las FARC, los actores internacionales las han reconocido un factor decisivo para el desenlace del conflicto social y armado en Colombia, como la principal oposición política al sistema y sus gobiernos y como elemento sustancial en el proceso interno colombiano.
Recomendaciones para iniciar el proceso de paz. El 13 de diciembre de 1998, un grupo de juristas de varios países europeos, se dirigieron al presidente Pastrana y al comandante de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, para plantear “la posibilidad, sensata y concreta, de una solución política del conflicto, a través del proceso de diálogo iniciado entre las fuerzas beligerantes; con los decretos presidenciales que ordenaron la desmilitarización de una porción del territorio nacional acordado como zona para las conversaciones directas y el reconocimiento explícito, en tales decretos, de la guerrilla como interlocutor político o fuerza política beligerante”.
CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BELIGERANCIA,
ASUMIDAS POR TRATADISTAS EN DERECHO INTERNACIONAL
v El reconocimiento de beligerantes solamente procedería cuando el conflicto interno ha alcanzado la dimensión de una auténtica guerra civil, es decir:
1) Una situación real de guerra, es decir que no se trate de una simple revuelta sino de una guerra en sentido propio, caracterizada por un estado general de hostilidades.
2) Que los insurgentes ejerzan el control de hecho de una porción del territorio del Estado contra cuyo gobierno legítimo se han alzado en armas.
3) Que los insurgentes cuenten con alguna forma de gobierno y dispongan de una organización militar propia.
4) Que los insurgentes ejerzan dentro de ese territorio un cierto grado de control administrativo.
5) Que los insurgentes estén en condiciones de cumplir con las normas del derecho de la guerra.
v Un reconocimiento prematuro o no justificado de beligerancia, configuraría una injerencia en los asuntos internos del Estado, en cuyo territorio se desarrolla el conflicto, razón por la cual los gobiernos deben ser sumamente cautelosos al tratar con grupos irregulares alzados en armas contra un gobierno legítimo.
v El reconocimiento de beligerancia puede provenir del propio gobierno legítimo del Estado, contra cual han insurgido los alzados en armas o de un tercer Estado ajeno al conflicto y no necesariamente tiene que ser expreso, sino que puede resultar implícito como resultado ciertos actos o posiciones que indican la clara intención de acordar a los insurgentes la condición de beligerantes. Al reconocer a los rebeldes como beligerantes, el tercer Estado asume automáticamente la condición de neutral.
ARGUMENTOS ADVERSOS A LA BELIGERANCIA:
Algunos tratadistas de Derecho Internacional que se oponen al reconocimiento de las FARC, consideran que la noción de beligerancia ha entrado en obsolescencia, en tanto:
A partir de 1945, comenzaría a perder importancia como resultado de diversos factores, tales como: la Carta de las Naciones Unidas, al abolir el derecho de los Estados a recurrir a la guerra, la interdependencia económica, las nuevas formas y métodos de hacer la guerra, las rivalidades ideológicas.
La adopción de los Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Humanitario y sus Protocolos Adicionales de 1977, particularmente el Protocolo II, que al establecer que las normas del derecho humanitario son aplicables a los conflictos internos, habría hecho innecesario invocar la beligerancia y la neutralidad.
El papel de las Naciones Unidas en los conflictos armados internos, permitiendo alcanzar soluciones con la participación de todos los contendientes sin que ello implique el reconocimiento de beligerancia.
CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
El conflicto armado en Colombia tiene raíces muy profundas, que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. A la violencia que caracteriza las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX, hasta la época del Frente Nacional (1958-1978), hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa.
La política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opciones democráticas de oposición, explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros de los años 60 y 70, entre ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos nacidos en 1964 y que en la actualidad cuentan con unos 17.000 y 3.000 efectivos, respectivamente.
Cabe destacar, que a principios de los años ochenta, surgieron los grupos paramilitares, especialmente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para llevar a cabo la lucha contrainsurgente.
EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
Belisario Betancur (1982 – 1986)
Comienza con el proceso de paz de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986. El común de la gente piensa que los intentos de paz del presidente Betancur fracasaron. Sin embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un cambio importante en la dirección del discurso político del país. Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional:
v El primero, reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ella.
v El segundo, planteó que Colombia, como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de apertura democrática.
El nuevo planteamiento era un viraje radical. Para Betancur, el paso fundamental del proceso de democratización colombiano era la negociación con la guerrilla, sobre la base de su eventual participación en un sistema político reformado.
Durante el gobierno de Betancur, se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz.
Virgilio Barco (1986-1990)
Su gobierno hizo una evaluación de la política de paz de Betancur. Los nuevos consejeros concluyeron que sus predecesores no tenían un proyecto definido, no había metas claras ni cronogramas o fechas límite precisas, no había tiempo de difusión; había demasiados actores sociales involucrados, pero sin un compromiso definido y efectivo por parte del gobierno.
A partir de estas evaluaciones, el gobierno de Barco fundó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, como símbolo y garantía del compromiso del gobierno al más alto nivel. A través de esta nueva oficina, el gobierno redujo el alcance de las negociaciones a unos asuntos que consideró manejables.
En vez de una agenda de negociación amplia y abierta, quería negociar con la guerrilla únicamente, sobre los pasos del desarme y la posterior incorporación en la vida política legal. Los otros asuntos políticos y sociales deberían ser tratados en otros foros y dirigidos a otros contrincantes que no pertenecían a los movimientos armados. El gobierno quería reafirmar la autoridad del Estado como Estado. Así, junto con el proyecto de negociaciones restringidas con la guerrilla, el gobierno Barco desarrolló una serie de programas, tales como el Plan Nacional de Rehabilitación y el establecimiento de los consejos municipales y departamentales de rehabilitación.
En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar a la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema de "mano tendida; pulso firme".
César Gaviria Trujillo (1990-1994)
En 1990, tomó la presidencia de la República, César Gaviria Trujillo, hoy día secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA. En diálogos con los movimientos guerrilleros, el liberal consiguió la desmovilización de la mayor parte del Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PTR, el Quintín Lame y las Milicias.
Un posible nuevo diálogo con la guerrilla más antigua del mundo se veía más lejos, luego de una acción de las Fuerzas Militares que atacaron el campamento de la Uribe, donde se mantenía asentado el comando de este movimiento. Corría el 1991, año en que iniciaba la constituyente.
César Gaviria adelantó en la ciudad de Caracas (Venezuela) y posteriormente, en Tlaxcala Cravo Norte (México), diálogos con la Coordinadora Guerrillera (CGSB), de la que hacían parte las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL.
El gobierno de Gaviria se reunió el 15 de mayo de 1991, con la Columna de la Coordinadora Guerrillera, para fijar los inicios de un nuevo diálogo de paz. Como resultado, las partes adelantaron dos nuevos contactos directos, uno en Caracas, desde el 1 de junio, y otro en un lugar que no se especificó.
En la fecha fijada se iniciaron los diálogos en Caracas, allí el gobierno planteó el estudio de un eventual cese de hostilidades, ratificación de los protocolos I y II de Ginebra sobre DIH y la posible participación de la guerrilla en la Asamblea Constituyente.
El gobierno planteó cuatro puntos ejes en el diálogo: el cese de hostilidades, presencia de la guerrilla en la Asamblea Constituyente, reinserción y desmovilización.
Por su parte, las Farc propusieron que se les dejara participar en una de las sesiones de Asamblea, pusieron como tema fundamental el desmonte del paramilitarismo y del estado de sitio.
El desarrollo de los puntos contemplados en la agenda, fueron interrumpidos en varias oportunidades por múltiples razones. Una de las interrupciones fue determinada por el mismo gobierno, después del intento de asesinato contra el presidente del Senado de ese entonces, Aurelio Iragorri Hormaza, del cual salió ileso, pero murieron siete de sus acompañantes.
El 10 de marzo se reanudó la ronda de conversaciones en México con la columna guerrillera. Allí estuvieron presentes varios funcionarios del gobierno, voceros de los partidos políticos, gremios, sindicatos y otros estamentos de la vida civil.
El 11 de junio, el Gobierno declaró oficialmente cerrado el capítulo de las negociaciones. Este se convirtió en un tercer intento, que aunque fallido, dejó en claro que la mejor opción es la salida negociada.
Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998)
El gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), no avanzó sustancialmente en diálogos con movimientos guerrilleros, pero le dio la oportunidad a la sociedad civil de tener un espacio importante en la búsqueda de la paz. Durante su mandato fue elegido Carlos Holmes Trujillo, quien realizó los primeros acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL, quienes sus dirigentes se encuentran presos en la cárcel de Itaguí.
Los acercamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc se realizaron por medio de la Comisión de Conciliación Nacional, que fue creada por la sociedad civil.
Este Consejo, aunque no tenía la suficiente autonomía para actuar, logró en conjunto con el Comité Nacional de Paz un acercamiento con el ELN. Fue cuando se inició el proceso de paz con Andrés Pastrana.
PASTRANA (1998 - 2002)
Desde la misma campaña presidencial, se consolidó la intención tanto del grupo de las Farc, como la del en ese entonces candidato Andrés Pastrana Andrés Pastrana Arando, de iniciar con un proceso que llevara finalmente a la paz.
El proyecto político de Pastrana a desarrollarse en el periodo de 1998 - 2002, se resumía en tres importantes vertientes: el diálogo con la guerrilla, el plan de desarrollo para la paz y la reforma política.
Entre las estrategias realizadas para el buen ambiente de los diálogos se estableció la Zona de Distensión, conformada por cinco municipios del Meta y Caquetá que fueron desmilitarizados. El área neutral, como también fue denominada, se convirtió en el centro de atención durante los tres años que duró el quinto intento de paz.
Paralelo a las negociaciones con las Farc, el gobierno inició también importantes acercamientos con el ELN.
Los notables avances con estas agrupaciones dieron pie para que por decreto, se le diera carácter político a las Farc y al ELN.
En estas negociaciones tomó protagonismo la intervención del sector internacional tanto en el financiamiento, como directamente en el proceso.
Desde 1998, Colombia entra en un proceso de negociación entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y los líderes del grupo armado más numeroso del momento (…) como son las FARC, en función de la agudización del conflicto en los años previos. Este proceso, le dio a las FARC un carácter político reconocido por actores internacionales, en la búsqueda de una disminución de los enfrentamientos y de intentar buscar un nuevo pacto social que ayudara a preparar el terreno para lograr un desarrollo democrático.
Estas negociaciones en un primer momento, tuvieron un apoyo en la estructura política del Estado y de la sociedad, así como de los grupos económicos que veían en el conflicto como un freno para la inversión y el desarrollo económico del país. Por el contrario, este proceso tuvo una oposición por parte de grupos de terratenientes, miembros de la clase media, sectores del ejército, y las recién estructuradas AUC de Carlos Castaño que veían en la confrontación directa o bélica la única salida al conflicto con la guerrilla colombiana.
La búsqueda de la paz fue materializada por Pastrana, con el apoyo en un primer momento de EEUU, lo cual tenía como objetivo, implantar como puntos en las negociaciones: la exigencia de la erradicación de cultivos de coca, amapola y marihuana, enmarcada en su política de lucha contra las drogas, algo paradójico ya que según Jairo Estrada, “los EEUU y Europa es donde se produce el lavado de dinero y la inversión de por lo menos 98.33% de los recursos que genera el negocio del narcotráfico anualmente, es decir, 46,650 millones de $ descontando los 2,500 millones de $ que regresan a Colombia por este concepto”.
El 14 de octubre de 1998, se creó, en virtud de este proceso de Paz, una “zona de distensión” de aproximadamente 42,319 kilómetros cuadrados del territorio colombiano, de esta manera se oficializó el status político de las FARC.
El 7 de enero de 1999, Pastrana dio inicio a los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. Esto con el transcurrir del tiempo, es decir, 2 años aproximadamente se fue convirtiendo en debates improductivos debido a las posiciones, antagónicas de los actores en discusión, lo cual fue creando escepticismo por parte de diversos grupos de la sociedad colombiana.
Esta inestabilidad acompañó dicho proceso, demostrándose en la práctica, por los malestares dentro de la FFAA colombiana frente a estas decisiones. Esto se evidenció con la renuncia del ministro de la defensa Rodrigo Lloreda, debido a la forma en como se estaba manejando los diálogos entre las FARC y el gobierno colombiano.
Uno de los factores que hizo que las reacciones del Ejército colombiano no pasaran a mayores consecuencias, fue que paralelamente a este proceso, las FFAA se fueron fortaleciendo, gracias a la construcción del Plan Colombia. Según Ahumada, para “1998, cuando Pastrana llegó al poder, no había más de 20 mil soldados profesionales, para el 2001, el número llegaba a 60 mil y los helicópteros pasaron de 20 a 200, esto con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Colombia por el orden de 2085 millones de $”.
La prolongada concertación, sin concluir, fue promoviendo tras bastidores, la incorporación del Plan Colombia, aprobado por el Congreso norteamericano, el 13 de junio de 2000, con el nombre de US Aid Package, destinados para Colombia, representando una redimensión del conflicto, debido al afianzamiento de la ayuda militar y consensuado entre los dos países Estados Unidos como eje rector y Colombia como anexionista a dichos planes continentales, debido a la deslegitimación del Estado para abordar su conflicto interno.
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL DE PASTRANA
“DIPLOMACIA PARA LA PAZ”
En junio y julio de 1998, dos fotografías sorprendieron a Colombia; después de mucho años sin certeza de su existencia, el pueblo colombiano volvió a ver al guerrillero más antiguo del país y de Latinoamérica, se trataba de Manuel Marulanda Vélez, junto al candidato presidencial Andrés Pastrana, el cual afirmaba al país “la confianza en unas negociaciones que, como Jefe de Estado, asumiría en forma personal”. Días después, el presidente electo viajaría a Washington para entrevistarse con el presidente norteamericano Bill Clinton, para entregarle una agenda de 10 puntos, que para las FARC, era considerada como “una plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”.
La posición de las FARC frente al interés de negociar del gobierno que estaba por empezar, fue que “la solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos, entendido como un problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y compromisos de las grandes potencias, como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes”. En palabras del analista colombiano Enrique Santos “Andrés Pastrana tenía que explicarle a Estados Unidos que la estrategia de bombardear los cultivos de hoja de coca en territorios de la guerrilla era una pésima forma de combatir el narcotráfico en la Colombia de aquí y de ahora”. Más adelante se verá si dicho planteamiento convenció o no a los estrategas norteamericanos.
La elección de Pastrana como Presidente el Junio de 1998, llegó con el entusiasmo propio del fin de una contienda electoral en la cual el punto central y decisivo “fue la decisión de apostar por el diálogo con las FARC”. La reunión con el jefe máximo de ese movimiento guerrillero, Manuel Marulanda, fue calificada como inédita y valerosa en la historia reciente del país. Ello mereció a la vez, amplio “respaldo popular 102 Hernán Moreano Urigüen y recelo militar”. De igual manera el candidato electo planteó en los Estados Unidos su propósito de “establecer una amplia zona de despeje para iniciar conversaciones con el movimiento guerrillero”. Los congresistas del Capitolio no lo entendieron muy bien, e incluso les preocupaba la idea de que dicha zona por desmilitarizar fuera una de las más grandes productoras de coca.
Una vez inaugurada la nueva administración el eje de la política exterior del país se basó en la denominada “Diplomacia para la Paz”, cuyo fin era conseguir apoyo económico y político internacional. En el discurso de posesión del Pastrana se menciono la frase “Internacionalizar la Paz”, la cual mostraba que la lucha contra la drogas era también responsabilidad de la comunidad internacional, en especial también de las naciones consumidoras para el control del lavado de dinero, el comercio de precursores químicos y el tráfico ilícito de armas; al igual que el apoyo al control de los derechos humanos bajo el derecho internacional humanitario en el conflicto armado interno.
ZONA DE DISTENSIÓN
La zona de distensión se creó mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, con el único propósito de adelantar el proceso de diálogos y negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Farc-ep. Ésta comprendió los Municipios de la Macarena, Mesetas, Uribe, y Vista Hermosa en el Departamento del Meta, y San Vicente del Cagúan en el Departamento del Caquetá. Su área era de 42.000 Kilómetros Cuadrados aproximadamente.
La vigencia de esta zona, también denominada como "neutral" o "área de despeje", fue prorrogada mediante las Resoluciones No. 07 del 5 de febrero de 1999, 39 de 7 de mayo de 1999, 39 del 4 de junio de 1999, 92 del 1 de diciembre de 1999, 19 del 6 de junio de 2000, 101 del 6 de diciembre de 2000, 04 del 31 de enero de 2001 y 14 del 20 de enero de 2002.
De otra parte, mediante Resolución 31 de 7 de marzo de 1999 se autorizó la creación de un Cuerpo Cívico de Convivencia para la zona con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades normales de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y libertades públicas.
Dicho cuerpo estaba al mando de los Alcaldes de los Respectivos municipios y cuenta con un convenio de cooperación entre la Policía Nacional y el Fondo Especial para la Paz, lo cual garantiza su pleno funcionamiento.
En cuanto al poder judicial, si bien éste no tenía presencia física en la zona, mantenía su jurisdicción en toda el área con asiento en las cabeceras de los municipios que circundaban la zona y en las capitales departamentales.
Para reforzar lo anterior, el Ministerio Público a través de la Defensoría del Pueblo creó una oficina en la cual tenía como supuesta función atender las denuncias de violaciones a los Derechos Fundamentales.
La región que comprendía la zona de distensión con sus cinco poblaciones ya mencionadas gozaban de gran importancia estratégica, no sólo por su riqueza etno-cultural, su diversidad en fauna y flora, además de ser reserva natural de la biosfera, sino por ser el centro de atención internacional por el desarrollo de los diálogos y la negociación con la guerrilla activa más vieja del país y del mundo.
Con su creación, el gobierno pensó en aterrizar un proyecto real de paz y una notable reducción de los hechos de violencia en el sur oriente colombiano.
Zona que responde a las exigencias siguientes:
a) Se han evacuado de ella a los combatientes, las armas y los materiales;
b) No se hace un uso hostil de las instalaciones o establecimientos militares fijos;
c) Ni las autoridades ni la población civil cometen dentro de ella actos de hostilidad;
d) Ha cesado en ella toda actividad relacionada con el esfuerzo militar.
Es posible, no obstante, que las fuerzas de policía se estacionen en ella para mantener el orden. El procedimiento relativo a la creación, el reconocimiento y la determinación del signo distintivo de una zona desmilitarizada está regido por reglas detalladas. La noción de zona desmilitarizada se asemeja a la de zonas y localidades sanitarias, a la de zonas neutralizadas y a la de zonas y localidades sanitarias y de seguridad (cf. GP I, art. 60). V. también: Localidad no defendida.
CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE PAZ
1998
7 de noviembre: Las FARC anuncian que no comenzarán negociaciones hasta que 130 soldados desarmados del Batallón Cazadores, que se quedaron para funciones administrativas, abandonen la zona. Los soldados son retirados por el gobierno.
Octubre: mediante una resolución se establece la zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán hasta el 7 de febrero de 1999.
1999
7 de diciembre: Se realiza una quinta prórroga de la zona hasta el 7 de junio de 2000
18 de julio: Las FARC congelan el diálogo por estar en desacuerdo con el gobierno sobre la creación de una comisión de verificación que atienda denuncias sobre violaciones de derechos humanos en la zona. El gobierno retira la propuesta.
7 de junio: Se prorroga la zona hasta diciembre de 1999.
7 de mayo: Se prorroga la zona de distensión por un mes más.
6 de mayo: El Gobierno y las FARC definen una agenda de doce puntos que comienza a analizarse en la mesa de Negociación. Una comisión del congreso de EEUU visita la zona.
2 de mayo: El presidente Pastrana viaja a la zona neutral para reunirse con Marulanda y firmar un acuerdo escrito, en un intento por reactivar el proceso.
20 de abril: Se reanudan las conversaciones de los miembros de la mesa de negociación. Presentan el borrador de la agenda única.
3 de marzo: Se encuentran los cadáveres de los indigenistas estadounidenses Ingrid Washinawatok, Laheenae Gae y Terence Freitas, secuestrados y asesinados por un frente de las FARC, que se compromete a investigar y castigar a los autores.
5 de febrero: se amplia la zona por 90 días más.
19 de enero: Las FARC anuncian la primera "congelación" de las conversaciones a la espera de informes oficiales sobre la lucha contra los paramilitares, tras una serie de masacres.
7 de enero: Se instala la mesa de negociación tras una ceremonia a la que asiste el presidente, Andrés Pastrana, pero no acude el jefe máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez.
2000
6 de diciembre: Pastrana prorroga por 55 días la vigencia legal de la zona neutral, un período mucho menor a los anteriormente decretados, en un mensaje a las FARC para que haya avances.
14 de noviembre: Las FARC anuncian la "congelación indefinida" de las negociaciones hasta que el Gobierno muestre resultados en la lucha contra las paramilitares.
26 de octubre: Se reanudan las negociaciones, después de que se crea un comité para solucionar el escollo ocasionado por el secuestro.
8 de septiembre: El guerrillero Arnubio Ramos, preso en una prisión de Bogotá, secuestra el avión en el que era trasladado hacia un juicio en la ciudad de Neiva y lo desvía a San Vicente del Caguán, donde queda bajo protección de las FARC. El gobierno suspende las negociaciones y exige la entrega del secuestrador; la organización guerrillera se niega.
7 de julio: El fiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, asegura tener pruebas de que dos niños secuestrados, por cuya liberación se exigen grandes sumas de dinero, están en poder de las FARC. El grupo insurgente también ofrece investigar las denuncias.
7 de junio: Se extiende el plazo de la zona de distensión hasta el 7 de diciembre.
22 de mayo: El gobierno suspende las negociaciones hasta que se esclarezca la autoría del crimen del "collar bomba". Días después, reconoce que no fue una acción de los rebeldes.
16 de mayo: Una banda de delincuentes asesina con un "collar bomba" a la campesina Ana Elvia Cortés en el departamento de Boyacá. Los oficiales acusan del crimen a las FARC, que rechazan los cargos.
3 de marzo: El consejero Jaime Ruiz y el director nacional de Planeación, Mauricio Cárdenas, viajan a la zona para exponer el Plan Colombia.
1º de febrero: La comisión negociadora de las FARC sale hacia Europa para realizar una gira de 33 días.
29 de enero: Se inauguran las negociaciones entre el gobierno y las FARC. Los medios de comunicación se niegan a asistir por el secuestro del director de un noticiero de televisión.
2001
25 de diciembre: Las FARC señalan que el proceso de paz sigue en crisis.
24 de diciembre: El alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, anuncia la reanudación de los contactos.
17 de octubre: Las FARC se levantan de la mesa y piden el fin de las nuevas medidas de control.
7 de octubre: Pastrana prorroga la zona de distensión hasta el 20 de enero de 2002 pero anuncia mayores controles en torno a la misma tras el secuestro y asesinato de la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera.
5 de octubre: El gobierno y las FARC suscriben el "Acuerdo de San Francisco de la Sombra", que los compromete con la inmediata discusión de un cese el fuego y de hostilidades.
8 de febrero: Pastrana y Marulanda dialogan sobre el intercambio de prisioneros, la lucha contra los paramilitares, los resultados el proceso de paz y el Plan Colombia.
2 de febrero: Marulanda acepta entrevistarse con Pastrana el jueves 8 de febrero.
31 de enero: El presidente Pastrana anuncia la prórroga por unos días de la zona de distensión de más de 42.000 kilómetros cuadrados con el único propósito de reunirse con Marulanda para discutir el futuro del proceso de paz.
24 de enero: La Corte Constitucional refrenda la facultad del presidente Pastrana para crear zonas de distensión.
23 de enero: El ejército anuncia la movilización de 2.5000 soldados hacia la frontera de la zona de distensión.
22 de enero: Pastrana, de viaje por Francia y Suecia, insta a las FARC a reanudar las negociaciones a cambio de prorrogar el territorio neutral. Marulanda defiende los avances para lograr la liberación de prisioneros, a pesar de que no hay negociación.
21 de enero: El Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, se reúne con las FARC para analizar propuestas de las partes.
17 de enero: Marulanda pide la prórroga indefinida para la zona de distensión.
4 de enero: El gobierno solicita a las FARC que aclaren si tienen responsabilidad en el asesinato del congresista Diego Turbay y su familia.
2002
20 de Febrero: Un frente de las FARC secuestra un avión de cabotaje. Liberan a todos los pasajeros, excepto a uno: el senador Jorge Gechem. En la noche, el presidente Andrés Pastrana anuncia el fin del proceso de paz.
14 de febrero. Los candidatos presidenciales Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón e Ingrid Betancourt asisten a un foro en la zona de distensión, en el que critican los atentados de las FARC y piden a guerrilla y Gobierno evitar por todos los medios una guerra mayor.
15 de enero: Después de vencerse los dos plazos de 48 horas otorgados por el presidente Andrés Pastrana, los negociadores tienen una nueva fecha límite, el 20 de enero. Ese día vence la prórroga decretada en octubre del año pasado para la vigencia de la zona desmilitarizada.
14 de enero: Embajadores de la ONU y diez países negocian contra reloj para evitar que se termine el proceso de paz con las FARC.
13 de enero: Con el plazo otorgado por el presidente Andrés Pastrana ya vencido, las FARC presentan un proyecto para continuar con el proceso de paz. Pastrana rechaza la propuesta.
12 de enero: James Lemoyne, mediador de Naciones Unidas en el conflicto entre el gobierno y las FARC, comunica a través de la televisión que parece inevitable una incursión del ejército a la llamada zona de distensión.
10 de enero: El presidente Andrés Pastrana concede un plazo de 48 horas para que el representante de Naciones Unidas en Colombia, James Lemoyne, realice una misión mediadora que permitiera rescatar el proceso.
9 de enero: El comisionado Gómez da por finalizado el proceso de paz.
8 de enero: Los delegados del gobierno y las FARC no logran avances tras un encuentro de 10 horas. La guerrilla envía nueve cartas abiertas al presidente, a la ONU, al Congreso y a la iglesia Católica, en ellas responsabilizan al Ejecutivo por un eventual fracaso del diálogo.
3 y 4 de enero: Las partes no logran reactivar el proceso debido al tema de los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada.
FIN DEL PROCESO DE PAZ
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, dio por terminado el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ordenó a las Fuerzas Militares que retomen el control de la zona desmilitarizada donde se llevaban a cabo las negociaciones.
El anuncio se realiza luego de que el gobierno acusara a las FARC del secuestro de un avión -hecho que los rebeldes negaron-.
En una alocución televisada en directo, el mandatario hizo un resumen de los acontecimientos alrededor del proceso de paz iniciado en 1999, con la firma del acuerdo de Los Pozos.
Pastrana dio a las FARC unas horas para retirarse.
Durante su exposición, Pastrana mostró fotografías de las nuevas instalaciones construidas por el principal grupo guerrillero del país en la zona desmilitarizada, a lo largo de estos tres años.
El Presidente se dirigió directamente a Manuel Marulanda, máximo comandante de las FARC, a quien acusó de burlarse de la buena fe de todos los colombianos.
"Decretamos una zona para sostener negociaciones... y usted la ha convertido en una guarida de secuestradores, en laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados".
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y el ELN
Antecedentes
"Procesos de Paz en Colombia: Historia de Fracasos, traición y exclusión". Ejército de Liberación Nacional. (Desde la década de los 50's a la fecha).
Antecedentes del Proceso de Paz. Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia.
Instrumentos jurídicos
Resolución nº 83. Ministerio de Defensa Nacional. 9 de Octubre de 1998. Con esta resolución se da por iniciado el proceso de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, y este último queda considerado como una organización armada con carácter político.
Proceso de Negociación y ruptura
Acuerdos de Puerta del Cielo. Alemania, 15 de julio de 1998. Firmados por la Sociedad Civil aquí representada, el ELN y el Comité Nacional de Paz, con la facilitación de las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia. Están encaminados al inicio del Proceso de Paz y el desarrollo del proceso de una Convención Nacional. Este proceso se estancó a los pocos meses de iniciado, con la actitud negativa del presidente Pastrana hacia el desarrollo de la propuesta con dicho enfoque.
Acuerdo de Río Verde. 11 al 13 de octubre de 1998. Se acordó, con los delegados del acuerdo de Alemania, abordar un bloque temático que recoge los grandes problemas que se deben solucionar para una paz real y duradera:
1. Garantizar la vigencia integral de los derechos humanos, el DIH y acabar con la impunidad.
2.- Construir el Estado de Derecho que represente y condense el interés nacional, la participación democrática y el papel de las Fuerzas Armadas.
3.- Establecer un modelo económico que garantice la justa distribución de la riqueza, y que esta riqueza esté en función del desarrollo y el bienestar actual y el de las futuras generaciones.
4. Defender la soberanía nacional y los recursos naturales, para que éstos estén en función del desarrollo del país.
Reglamento para la "zona de encuentro" y el reglamento para su verificación, se elaboraron y acordaron, entre el Gobierno Nacional y el ELN, con el fin de celebrar la Convención Nacional y los diálogos y negociaciones de paz, respetando los derechos y libertades de la comunidad comprometida en ella.
Declaración de Ginebra. 25 de julio de 2000. El "encuentro por el consenso nacional por la paz de Colombia" sostenido entre sectores de la sociedad civil, representantes del Gobierno y el ELN en Ginebra, Suiza, fue un paso importante para el avance del proceso de paz. Las partes respondieron positivamente a la solución política negociada, la Convención Nacional y al acatamiento del Derecho Internacional Humanitario.
Crisis del proceso de paz. 12 de Abril de 2001. Este documento pone de manifiesto la ruptura de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el ELN. Ruptura que se oficializará a principios de agosto del mismo año y que el ejecutivo colombiano atribuya a la falta de voluntad política del ELN para la paz. En este documento, el ELN explicita cuáles son los elementos que han contribuido a paralizar el proceso de negociación. Entre estos elementos se destaca la falta de credibilidad de los acuerdos y la persistencia de acciones paramilitares en la supuesta zona de encuentro así como la no actuación de las fuerzas públicas para parar a estos grupos.
Encuentro de Estocolmo. 23 al 25 de abril de 2001. En este encuentro participaron representantes del ELN, Gobierno de Suecia y el gobierno colombiano, delegados de la ONU, de ONG de Europa y Colombia y representantes de varias organizaciones sociales comprometidas con la paz.
En este encuentro se centró una reflexión profunda sobre el proceso de paz de Colombia, el aporte positivo de la Comunidad Internacional, la aplicación del DIH y los DDHH y el intercambio sobre experiencias de procesos de paz en otros países.
Cumbre por la Paz en la Habana, Cuba. 29 a 31 de enero de 2002.
Declaración de la Habana. 31 de enero 2002. La declaración propone la creación de una comisión conjunta del Gobierno, el ELN, con el acompañamiento del Grupo de Países Amigos, facilitadores del proceso de paz colombiano, y del representante del secretario general de Naciones Unidas, con el fin de llevar a cabo acuerdos humanitarios y sociales. Al referirse a acuerdos humanitarios, el documento formula nueve puntos que incluyen la desvinculación de los menores del conflicto armado, inversión social en zonas de conflicto, respeto a la infraestructura eléctrica, vial y petrolera, y localización y erradicación de todo tipo de minas antipersonal.
Ponencia del ELN. 30 de enero de 2002.
Suspensión de los Diálogos de Paz
Discurso por el Presidente Andrés Pastrana donde explica la ruptura con el ELN. 31 de mayo de 2002. El presidente Andrés Pastrana rompió las conversaciones con el ELN, argumentando la imposibilidad de acceder a las demandas de esta organización insurgente respecto de la financiación de la tregua. Pastrana también responsabilizó al ELN por su negativa a firmar un acuerdo que, según él, se había redactado conjuntamente, además de señalar que las negociaciones en medio del conflicto se agotaron.
Comunicado del Ejército de Liberación Nacional. 3 de junio de 2002. El ELN respondió al anuncio del Gobierno con un comunicado titulado "La paz exige grandeza", en el que denunció la incapacidad del Gobierno de cumplir sus compromisos. Citaron como ejemplo la zona de encuentro en el sur de Bolívar y el incumplimiento del Acuerdo de La Habana del 2001 y el de Transición hacia el próximo gobierno. Anunciaron además que el ELN mantiene su postura de trabajar por una salida política al conflicto.
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC
Antecedentes
En las últimas décadas, la historia colombiana ha presenciado numerosas treguas, en las cuales las partes involucradas directamente en el conflicto se han comprometido a suspender sus hostilidades, a través de la firma de acuerdos o armisticios. Una de las más significativas por sus contenidos y alcances quizás haya sido la de 1984.
Con la aprobación de la Ley General de Amnistía, en 1982 (Ley No. 35 del 19 de noviembre) y la derogación del Estatuto de Seguridad -a cuyo amparo, el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) había adelantado una abierta represión contra las organizaciones populares- surgen en el país condiciones favorables para iniciar un proceso de cese al Fuego, Tregua y Paz, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente, Belisario Betancur (1982-1984).
Este proceso cristaliza en la firma de los Acuerdos de cese al Fuego y Tregua, el 28 de marzo de 1984, en los cuales las partes firmantes se comprometen a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto. El Documento -más conocido como "los acuerdos de la Uribe" - fue suscrito por una Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, en representación del gobierno, y por el Estado Mayor de las FARC-EP.
Dos meses después de firmado el acuerdo, el 28 de mayo de 1984, las FARC-EP ordenaron el cese del fuego a todos sus frentes guerrilleros (en un número de 27, para ese momento). Simultáneamente y, dando curso a lo acordado, el Presidente Betancur -Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Oficiales- dio la misma orden a todas las autoridades civiles y militares del país. El pacto, en ningún momento, contemplaba la entrega de armas por parte de la insurgencia.
Instrumentos jurídicos para la negociación:
Resolución 84 del 14 de Octubre de 1998. En virtud de la Ley 418 de 1997 y de la Ley 417 del mismo año se reconoce a tres miembros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como representantes de este grupo en el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos entre las FARC y el Gobierno colombiano.
Resolución 85 del 14 de Octubre de 1998. Es el inicio formal del proceso de diálogo entre las FARC y el gobierno colombiano y supone el establecimiento de la zona de distensión que funcionará a partir del 7 de noviembre del mismo año y que abarcará los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena y Vista Hermosa (todos ellos situados en el departamento de Caquetá). El período de vigencia de la zona de distensión será fijado temporalmente por el ejecutivo de la República.
Resolución 01 del 5 de Enero de 1999. Establece la extensión del artículo 8 de la Ley 418 (suspensión de órdenes de captura y capacidad para moverse por el territorio nacional) a los portavoces o miembros-representantes de las FARC que participen en la puesta en funcionamiento de las mesas de diálogo en las que se deberá definir la agenda y las reglas de solución negociada del conflicto.
Decreto 333 de 28 de febrero de 2002. Por el cual se decreta un Teatro de Operaciones delimitado por diferentes áreas y se nombra comandante de dicho "Teatro de Operaciones" al señor Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, sin perjuicio de sus funciones como Jefe de Operaciones del Ejército Nacional.
Acuerdos
Acuerdo de la Uribe. 28 de marzo de 1984. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta).
Acuerdan que las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984. Cuando a juicio de la Comisión de Verificación, hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un año para que los integrantes de las FARC-EP puedan organizarse política, económica y socialmente, según su libre decisión y podrán acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios. El gobierno les otorgará, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y los estímulos pertinentes.
Prórroga del Acuerdo de la Uribe. 2 de marzo de 1986. La Uribe, Municipio de Mesetas (Meta).
Las partes signantes de este documento adicionan y amplían el Acuerdo de la Uribe, pensando en los altos intereses de la Nación y en la necesidad que existe de afianzar la paz, como medio de garantizar no sólo la continuidad y el desarrollo democrático del país, sino el sosiego y la seguridad de todos los ciudadanos.
Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia. 6 de mayo de 1999. La Machaca, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este documento se enumeran los temas a tratar en las negociaciones de paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, entre ellos: Solución política negociada, Protección de los derechos humanos como responsabilidad del estado, Política agraria integral, Estructura económica y social, Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario, etc.
Acuerdo de los Pozos. 9 de febrero de 2001. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
Este acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC-EP responde a la reanudación del proceso de negociación de la paz, que se paró a finales de 2000. En este acuerdo se prevé, entre otras cuestiones, la creación por parte de la Mesa de Diálogo y Negociación de un nuevo organismo: la Comisión de Notables (personalidades nacionales) que deberá centrar su trabajo en la identificación de los mecanismos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Así mismo, se prevén fórmulas de autoevaluación del proceso de negociador y se anticipan los trabajos que, en términos de derecho internacional humanitario, acabarán dando lugar a un Acuerdo Humanitario, firmado por el Gobierno y las FARC, el 2 de junio de 2001 del que resultará la liberación de cerca de 250 policías y militares -según las FARC.
Acuerdo de San Francisco de la Sombra para Concretar y Consolidar el Proceso de Paz. 5 de octubre de 2001.San Vicente del Caguán (Caquetá).
Tanto el Gobierno como las FARC se comprometen a estudiar el documento presentado por la Comisión de Notables, el 19 de septiembre de 2001, que incorpora temas como la tregua, la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente o hacer partícipes a los candidatos presidenciales (las elecciones presidenciales colombianas se realizarán en mayo de 2002) y a los partidos y movimientos políticos, así como a diferentes sectores sociales y al Consejo Nacional de Paz, de diferentes temas relacionados con la consecución de la paz para favorecer el diálogo y el intercambio de opiniones. También se ratifica el respeto de las FARC a las personas democráticamente elegidas como alcaldes de los municipios que se sitúen en la zona de distensión así como a la desaparición de la práctica de la pesca milagrosa (así se conocen a los retenes que, de forma arbitraria, se colocan en diferentes zonas del territorio y que pueden conllevar el secuestro de personas con rentas medias/altas para después pedir rescates, así como el robo de posesiones personales, etc.).
Acuerdo de Cronograma de Consenso para el Futuro del Proceso de Paz. 20 de enero de 2002. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este acuerdo ambas partes ratifican que reiteran que la salida política negociada es la vía para resolver el conflicto armado en Colombia. Y uno de los puntos acordados se refiere a la conformación, de común acuerdo, de una Comisión Internacional de acompañamiento que permita servir de verificadores de los acuerdos y para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Asimismo, la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación se fija como meta llegar a la firma de acuerdos concretos sobre tregua con cese de fuegos y hostilidades a partir de la disminución del conflicto, teniendo como fecha para lograrlo el 7 de abril de 2002.
Acuerdo sobre el Acompañamiento Nacional e Internacional a la Mesa de Diálogo y Negociación. 7 de febrero de 2002. Los Pozos, Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá).
En este acuerdo se consideraron a los miembros de la Comisión de Facilitación Internacional, los siguientes países: Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.
Ruptura del proceso de Paz.
Discurso del presidente Andrés Pastrana donde anuncia la ruptura de los diálogos de paz. 20 de febrero de 2002.
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, anunció el fin de las negociaciones de paz que su Gobierno emprendió en 1999 con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dijo que desde esta fecha correrá un plazo para que las fuerzas militares recuperen la zona neutral creada para el proceso.
Resolución No. 31 de 2002. Por la cual se termina el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Farc y se deja sin efecto el reconocimiento de carácter político a la organización mencionada.
Resolución No. 32 de 2002. Por la cual se da terminación a la zona de distensión. En consecuencia, los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Vista Hermosa y Mesetas tendrán nuevamente presencia judicial y militar.
Resolución No. 33 de 2002. Por la cual se deja sin efecto el reconocimiento de los miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Esta decisión implica que los negociadores de las Farc ya pueden ser objeto de captura por parte de las autoridades judiciales y militares, y que quedan derogadas todas las disposiciones que le concedían el estatus político a ese grupo guerrillero.
Proceso de Paz entre el Gobierno colombiano y el M-19
En el proceso de negociaciones de paz durante el mandato del presidente Virgilio Barco Vargas, el grupo guerrillero M19 había hecho énfasis insistentemente en que uno de los principales requisitos para deponer las armas era la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la constitución la cual hasta entonces no garantizaba la creación y desarrollo de otros partidos políticos diferentes a los dos partidos tradicionales, ni daba espacio de representación a las minorías. Ante la negativa del gobierno de hacer una consulta popular que autorizara el cambio constitucional incluyendo una opción en las papeletas para las votaciones generales del 11 de Marzo de 1990, los estudiantes, en particular los de las universidades, decidieron hacer un movimiento a nivel nacional para que la población incluyera una "Séptima Papeleta" ordenándole al ejecutivo que conformara una Asamblea Nacional Constituyente.
El 8 de marzo de 1990 realizaron la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo liderados por su entonces comandante máximo Carlos Pizarro León-Gómez y se desmovilizaron para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-19.
Para la contienda electoral de 1990 tenían como candidato a la presidencia a Carlos Pizarro, pero este fue asesinado el 26 de abril de 1990 dentro de un avión en pleno vuelo, al parecer por sicarios a órdenes de las mafias del narcotráfico. En su reemplazo se presentó Antonio Navarro Wolf logrando el tercer lugar detrás de César Gaviria Trujillo y Álvaro Gómez Hurtado con 739.320 votos y superando al candidato del partido conservador Rodrigo Lloreda.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se presentaron a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y obtuvieron 19 puestos logrando la votación más alta que grupo alguno tuviera para dicho estamento, convocado con objeto de redactar la Constitución de 1991. Antonio Navarro logró ser uno de los tres presidentes de la Asamblea.
Antonio Navarro fue ministro de Salud durante el gobierno de César Gaviria y ha continuado siendo figura relevante de la política del país, como alcalde de la ciudad de Pasto, Representante a la Cámara, Senador, pre-candidato presidencial y Secretario general del Polo Democrático Alternativo y Gobernador de Nariño.
BREVE RESEÑA DE LOS PROCESOS DE PAZ QUE HAN OTORGADO BELIGERANCIA POLÍTICA A LOS MOVIMIENTOS INSURGENTES
Situación:
Toda resolución de conflictos armados por la vía paz involucra el reconocimientos de partes en pugna. Esta premisa se fundamenta en la culminación exitosa de algunos procesos de paz llevados a cabo en nuestro continente como fuera de sus fronteras. En este sentido, la firma de acuerdos de paz en países como Angola (2002), Sierra Leona (1999) Irlanda (2006), incluyeron el otorgamiento de estatus políticos a las fuerzas insurgentes.
Dentro de los procesos de paz llevados a cabo en Latinoamérica, destaca la labor del grupo Contadora (1983), quien jugó un rol determinante en la resolución de los conflictos armados en Centroamérica, frenando la intervención militar indirecta de la administración de Ronald Reagan, quien veía al exterminio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua) y del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional ( El Salvador), como único mecanismo para establecer la paz en la región.
La visión belicista de gobierno norteamericano de aquel entonces, se centró en apoyar abiertamente al famoso "Comandante Cero" desde Costa Rica, para realizar expediciones militares a partir de ese territorio, sobre Nicaragua.
Esta posición asumida por el gobierno de EEUU en relación a los conflicto armado en América, es retomada y a la vez potenciada, por el Gobierno Bill Clinton, quien obligado por el retiro de las Bases militares en Panamá y por la devolución del control del canal, reajustó los objetivos geoestratégicos norteamericanos , a través de la implementación del Plan Colombia en el año 2000.
La intensificación del Plan Colombia bajo el gobierno de Uribe (2002-2007), incrementó las operaciones militarles contra la insurgencia colombiana (FARC y ELN), la cuales han sido catalogados por su gobierno como “terrorista”.
El empeño de Uribe de negarse a buscar un acuerdo de Paz con la insurgencia colombiana, sepultó de manera definitiva los intentos de negociación realizados por anteriores presidentes colombianos, teles como : Belisario Bentacor, Virgilio Barco, Ernesto Samper y Andrés Pastrana (1998 – 2002), quien creó una zona desmilitarizada y otorgó estatus político a las FARC.
Frente al estancamiento del proceso de paz Colombia , la propuesta formulada , este viernes 11 de enero por el presidente Chávez, de otorgar carácter beligerante a las FARC y al ELN , buscaría, tanto retomar el camino hacia la paz emprendido por ex presidentes colombianos como abrir nuevas formulas de entendimiento que enrumben al hermano país hacia la paz definitiva.
PROCESOS DE PAZ EN AMÉRICA Y RESTO DEL MUNDO QUE HAN INVOLUCRADO EL OTORGAMIENTO DE BELIGERANCIA POLÍTICA A LOS MOVIEMIENTOS INSURGENTES
INICIATIVAS DE PAZ EN CENTROAMÉRICA:
· En América Latina, la intervención del Grupo Contadora (1983) integrado por Colombia, México, Panamá y Venezuela, fue decisiva para lograr la Paz en Centroamérica y demostró a la comunidad internacional que los países de continente podrían trabajar conjuntamente para resolver situaciones de conflicto.
· Las propuestas del Grupo Contadora no contaron con el respaldo de los EEUU. Al respecto el Canciller colombiano Rodrigo Lloreda Caicedo (1984), pidió al gobierno de Ronald Reagan mayor apoyo a las gestiones del grupo.
· Pese a la oposición de los EEUU, quién contemplaba la solución militar como la única alternativa para resolver el conflicto en Centroamérica, la labor del Grupo Contadora fue reconocida por la UNESCO, quien le otorgó 1985, el premio Simón Bolívar.
· Gracias al legado dejado por el Grupo Contadora se inician las conversaciones de paz en el Salvador, las cuales condujeron al desarme FMLN en el período comprendido entre 1991-1992. Este proceso de paz estuvo bajo supervisión militar y bajo la garantía y control de las Naciones Unidas, quien se establece una misión específica para garantizar también el cumplimiento de los acuerdos, llamada Observaciones de las Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL). Estos acuerdos contemplaban mecanismos para la reinserción de los ex-combatientes a la vida civil.
INICIATIVAS DE PAZ EN COLOMBIA:
· Sobre las negociaciones de paz dentro del conflicto armado colombiano, El gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998), creó la Comisión de Conciliación Nacional y el Comité Nacional de Paz para iniciar conversaciones con las fuerzas insurgentes. En sus momentos estás iniciativas significaron avances con respecto a la inercia política que había caracterizado a los Gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, quienes a pesar de iniciar conversaciones con la insurgencia, no lograron concretar acuerdo de negociación.
· El gobierno de Andrés Pastrana (1998 - 2002) resumía tres importantes vertientes: el diálogo con la insurgencia, el plan de desarrollo para la paz y la reforma política. Además estableció la Zona de Distensión, la cual estuvo conformada por cinco municipios del Meta y Caquetá. Está área neutral, oficializó el status político de las FARC, el cual fue reconocido por actores internacionales.
PROCESOS DE PAZ EN ÁFRICA:
· En 1999, el gobierno de Sierra Leona y las rebeldes del Frente Revolucionario Unido (FRU) llegaron a un acuerdo para poner fin a ocho años de guerra civil, causante de más de 50 mil muertos en ese país del occidente africano. Este proceso de Paz, contempló el envió de una fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y la creación de un Tribunal Especial para enjuiciar crímenes de guerra.
· En el 2002, luego de intensas negociaciones entre el gobierno de Angola y Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), suscribieron un alto al fuego que puso fin a 27 de años de conflicto armado. El acuerdo suscrito entre las partes, incluyó la participación de la ONU en el proceso de desarme a milicianos.
PROCESO DE PAZ EN EUROPA:
· Irlanda: El acuerdo de St. Andrews (2006) representó una «hoja de ruta» que estableció un calendario y unos compromisos por parte de unionistas y republicanos en aras de la reinstauración de las instituciones norirlandesas. Este acuerdo, avalado por las fuerzas políticas independentista y pro-británicas— marcó un paso hacia la paz definitiva entre las dos Irlandas y el cese de hostilidades del Ejército Republicano Irlandés (IRA)
CRONOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN DEL PRESIDENTE CHÁVEZ PARA EL INTERCAMBIO HUMANITARIO
Fuente: ABN
5 de agosto: La senadora colombiana Piedad Córdoba pide apoyo al presidente Hugo Chávez como mediador en el proceso de un acuerdo humanitario entre el Gobierno de Colombia y las Farc, desde el programa dominical Aló, Presidente Nº 286, que se realizó en el salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en Caracas. 15 de agosto: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, autoriza a Piedad Córdoba para que sea facilitadora y se reúna con la Farc para ayudar a buscar el acuerdo humanitario. 16 de agosto: El presidente Chávez se reúne con la senadora Piedad Córdoba en Miraflores para concretar su participación como mediador entre el Gobierno neogranadino y las Farc. En conversación telefónica, Chávez le dice a Uribe que está dispuesto a apoyar a la senadora Córdoba en el proceso de facilitación para el canje humanitario. 19 de agosto: El presidente Chávez recibe una carta de los familiares de los secuestrados por las Farc que comenta en su programa Aló, Presidente Nº 298. 20 de agosto: El presidente Chávez se reúne con familiares de personas detenidas por las Farc en el salón Boyacá del Palacio de Miraflores y envía un mensaje a Manuel Marulanda para facilitar el proceso de intercambio. 25 de agosto: El presidente Chávez envía un nuevo mensaje a Marulanda de ayuda para el canje humanitario desde la Asamblea Nacional de Batallones Socialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), realizada en el Poliedro de Caracas. 31 de agosto: El presidente Chávez se reúne con su homólogo Uribe en el Departamento de Cundinamarca, Colombia. En la rueda de prensa conjunta, Uribe agradeció la voluntad del presidente Chávez de ayudar a Colombia para llegar a un proceso de paz y apoya su gestión como mediador en este proceso. 1 de septiembre: El presidente Chávez destacó en la juramentación de los Comités de Defensa de la reforma constitucional en el Teatro Teresa Carreño que por primera vez Colombia acepta a Venezuela en el intento de buscar un acuerdo humanitario. “Nunca antes, en ocho años y medio se nos aceptó, y eso hay que agradecerlo al presidente Uribe, a la sociedad colombiana y a todos los actores del conflicto. 2 de septiembre: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se solidariza con la iniciativa del presidente Chávez de mediador en la búsqueda del intercambio humanitario en Colombia, desde el programa Aló, Presidente en Yaracuy. 3 de septiembre: El presidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva, expresa vía telefónica a Chávez su pleno apoyo a las gestiones de búsqueda de un acuerdo humanitario en Colombia.
16 de septiembre: Chávez insistió desde el programa Aló, Presidente, en su deseo de conversar, en territorio colombiano, con el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Manuel Marulanda, y señaló que tendrá mucha "paciencia y constancia" para poder alcanzar el acuerdo humanitario en Colombia. 18 de septiembre: El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) Manuel Marulanda Vélez envió una carta al presidente Hugo Chávez, cuyo texto fue anunciado parcialmente por el mandatario venezolano. 21 de septiembre: Cuba, Bolivia y Nicaragua, países que integran la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (Alba), acordaron por unanimidad expresar su apoyo a las gestiones de mediación que realiza el presidente Chávez en el proceso facilitador del intercambio humanitario entre el Gobierno de Uribe y las Farc, durante la II Reunión de Consejo de Ministros que se realizó en La Habana, Cuba. 21 de septiembre: El presidente Chávez reiteró a Marulanda invitación a dialogar durante la inauguración de la Unidad Bolivariana de Hemodiálisis Dr. Edgar Moglia, desde Porlamar, estado Nueva Esparta. 23 de septiembre: El comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, manifestó que el gobierno colombiano reitera su confianza y respaldo al presidente Chávez y a la senadora Córdoba, en búsqueda de un acuerdo humanitario con las Farc. 25 de septiembre: Desde el complejo petroquímico El Tablazo, en la zona oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, en el programa Aló Presidente, Chávez afirmó que tiene la sensación de que hablando con Marulanda se pudiera lograr el acuerdo humanitario. 25 de septiembre: El presidente Chávez se reunió en el Palacio de Miraflores con familiares de estadounidenses que se encuentran retenidos por las Farc. Entre ellos: Keith Donald Stansell, por quien asistieron a la reunión con el presidente Chávez sus padres, Lyne Stansell y Marion Gene Stansell; su esposa, la colombiana Patricia Medina; su cuñada, Andrea Medina y sus hijos Keith y Nicolás. Mark David Gonsalves es otro de los rehenes de las FARC, cuyo padre, George Peter Gonsalves, también fue recibido en el despacho presidencial. En representación del también prisionero Thomas Howes, asisten su esposa, Marianne Anduaga Howes, y su hijo Tommy Randall Howes. En la reunión también participaron monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; el padre Darío Echeverri, secretario de la Comisión Nacional por la Conciliación y la Paz de Colombia, Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt y Paloma Díaz, representante de prisioneros políticos. 3 de octubre: El presidente Hugo Chávez confirmó que el próximo 12 de octubre se reunirá con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. El anuncio lo realizó en la Primera Jornada de Formación de Brigadistas Moral y Luces con los comandantes de las unidades orgánicas del Ejército Nacional, evento realizado desde el Salón Sol de Carabobo, de la Comandancia General del Ejército en Caracas.
4 de octubre: El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recibió a Daniel Parfait, director para América de la Cancillería francesa. En esta reunión que se llevó a cabo en Miraflores, Chávez y Parfait trataron el tema de la mediación humanitaria para lograr el canje de rehenes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por insurgentes presos. Chávez anunció que representantes del secretariado de las Farc estaban en Venezuela "a buen resguardo". 6 de octubre: Chávez aseguró que el jefe de las Farc, Manuel Marulanda, ordenó tomar una prueba de vida de la ex candidata presidencial colombo-francesa y retenida de la guerrilla, Ingrid Betancourt. 7 de octubre: Chávez anunció que se reunió con los delegados del secretariado de las Farc. 8 de octubre: Chávez afirmó que aspira a llevar a París la fe de vida de Betancourt a Sarkozy el 20 de noviembre. 18 de octubre: Chávez afirmó en Riad, Arabia Saudita, durante la III Cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que está "seguro" de que Betancourt está viva, aunque reconoció que no tenía pruebas. 19 de octubre: Uribe autorizó a Chávez a reunirse con Marulanda, pero bajo condiciones especiales, anunció el presidente Chávez a su llegada a París, capital de la República Francesa. 19 de octubre: La Comisión Preparatoria del II Congreso del Pueblo uruguayo entregó a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela una carta para demostrar su "más decidida solidaridad" con el presidente venezolano Hugo Chávez por todos los esfuerzos que viene realizando "en procura de hacer posible un Acuerdo Humanitario entre el gobierno de la hermana República Colombiana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 20 de octubre: Chávez afirmó en París que si las FARC liberaban a un primer grupo de retenidos se podría instalar en la selva colombiana una mesa de diálogo a la que luego podría agregarse Uribe, en caso de quedar libres todos los rehenes. El gobierno colombiano fijó el 31 de diciembre como fecha límite para la mediación de Chávez. “Marulanda se comprometió por escrito a suministrar "antes de fin de año" una prueba de vida de Ingrid Betancourt”, declaró Chávez al final de un almuerzo con Sarkozy. 7 de noviembre: El presidente Hugo Chávez confirmó haberse reunido con el emisario de Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda, máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encuentro enmarcado en el trabajo de mediación que adelanta el jefe de Estado venezolano con miras a alcanzar un canje humanitario que implica la liberación de 45 personas en manos de las FARC por unos 500 guerrilleros detenidos. 13 de noviembre: El presidente de Hugo Chávez aseguró que están a la espera de la fe de vida de las personas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y desea que antes de su llegada a París, el próximo 20 de noviembre, tenga las constancias 21 de noviembre: El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció la decisión de cesar la mediación del líder venezolano, Hugo Chávez, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el papel de facilitadora de la senadora Piedad Córdoba. El argumento Uribe para tomar esta decisión fue el de riesgo de la seguridad democrática de Colombia. Este concepto de "seguridad democrática" consiste en una estrategia militar de guerra, plasmado en un plan bélico contra la insurgencia guerrillera, que pretende alcanzar la victoria y doblegar a los grupos rebeldes a través de una economía de guerra y el uso masivo de tecnología de punta en el armamento militar. 28 de noviembre: El presidente Hugo Chávez reiteró su decisión de mantener congeladas las relaciones con la República de Colombia, mientras Álvaro Uribe permanezca como mandatario de esa nación. 30 de noviembre: Al referirse a las pruebas de vida de las personas que se encuentran en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fueron interceptadas por agentes del Gobierno colombiano, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aseguró que se demuestra que el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, “no quiere que liberen a esas personas”. 1 de diciembre: Haciendo referencia a una carta enviada el 22 de septiembre del presente año por el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda (Tirofijo), en la cual plasmó que “mientras el Gobierno de Colombia se niega a aceptar el despeje de un lugar con el fin de entrevistarnos y lograr un acuerdo que permita liberar a los prisioneros, analizar las bases para posteriores encuentros (…) hasta lograr la paz, facilita a los 2 mil 500 o 3 mil militares norteamericanos en calidad de asesores, suficientes comodidades...”, el presidente Chávez aseguró que el Gobierno de Colombia realmente no quiere la paz. 3 de diciembre: El presidente Hugo Chávez se reunió en horas de la madrugada, en el Palacio de Miraflores, con la senadora colombiana Piedad Córdoba, la madre de Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, y a la hermana de la ex candidata presidencial, Astrid Betancourt para ratificar su compromiso ante el pueblo colombiano de continuar los esfuerzos para conseguir la ansiada paz de la hermana nación, así como para alcanzar la liberación de las personas en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 10 de diciembre: El presidente Hugo Chávez se reunió con el primer ministro de Francia, Francois Fillon, con quien tuvo la oportunidad de analizar el tema del canje humanitario en Colombia. 18 de diciembre: El presidente Hugo Chávez coordinará una operación para la entrega de Clara Rojas, ex asistente de Ingrid Betancourt, su pequeño hijo Enmanuel y la ex congresista Consuelo González, tras el anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de liberarlos, como muestra incuestionable de la esperanza depositada en el papel de mediador que adelantaba el jefe del Estado venezolano. 26 de diciembre: El presidente Hugo Chávez presentó en rueda de prensa el plan de rescate humanitario para las tres personas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) decidieron entregar al jefe del Estado venezolano. El Gobierno de Colombia aceptó la propuesta de liberación presentada por el presidente Hugo Chávez, con la única condición de que las aeronaves venezolanas que ingresen al vecino país tengan el emblema de la Cruz Roja Internacional. "Por razones constitucionales, las aeronaves que se empleen en esta misión humanitaria deben llevar los emblemas de la Cruz Roja Internacional" dijo el canciller neogranadino, Fernando Araujo, al leer un comunicado emanado del Palacio de Gobierno. El gobierno de Álvaro Uribe designó a su Comisionado de Paz, Luis Carlos Retrepo, como representante en la operación humanitaria. 27 de diciembre: Desde el Palacio de Miraflores, el ex presidente argentino Néstor Kirchner, designado comisionado por el Gobierno de Argentina en la Operación Emanuel, destacó a la prensa que “a nombre del pueblo argentino venimos con toda la voluntad de colaborar en este canje humanitario para lograr lo que todos ustedes y todos los latinoamericanos y el mundo entero queremos”. 28 de diciembre: Este viernes en la tarde inició la primera fase de la Operación Emanuel. Desde el aeropuerto de Santo Domingo, en Táchira, Venezuela, en presencia del presidente Chávez, salieron los primeros helicópteros hacia Villavicencio en Colombia con comisionados de la Cruz Roja. 29 de diciembre: La segunda fase de la Operación Emmanuel continuó este sábado con la salida de los comisionados internacionales del aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, a Villavicencio. 30 de diciembre. El coordinador general de la Operación Emanuel, designado por el presidente Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, informó que se encuentra en la espera de las coordenadas para dar paso a la tercera fase del plan, el cual podría realizarse en las próximas horas.
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